RAMÓN COTARELO

Cuando arrecian los escándalos de corrupción como en España, o de comportamientos éticamente reprobables de los gobernantes como en Italia, o de los ex gobernantes como en Francia, o del conjunto de los legisladores como en Gran Bretaña, suele suscitarse un ánimo muy crítico hacia la democracia, que aparece deslegitimada por tales episodios. El escepticismo y la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones de una sociedad libre son el caldo de movimientos populistas que pretenden sustituir la democracia por el autoritarismo.

Para evitar ese peligro, en estos momentos de crisis es cuando las instituciones democráticas deben activar todos sus mecanismos defensivos de legitimación. El más eficaz es la exigencia de responsabilidad de todos los cargos públicos en todos los niveles. Pero esa responsabilidad no se reduce a que los políticos recaben para sí la responsabilidad por las consecuencias de sus actos o los de sus subordinados, una responsabilidad que, de todos modos, ha quedado ya muy diluida a causa del uso abusivo y meramente formal que se hace de ella.

Junto a dicha responsabilidad, habitualmente llamada política, que suele exigirse en sede parlamentaria, la democracia dispone de otras dos tan importantes como la anterior, o incluso más, a los efectos de legitimación. La primera es lo que los ingleses llaman responsiveness y hace referencia a la prontitud con que los políticos reaccionan a la opinión de la calle de forma acorde con su condición de representantes y, en cierto modo, delegados de los ciudadanos. La segunda, a la que los ingleses llaman accountancy, suele ser subsidiaria de la anterior, es la rendición de cuentas e implica que los políticos están obligados a dar explicaciones de sus actos en toda circunstancia y momento cuando la situación así lo requiera.

Este es el momento en que los tres pincipales dirigentes del Partido Popular, Rajoy, Aguirre y Camps, todavía no han cumplido los requisitos mínimos de esas dos formas de responsabilidad: Rajoy no ha dado aún explicación alguna de la incidencia de la trama Gürtel en el partido que preside y menos todavía ha aclarado las contradicciones entre las decisiones preventivas que dice haber tomado en su día y los datos del sumario, que muestran lo contrario.

Aguirre, aquejada de la misma carencia respecto a las órdenes para contratar con las empresas de la trama de corrupción añade, además, un ominoso silencio respecto al funcionamiento de una Fundación, Fundescam, con la que se podrían haber financiado sus campañas, así como su grado de implicación en la trama de presunto espionaje.

Por último, el señor Camps está en aguda deuda con la opinión pública respecto a los motivos que lo llevaron a faltar a la verdad en relación con el pago de sus trajes o de sus vínculos con los pintorescos miembros de la trama, así como su grado de implicación en las contrataciones presuntamente irregulares de la Generalitat. En tanto estas carencias no se subsanen con las debidas explicaciones, el comportamiento de los políticos citados tendrá una fuerte carga de deslegitimación de la democracia.

Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas