Hace un tiempo escribía sobre el peligro de confundir política salarial y de rentas, y sobre la confusión añadida que supone denominar política salarial -así, en general- a la que exclusivamente se aplica sobre algunos salarios. Ha pasado el tiempo y la confusión, interesada, continúa erre que erre; son muchos y muy importantes los intereses en juego.

Parece que uno de los focos de tensión en el Gobierno y en la mesa de diálogo social reside en la conveniencia de subir el salario mínimo. Hagamos memoria para no perdernos en las cortinas de humo. Esta subida era uno de los compromisos programáticos alcanzados por el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos; y se supone que los programas hay que cumplirlos.

Sinceramente, me parece un escándalo que los socialistas, plegándose a las exigencias de las patronales, se resistan a cumplir este acuerdo, pues la evidencia nos dice que uno de los factores que explican el aumento de la desigualdad (la economía española está entre las más desiguales de la Unión Europea) es, precisamente, el continuo crecimiento en el número de trabajadores pobres.

Aumentar el salario mínimo hasta situarlo en el 60% del salario medio es una pieza fundamental del denominado escudo social, hasta el momento muy deficiente, que nos homologa con los estándares comunitarios. Protege sobre todo a los trabajadores más desfavorecidos, a los que cuentan con una menor capacidad de negociación ante sus empleadores y los que están escasamente amparados por la accion sindical. Además de reducir la desigualdad, hay que reiterar que esa modesta subida no destruye empleo ni dificulta su creación, que depende crucialmente de factores no salariales. De otro lado, está comprobado que los salarios de los trabajadores juegan un papel decisivo a la hora de activar la demanda agregada, tanto en la esfera del consumo como de la inversión, y de favorecer una cultura empresarial distinta de la meramente confiscadora, que, desgraciadamente, impera en muchas de nuestras empresas.

Es importante, en consecuencia, mejorar el salario mínimo, pero la dinámica salarial trasciende con mucho esta dimensión. Estamos hablando de las retribuciones del conjunto de los trabajadores, de las pequeñas, medianas y grandes empresas, de los que acreditan una cualificación elevada y los menos cualificados, y también nos referimos a las elites empresariales, cuyas retribuciones forma parte, asimismo, de la categoría salarial. ¿Qué política se defiende al respecto, siendo conscientes de que el abanico retributivo no ha dejado de abrirse?

Los altos niveles de desempleo, la insuficiencia de las redes de protección social, la debilidad de la recuperación actual y la liturgia empresarial de que lo importante es trabajar y sacar adelante el negocio abren un escenario inquietante caracterizado por los bajos salarios. Al mismo tiempo, los de los ejecutivos y altos directivos se mantienen en niveles estratosféricos, comparados con los recibidos por los trabajadores de a pie.

Por supuesto, es necesario defender y fortalecer la negociación colectiva -un derecho laboral básico- y perseguir y castigar los comportamientos fraudulentos, pero eso no es suficiente. Es hora de limitar las retribuciones percibidas por esas elites, imponer una condicionalidad fuerte en materia salarial y laboral a las empresas que se reciban recursos o apoyos públicos y lanzar una renta básica incondicional de emergencia, que, garantizando unos niveles de vida decentes, beneficiaría al conjunto de la ciudadanía y también a los trabajadores, que verían reforzado su poder de negociación.

Hasta aquí, mi reflexión apunta a la política salarial, pero si utilizamos el término "rentas" tenemos que ampliar necesariamente el foco. Pues las rentas, además de incluir las retribuciones de índole salarial, contienen los ingresos del capital: los pagos realizados a los accionistas, además de los ingresos financieros y patrimoniales. Como acreditan todos los estudios (veáse el reciente Global Wealth Report 2021 publicado por el Credit Suisse, https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html), la concentración de la riqueza ha seguido una tendencia ascendente, que incluso se ha intensificado con la irrupción de la pandemia. Pero los gobiernos pasan de puntillas sobre este tipo de ingresos... ¡es mejor centrarse en las "devastadoras" consecuencias de una modesta subida del salario mínimo! También aquí se necesita una urgente y enérgica acción institucional, reforzando la progresividad tributaria y ampliando el ámbito de actuación de la propiedad pública.

Si verdaderamente nos creemos que vivimos una situación de emergencia, defendamos, por supuesto, la subida del salario mínimo, y atrevámonos también a defender una política salarial y de rentas equitativa. Esta es la prueba del algodón de un gobierno decente y progresista.

Fernando Luengo Escalonilla

Economista

@fluengoe