Uno de los economistas que han analizado con mayor detalle la industria farmacéutica en Estados Unidos es Dean Baker, Director del conocido Center for Economic and Policy Research de Washington D.C., (al cual he citado en artículos anteriores sobre la producción de vacunas COVID), el cual está proponiendo toda una serie de medidas que, de aplicarse en la producción de tales vacunas, tendrían una enorme incidencia ayudando a resolver su gran escasez.

Dean Baker inicia su propuesta con una observación que tiene particular relevancia: la financiación de gran parte del proceso de producción de las vacunas COVID-19 ha sido pública. Así fue con Pfizer, MERX y Moderna. Y lo que él propone es que esta financiación pública se extienda para cubrir todo el coste de producción, pasando entonces el producto final de la vacuna anti- COVID a ser un producto público carente de patente. Y que su fórmula y conocimiento de producción, sea públicos. Expande Baker, esta recomendación también, a la vacuna Oxford Astra Séneca que estuvo financiada casi en su totalidad con dinero público. Se eliminaría con ello, las enormes cantidades que las empresas se gastan en distintas dimensiones de sus actividades, que van desde marketing, a la generación de enormes beneficios con pagos a los accionistas y a los altos empresarios de tales corporaciones. Es bien conocido, por ejemplo, que Pfizer se gastó en el 2019 casi el doble en marketing y promoción de ventas, que en investigación y desarrollo de sus productos. Y su director Albert Bourla recibió en el 2020 una compensación de 21 millones de dólares, un incremento del 17 % de lo que recibió en el año anterior (citado por “Why big pharma’s arguments against patent waivers don’t add up” by Sonali Kolhatkunf). Y, otro factor a favor de la producción pública de tales vacunas es que, tal como sugiere Baker, eliminaría el coste de pagar el precio de las patentes, facilitando con ello la amplia producción de tales vacunas.

Pero lo que hace especialmente atractiva tal propuesta, es que, al ser un conocimiento público aceleraría el conocimiento científico al compartir información esencial, hoy guardada en secreto para garantizar su control en el mercado. Tal ocultación entra en conflicto con el quehacer científico, que es ni más ni menos que el compartir y debatir su desarrollo. Tal práctica es común en el desarrollo científico y no puede obstaculizarse por objetivos comerciales y particulares. Si Pfizer hubiera compartido su información y tecnología, es más que probable que se hubiera descubierto antes que no era necesario guardar la vacuna en temperaturas tan bajas, como se ha descubierto más tarde. El sentido común de esta propuesta explica que tal propuesta se está expandiendo, siendo la última voz a su favor la del New York Times en una editorial reciente (NYT May 15/2021, pag.15). No me imagino ningún mayor rotativo en España que hiciera tal propuesta, reflejando el enorme conservadurismo de los medios de información en este país.

Se hubieran podido producir más vacunas, más masivamente

Tal formula, la producción pública de las vacunas hubiera permitido una vacunación masiva de la población mundial. El argumento utilizado con frecuencia por los defensores del statu quo, de que no hay materias primas para masificar la producción de las vacunas, falla por su propia lógica, pues no se puede afirmar, como tales voces sostienen, que las empresas privadas actuales puedan producir las vacunas de todo el mundo y a la vez subrayar que no haya materias primas suficientes para producirlas en caso de que sean públicas.

