José Manuel Peña Penabad

Economista-Auditor, miembro de econoNuestra. Ex Secretario Xeral de la Consellería de Sanidade.

Una manifestación de aproximadamente 200.000 personas, en defensa de la sanidad pública y contrarios a los procesos privatizadores acometidos en la sanidad española, ha precedido a la puesta en funcionamiento del nuevo hospital de Vigo. Ha sido construido por el gobierno de la Xunta de Galicia y para ello éste ha acudido a la conocida fórmula, llamada PFI o PPP, de “colaboración público–privada”. Este mecanismo inicia una nueva forma de abordar la dotación de las infraestructuras sanitarias que Galicia necesita y que provocarán altos costes y enormes hipotecas de futuro para la sanidad gallega. Galicia se une, tardíamente, a experiencias iniciadas en Madrid y Valencia y que ya han tenido ocasión de mostrar su estrepitoso fracaso.

Los paquetes de actuaciones de reactivación económica concebidos por los gobiernos para contrarrestar la recesión requieren un aumento del gasto y del crédito público, aún en un contexto de austeridad presupuestaria. Todas estas actuaciones incluyen inversiones en infraestructura: en carreteras, ferrovías, hospitales, etc. En los últimos años, los gobiernos han solicitado fondos prestados para financiar dichas construcciones. La aplicación de políticas neoliberales ha acentuado la tendencia a recurrir a los PFI/PPP, es decir: iniciativas de financiación privada. Con este sistema, una empresa privada “consigue” los fondos que se requieren para la inversión y los recuperan por medio de la administración de ese activo (autopista, aeropuerto, etc.) durante un periodo prolongado de tiempo. El principal atractivo que este sistema tiene para los gobiernos consiste en que la financiación puede contabilizarse como “préstamo privado” y no aparece en las cuentas públicas como incremento de deuda. Las empresas se aseguran una continua serie de pagos garantizados, desde el sector público, por un periodo de 20-30 o más años. Sin embargo, debido a la actual crisis crediticia, los bancos e inversionistas son mucho más reacios a conceder préstamos que no estén debidamente garantizados. A este respecto, es necesario tener presente que el riesgo concesional es una de las notas fundamentales que caracterizan la regulación jurídica de la concesión de obra pública en España, ya que éste debe existir necesariamente. Si el riesgo no existe, la inversión computaría en términos de Contabilidad Nacional como deuda y, si realmente el riesgo existe estamos ante una privatización real de nuestro sistema sanitario público (al aplicar, por ejemplo, el pago por “cápita” de usuario, tal y como se realiza en Alzira, Valencia).

Los promotores de esta fórmula (en una órbita siempre muy próxima a los “neocon”) han argumentado que se reduce el tiempo de construcción de los hospitales, que garantiza la entrega de la obra en el tiempo estipulado, que evita desviaciones presupuestarias, que es más innovador, especializado, eficaz y eficiente. Sin embargo, la mayoría de estas premisas no se han cumplido en las experiencias británica, holandesa, alemana, escandinava o australiana que hemos podido contrastar. Más bien, nos encontramos ante un escenario, también en el caso de Vigo, que pone en evidencia que:

- Generalmente, se plantea la construcción de un hospital al que se le recorta en un 20-30% su funcionalidad en el mismo momento de su licitación. Se gestionan muy hábilmente las expectativas (de usuarios y profesionales) y se reduce su capacidad en el microsegundo siguiente. Vigo es un caso palmario de este tipo de perversión. Por ejemplo, con respecto al plan funcional inicialmente comprometido se ha reducido la hospitalización convencional en 394 camas (31,8%), 11 los quirófanos (31,4%), en 40 puestos de observación de urgencias (55,5%) en 27 las salas de radiología (45,7%) y ha desaparecido el laboratorio central.

- En la mayor parte de los casos, se recorta nuevamente su funcionalidad a lo largo de la ejecución de la obra. Se justifica siempre en base a reordenación de servicios. Finalmente en el área sanitaria de Vigo, con el nuevo hospital sólo habrá 20 camas más de ingreso convencional que en el viejo esquema de servicios del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI).

- Sin embargo, los costes finales de estos hospitales resultan siempre muy superiores a los de construcción pública (hasta cuatro veces más).

- Sistemáticamente la carga de deuda inflexible del PFI/PPP condiciona y reduce la capacidad de inversión y los presupuestos sanitarios de los gobiernos durante muchos años. Impacta recortando el empleo y los niveles de gasto en los presupuestos de los gobiernos destinados a la atención sanitaria, lo que empeora la calidad asistencial. En el caso de Vigo, el Servicio Gallego de Salud, abonará en concepto de compromisos derivados del contrato de concesión de obras para la construcción y explotación del Hospital “Álvaro Cunqueiro” 1.329 millones de euros (hasta 2033) y 92 millones de euros (hasta 2022) por el contrato de la central logística; ¡ 1.421 millones de euros !.

- En Vigo, se han producido retrasos en la ejecución de obra que han llevado a una acumulación total en el retraso de 14 meses en relación a la planificación de obra inicialmente planteada. Los retrasos en ejecución y entrega son una constante en los procesos PFI/PPP.

- Limita la capacidad de los hospitales para invertir y adaptarse a los cambios tecnológicos y poblacionales.

- Reduce el nivel de información y la transparencia de gestión de los centros, al quedar en manos de la iniciativa privada.

- Finalmente, incorpora cuando menos, graves tensiones y disfuncionalidades derivadas de la existencia de una “doble gerencia”: la asistencial y la del negocio del mantenimiento y los servicios complementarios a la “bata blanca”.

Permítanme insistir en una idea básica: ha de asumirse que la transferencia de riesgo como justificación del PFI/PPP es, o bien una falacia o una privatización total del servicio público de salud. Por ello entendemos que los 200.000 manifestantes de Vigo actuaron con enorme sentido de responsabilidad. No se trata de irresponsables irredentos. Por otra parte, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública ha trasladado a la Unión Europea la expresión de la inadecuación del contrato de concesión administrativa al Derecho de la Unión, fundamentado en que:

- Es contrario al Derecho de la Unión que regula la contratación de obra pública y de contratación de obra pública con concesión del derecho a su explotación.

- Es contrario al Derecho de la Unión en tanto que se advierte una clara e ilegal “ayuda de estado” ya que la Xunta de Galicia fue quien facilitó y avaló a la concesionaria el crédito otorgado por el Banco Europeo de Inversiones. Obviamente esta circunstancia hace que el riesgo concesional sea mínimo o se traslade al concesionario (Xunta de Galicia).

- Esta forma de actuar constituye un burdo artificio para eludir contabilizar el coste de la infraestructura como deuda pública y para eludir, asimismo, la aplicación del paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria. ¡cuán volátil es el fervor ortodoxo en los controles económico – financieros!.

- Es contrario a la normativa SEC 95 del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Comunidad Europea, y

- Es contrario a las normas de contratación establecidas para los proyectos financiados por el Banco Europeo de Inversiones.

Cada vez parece más claro: para acabar con la sanidad-negocio y equilibrar las “cuentas” sanitarias públicas es preciso adoptar varias medidas en favor de la eficiencia y equidad del SNS pero habrá que empezar por blindar el sistema público e impedir totalmente la perversa permeabilidad entre lo público y lo privado (excesos en la política de conciertos, compatibilidades generalizadas, clamoroso absentismo laboral en el sistema público y desempeños paralelos en el sistema privado, derivaciones irregulares, etc.). En definitiva, lo público, público y lo privado, privado.