José María Mella Marques

Catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de econoNuestra

Tres son los retos políticos urgentes que reclaman nuestra atención: los presupuestos, las elecciones en Cataluña y las elecciones generales. Los presupuestos ocultan la política de privatización de las pensiones que está vaciando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, persisten en el recorte del Estado de bienestar y reducen el gasto social. A pesar de su carácter antisocial, el gobierno del PP no olvida conocidas argucias electoralistas (algo más de dinero para becas, dependientes e inversiones públicas) en un intento de “contentar” temporalmente a colectivos muy castigados por sus políticas (funcionarios, estudiantes y desempleados).

Estos presupuestos continúan la estrategia fallida de la austeridad, incrementando ingresos y disminuyendo gastos, para dejar el tamaño del Estado en un nivel mínimo para la provisión de bienes y servicios públicos. Y van más allá de su mandato legal, aprobándolos anticipadamente para atar -con una falta pasmosa de sentido democrático- al nuevo gobierno que surja de las elecciones generales.

La política tributaria del gobierno ahonda cada vez más en la línea de los impuestos regresivos (pagan menos los que más tienen) e incentiva el fraude en el pago de los mismos sobre todo en los niveles de renta más altas y en la creciente economía sumergida, por medio de la escandalosa “amnistía fiscal”.

Hay en realidad un evidente desplazamiento de la carga tributaria desde las rentas del capital a las rentas del trabajo. No son en modo alguno los presupuestos para luchar contra el desempleo, la desigualdad social y la pobreza. El gobierno -en estos tres campos de lucha claves- está claro que no está ni se le espera.

Las elecciones en Cataluña del próximo 27 de septiembre muestran que la realidad de la Comunidad Autónoma no es tan simple como para dividirla a partes iguales entre los que optan por prolongar la situación actual y la independencia.

Según un sondeo reciente de Metroscopia, ante un hipotético referéndum que incluyera una tercera alternativa de tipo federal, en la que Cataluña siguiera formando parte de España pero con nuevas competencias en exclusiva, alcanzaría una intención de voto del 46%, un 17% a seguir como hasta ahora y solamente un 29% a favor de la independencia.

Hay que tener en cuenta también que una parte de este sector independentista (de un 15 a un 17% de la población total), lo es de modo “emocional”, como respuesta al agravio a Cataluña por parte del Gobierno de España, y es susceptible de ser reconducido por tanto a posiciones federalistas con políticas inclusivas de la Administración Central.

Sobre este punto, no está de más insistir en que hay “separatistas” y “separadores”, pero una buena parte de los primeros aumentan porque los segundos se empeñan en separarlos. Los ciudadanos, que no abanderan ni el “nacionalismo españolista” ni el “nacionalismo independentista”, debieran incorporar racionalidad y cordura en el debate.

Frente a un panorama confuso e incierto de los independentistas (conversión en plebiscito “soberanista” de unas elecciones autonómicas, lista sin candidato a presidente de la Generalitat o con un candidato Mas ya quemado por su incapacidad de gobierno, mezcla de candidatos a favor y en contra de la política de austeridad/de la reforma laboral y del Estado de bienestar, ocultamiento de los costes enormes de la separación), se necesitan estrategias claras por parte de las fuerzas políticas que optan por la negociación y la convivencia en el seno de un mismo Estado.

Estrategias basadas en una información veraz por una salida social a la crisis, la lucha contra la corrupción (con el caso Pujol como utilización de la administración autónoma para lucro personal y familiar) y un nuevo encaje de Cataluña en el Estado español a través de una reforma constitucional.

Por último, las elecciones generales emplazan a los españoles ante un panorama multipartidista que deja la puerta abierta a pactos de gobierno postelectorales, que deben enfrentar problemas de enorme envergadura: el desempleo y la crisis, la corrupción, la reforma de la constitución y el futuro de la Unión Europea.

Las alternativas a estos problemas no pasan por el espantapájaros del miedo agitado por el PP y por perpetuarse en una política de recortes ya fracasada incapaz de atajar ni el desempleo ni el déficit ni la deuda pública, sino por políticas de cambio, progreso y de confianza para la gran mayoría de la ciudadanía. Políticas que estimulen la inversión y la creación de empleo, exijan rendición de cuentas y garanticen justicia rápida para los responsables de la corrupción.

Asimismo, es necesaria una asignación clara de competencias entre administraciones, un nuevo acuerdo de financiación, el ejercicio de la cooperación entre autonomías, juntamente con la reforma del Senado como cámara territorial en la que se vean representadas las diferentes identidades del Estado español.

Al tiempo, no debe hacerse esperar el avance por una Eurozona que camine hacia una unión fiscal y política, el ejercicio de la democracia, el crecimiento respetuoso con el medio ambiente y la cohesión social.

En resumen, son tareas que reclaman, ante el agotamiento del actual de Rajoy, un nuevo gobierno que base su política, no en la propaganda incesante de que “estamos saliendo de la crisis”, sino en trabajar seriamente por salir de ella, en la credibilidad de sus propuestas, en un proyecto solidario de país y en la apertura de un futuro de esperanza para todos.