Y un tanto ocurre en cuanto a la supuesta falta de conocimiento tecnológico en los países en vías de desarrollo. Tal argumento ignora que son los países en vías de desarrollo los que han sido los más exitosos en producir productos genéricos, que son los mismos medicamentos con patentes una vez la patente ha dejado de existir. Y si el déficit tecnológico existiera, la transmisión de conocimiento científico es una constante en el mundo de las instituciones de investigación. La aplicación de las medidas propuestas por Baker hubiera producido beneficios enormes, pues la vacunación podría haberse acelerado tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, salvando millones de infecciones y de vidas. Es fundamental que a través de medidas que van mas allá que la anulación de las patentes, como es promover la responsabilidad publica en la producción de las vacunas, se facilite doblar rápidamente las tasas de su producción siguiendo un criterio que da prioridad a la población mas vulnerable, extendiéndose a todos los demás en cuestión de meses y no de años. Un think-tank progresista, Public Citizen, ha calculado que, con una inversión de 25 billones de dólares, (solo un 3% del presupuesto de defensa del gobierno federal), podrían establecerse industrias públicas productoras de vacunas COVID, junto con sistemas de distribución que permitirían vacunar a la mayoría de la población mundial en el periodo de un año. Sin desmerecer la oferta de ayuda a los países en vías de desarrollo enviándoles vacunas, las cantidades citadas más frecuentemente son el billón de vacunas propuesto por los países del G7, numero claramente insuficiente para cubrir el déficit de vacunas a nivel mundial. De ahí que se haya hecho una propuesta de producir y distribuir vacunas públicamente en todos lugares del mundo, por parte de 40 miembros del Congreso de Estados Unidos en una carta al Presidente Biden. Tales medidas, responden no solo a causas humanitarias sino a la gran urgencia de que se vacune a toda la población mundial, pues están apareciendo más y más variantes del virus-como Alfa en la Gran Bretaña, Beta en Sudáfrica y ahora Delta en la India, que son cada vez más infecciosas y en el caso de Delta más resistentes a las vacunas hoy conocidas. Su existencia masiva en la Gran Bretaña ha hecho introducir nuevas medidas de confinamiento en aquel país a pesar de que haya un elevadísimo porcentaje de la población que esta ya vacunada.

La irracionalidad del método actual defendido por la Comisión Europea

Lo que está ocurriendo ahora, es que las autoridades públicas en muchos países (Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Corea del Sur y muchos otros), están financiando un consumo mayoritariamente público que garantiza sin ningún riesgo unas ganancias enormes. Sería mucho más económico y eficiente, si el erario público cubriera todo el costo de producción, eliminando a su vez, todos los otros costes irrelevantes con la producción, eliminando también las patentes y convirtiendo el conocimiento público en un bien común, lo cual permitiría la máxima producción de las vacunas y el rápido mejoramiento de su efectividad.

Los dirigentes de la Unión Europea se reunieron recientemente en Portugal para reafirmar su compromiso con la solidaridad y unidad en su lucha contra el COVID, frase altisonante que contrastó con su negativa a considerar la eliminación de las patentes de los productos que habían financiado de gran manera: las vacunas anti-COVID. Fueron precisamente las instituciones dirigentes de la Unión Europea como la Comisión Europea, las que han estado aplicando políticas de austeridad y los recortes de gasto público sanitario que han debilitado enormemente los servicios sanitarios de los países de la Unión Europea, causando un incremento de la mortalidad (como la revista científica Británica Lancet mostró claramente en el caso de Grecia, y como también ha ocurrido en España). En realidad, el hecho de que España sea uno de los países de mayor mortalidad por COVID acumulada desde el principio de la pandemia hasta ahora, se debe precisamente en gran parte a la escasez de recursos en los servicios sanitarios y sociales, consecuencia de un bajo gasto público social, de los más bajos en la Europa Occidental.

Lo que debieran hacer ahora, es, además de romper con el neoliberalismo, (eliminando la enorme influencia de lobbies farmacéuticos en sus instituciones representativas anteponiendo los intereses de la mayoría de la población a los intereses corporativos, como esta haciendo el Presidente Biden en EEUU )promover las intervenciones públicas, incluyendo la financiación pública en la producción de las vacunas convirtiéndolas en un bien común. Es un buen signo que el Parlamento Europeo votara por fin, por la eliminación de las patentes de las vacunas, aunque como indica Dean Baker, deberían ir incluso más allá y proponer la financiación y gestión de la producción de las vacunas COVID, pues el problema social y económico en el mundo hoy, acentuado por la pandemia, exige soluciones extraordinarias para resolver situaciones excepcionales.