La Paradoja de la Intolerancia desarrollada por el filósofo Karl Popper (La Sociedad Abierta y sus Enemigos, 1945) establece que si somos ilimitadamente tolerantes, nuestra capacidad de serlo finalmente será destruida por quienes son intolerantes. “Tenemos por tanto que reclamar, en el nombre de tolerancia, el derecho a no tolerar la intolerancia” afirmó este austriaco que se vio forzado al exilio tras el ascenso del nacionalsocialismo.

Trasladada al mundo jurídico, esta paradoja se traduce en que hay determinadas normas con una finalidad de justicia social que no se pueden utilizar para proteger a quienes predican la injusticia. Me refiero a normas con un marcado carácter antirracista, antisexista, antihomófobo, etc que lo que buscan es defender a las minorías vulnerabilizadas y acabar con los abusos que sufren.

Los delitos de odio, por ejemplo, entran dentro de esta categoría. Estos tipos penales, al menos en teoría, buscan poner freno a los discursos discriminatorios que, directa o indirectamente, crean un clima de violencia hacia distintas minorías. El espíritu detrás de su inclusión en el Código Penal no era otro que el de acabar con la discriminación que sufren determinados colectivos históricamente perseguidos y salvaguardar sus derechos fundamentales. Por eso, su definición en el artículo 510 de nuestra norma penal nos proporciona un catálogo cerrado de personas pertenecientes a esos grupos que pueden ser víctimas de este delito: son quienes sufren discriminación o incitación al odio “por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Este listado agrupa a diversos colectivos de personas a quienes se les han negado derechos desde las instituciones, quienes sufren el odio irracional de los privilegiados, y a quienes se les deshumaniza, se les niega sus identidades y se encuentran en un plano de desigualdad respecto de las mayorías que gozan de una mayor aceptación social.

Evidentemente, utilizar este tipo de normas para proteger a personas que no solo no pertenecen a un grupo típicamente oprimido, sino que además fomentan activamente el odio contra los mismos, es inaceptable. Supone una desnaturalización de su esencia, pues defender al intolerante de esta manera supone equiparar al oprimido y al opresor. En otras palabras, es equivalente a decir que es igual de aceptable ser un racista que ser una persona racializada. Y, obviamente, no lo es.

Por desgracia, no todo el mundo lo ve así. Y es que existen algunas interpretaciones de los delitos de odio que consideran que cualquier tipo de discriminación, sea la que sea, es equiparable. Y entre ellas se encuentra la de la Fiscalía General del Estado que, en su Circular 7/2019 establece que “una agresión a una persona de ideología nazi, o la incitación al odio hacia tal colectivo, puede ser incluida en este tipo de delitos [de odio]”. Una frase que, como bien apunta la abogada (y autora del mejor estudio realizado en el Estado español sobre delitos de odio) Laia Serra, “ignora que estamos hablando de colectivos en situación de desigualdad desestructural y que despolitiza y banaliza la violencia contra los colectivos subalternos”.

Curiosamente, cuando los delitos de odio se incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico en 1995, la exposición de motivos de esta reforma legislativa la justificó en “la proliferación en distintos países de Europa de episodios de violencia racista y antisemita que se perpetran bajo las banderas y símbolos de ideología nazi obliga a los Estados democráticos a emprender una acción decidida para luchar contra ella”. Pero parece que la Fiscalía se ha olvidado de ello.

El pasado domingo se utilizó otra de estas normas que, supuestamente, defienden a las minorías vulnerabilizadas. En un partido del Rayo Vallecano contra el Albacete, la afición vallecana llamó al jugador ucraniano, Roman Zozulya, “puto nazi”. El árbitro, apoyándose en la Ley del Deporte, consideró que “no se daban las condiciones necesarias” para jugar y suspendió el partido. La abogada Pastora Filigrana explica en un artículo titulado “Defender a un nazi con legislación antirracista” que el partido “se suspendió en base a la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Esta ley es del año 2007 y con ella se intentó recopilar en una sola norma todos los instrumentos que ya existían para evitar la violencia en los espectáculos deportivos que aún estaban dispersos en la legislación. Pero hubo una novedad, se le dio un protagonismo especial a la violencia promovida por motivos racistas y xenófobos. La realidad se imponía, y era indiscutible que el supremacismo blanco era el motor de la violencia en infinidad de espectáculos deportivos. […] Pero ayer se aplicó una de las sanciones más severas de la ley, la suspensión del partido, y no fue para prevenir violencia racista, sino porque la afición local llamó nazi a un jugador nazi".

