El Gobierno se ha especializado en hacer panes como hostias, al punto de que la Moncloa ya pasa por ser una afamada tahona de este tipo de delicatessen. La última en salir del horno ha sido un semiclandestino acuerdo con Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral -asunto que ya se incluía en el acuerdo de coalición- a cambio de que sus cinco abstenciones garantizaran, por si venían mal dadas, la prórroga del estado de alarma. Se trata de una de estas absurdas jugadas maestras muy propias del vendedor de crecepelo de Pedro Sánchez o del propio presidente, que ha descubierto eso de la geometría variable y de tanto experimentar con el quimicefa de los pactos va a acabar en una de estas sin pestañas e intoxicado por el humo.

El petardazo corrige a los que pensaban que se gobierna sin plan B, aunque el resultado de la estratagema y de tanto tacticismo de salón haya sido de auténtica traca, uno de esos jardines en los que, una vez dentro, no hay manera de encontrar la salida sin rebozarte el cuerpo en ortigas. El vodevil ha sido antológico: los portavoces parlamentarios del PSOE, Bildu y Unidas Podemos rubrican el acuerdo tras la votación en el Congreso donde la abstención de los abertzales se demuestra innecesaria; buena parte del Ejecutivo se entera por la presa; la vicepresidenta económica, la muy ortodoxa Nadia Calviño, pone pie en pared, posiblemente amenaza con dimitir y obliga a una rectificación; el PSOE emite un comunicado en el que matiza que “derogación integral” quiere decir la puntita nada más; el vicepresidente Iglesias entra en modo hidra y responde que de puntita nada sino toda ella porque lo firmado obliga; el meapilismo socialista de los barones entra en pánico por el pacto con Bildu que, por su parte, se resiste a pensar que todo fue un sueño firmado en papel mojado; el PNV se siente traicionado por el tanto que se apunta su competidor electoral; Ciudadanos, el amante bandido, deja de sentir las piernas en plena huida a la carrera del trifachito; la CEOE da un portazo; los sindicatos se petrifican como buenos convidados de piedra; y la derecha se regocija ante el carajal creado. Lo dicho, una jugada maestra que pone en la picota las alianzas presentes y las futuras y la propia cohesión interna del Ejecutivo.

Dicho lo anterior, conviene realizar algunas precisiones a la vicepresidenta Calviño, que ayer calificaba de “absurdo y contraproducente” abrir ahora el melón de la reforma laboral, cuya derogación generaría, según dijo, una gran inseguridad jurídica enfrentados como estamos a la mayor recesión de la historia. O lo que es lo mismo: mejor no molestar a los señores empresarios por si les da por despedir como locos antes de la cuenta, ya que lo que se necesita ahora es flexibilidad laboral y salarial y que Europa compruebe antes de soltar la guita que el socialcomunismo que se atribuye al Gobierno no es tan fiero como lo pintan.

A Calviño, que como ministra de Economía por aquel entonces debió comulgar con los acuerdos de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, habría que preguntarle qué parte de “derogaremos la reforma laboral” y “recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012” (apartado 1.3 del documento) no ha entendido, o si la expresión “derogaremos la reforma laboral” no hay que tomarla al pie de la letra sino solo por los pelos.

Es importante la respuesta, no ya para confirmar que no padecemos un déficit en lo que a comprensión lectora se refiere, sino para interpretar correctamente el alcance y significado de la reforma laboral de Rajoy. ¿Era un atentado a los derechos de los trabajadores y el producto de una ideología reaccionaria o, por el contrario, representaba la mejor solución para afrontar la anterior crisis y sigue siendo en estos momentos un instrumento imprescindible? ¿Hay que maldecirla con todas las fuerzas posibles o los trabajadores han de estar eternamente agradecidos porque se recortaran sus indemnizaciones, se instaurara de facto el despido libre, se diera carta libre a las empresas para modificar unilateralmente las condiciones de los contratos, especialmente las salariales, y se mandara a hacer gárgaras la negociación colectiva? ¿Hay que aceptar que los derechos sociales dependen de la coyuntura y pueden suprimirse en tiempos de vacas flacas? ¿Tendríamos que dejar de ser unos desagradecidos y erigir una estatua al marmóreo expresidente?

Todas esas cuestiones han de ser aclaradas, y alguna más, singularmente esta frase lapidaria de la vicepresidenta: “Los contribuyentes nos pagan para solucionar los problemas, no para crearlos”. ¿Significa esto que la reforma laboral no era un problema para los trabajadores o que los asalariados ni siquiera merecen ser considerados como contribuyentes? Este es el jardín en el que se ha metido Pedro Sánchez. De exhuberancia tropical para más señas.