Es la primera vez en la historia de nuestro país que se suspende un partido por insultos. Algo que no sucedió ni cuando llaman a Guti o Míchel “maricón”, ni cuando le arrojaron un plátano a Dani Alves, ni cuando le hicieron ruidos de mono a Samuel Eto’o, ni cuando a Wilfred Agbonavbare (jugador del Rayo, precisamente) le corearon “negro cabrón, recoge el algodón”, ni cuando aficionados del Betis corearon “Rubén Castro alé, Rubén Castro alé, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien”, ni las mofas contra Aitor Zabaleta, por citar algunos vergonzosos ejemplos. Explica Gerardo Tecé en un artículo que este casi ha mostrado las vergüenzas del fútbol de élite, insolidario con las minorías y con sus compañeras que reivindicaban un salario digno. "Cuando se premie a aficiones como la del Rayo en lugar de castigarlas, el fútbol será un lugar mejor, menos cínico, más de la sociedad".

Llama poderosamente la atención que la primera vez que se ha decidido suspender un partido como consecuencia del lanzamiento de cánticos insultantes haya sido en esta ocasión. Quizás se deba a que para determinadas personas resulta más fácil empatizar con una persona que se “parece más al tipo medio” (varón europeo, blanco, heterosexual) que contra una persona racializada que ha sufrido toda su vida una discriminación tan brutal que no podemos empezar ni a imaginarnos cómo es.

Pastora Filigrana apunta que “queda entender que el racismo y el patriarcado son estructurales en este ordenamiento económico, que el varón blanco ocupa la cúspide del ordenamiento, y que las y los demás lo tenemos todo bastante más difícil. Por eso existen estos tipos de leyes que intentan evitar la violencia de género y la violencia racial. Pero claro, esta interpretación jurídica supondría una impugnación de su propio orden, y se resisten. De ahí eso estos “patinazos” al defender a un nazi con legislación antirracista”.

Por suerte, este "patinazo" no ha pasado desapercibido y hemos visto un aluvión de críticas a la Liga por esta gestión. El Mundo Today y El Jueves han tirado de humor, con titulares satíricos como "La Liga guardará un minuto de silencio en recuerdo de Adolf Hitler durante el Clásico" o "La Liga pide a los clubes lucir brazaletes con esvásticas en la próxima jornada en apoyo a los nazis acosados". Moha Gerehou, por su parte, reivindica en un artículo recuperar el espíritu de estas leyes ideadas para combatir el racismo: "Lo ocurrido en el estadio del Rayo Vallecano sienta un precedente que se puede usar en la lucha contra el racismo: nos ha mostrado que hay herramientas contundentes para hacerle frente, pero que nunca se tuvo a bien usarlas. Ahora se sabe que existen, y lo de Zozulya fija una nueva vara de medir que quienes se hagan llamar antirracistas no deberían dejar de reclamar".

He advertido sobre estas líneas que utilizar este tipo de normas para proteger a intolerantes puede generar el riesgo de equiparar a oprimidos y opresores. Las palabras de Javier Tebas, presidente de La Liga, a propósito de Zozulya, ejemplifican a la perfección esta idea: “en el Rayo no quieren nazis, ¿y si mañana otro equipo no quiere homosexuales?”. Las consecuencias de defender a los racistas con normas antirracistas ya se está haciendo notar y, si Popper no se equivoca, esta tolerencia de nuestra sociedad hacia los intolerantes terminará por acabar dinamitando la propia existencia de la tolerancia.