Ana Encinas (@anaencinasd)

El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ha citado hoy a Rommy Arce, concejala de Ahora Madrid, y a Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros. Su declaración se produce después de la unión de tres querellas que fueron presentadas por diferentes sindicatos policiales, motivadas en las publicaciones en redes sociales de ambos después de que Mmame Mbaye falleciese el pasado 15 de marzo en la calle del Oso, lugar al que se dirigió después de haber sido objeto -junto a otros compañeros- de un operativo de la Policía Municipal contra la venta ambulante en la manta que se produjo en la Puerta del Sol.

Las dos personas que hoy acuden a declarar tendrán que defender ante un tribunal la veracidad de las posiciones que públicamente han defendido acerca de la existencia de racismo institucional y situaciones discriminatorias por razón de etnia, raza o procedencia. Según CPPM (Colectivo Profesional de Policía Municipal) y UPM (Unión de Policía Municipal) sus palabras podrían constituir un delito de incitación al odio. Sin embargo, el juzgado ha fundido las tres querellas y juzgará a los dos por un presunto delito de injurias y calumnias, siguiendo la línea de la querella presentada por un tercer colectivo policial, APMU (Asociación de Policía Municipal Unificada) -esta organización también presentó querellas contra Izquierda Unida, el Partido Comunista de Madrid y Juan Carlos Monedero, aunque no se han admitido a trámite-.

La jueza ha admitido la denuncia de un tuit de Rommy Arce que dice: “Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a Mmame Mbaye y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a las migrantes. No más persecuciones policiales en nuestros barrios!”. Por otro lado, cita a Malick por sostener en los medios de comunicación su relato de los hechos en el momento de la muerte de Mmame Mbaye, por hacer referencia a la persecución policial sobre el fallecido hasta la Plaza Mayor, algo que coincide con el atestado de la Policía Nacional.

La discriminación policial es racismo institucional

Las querellas presentadas contra Arce y Gueye por sus declaraciones públicas sobre la perpetuación de prácticas y actitudes racistas en el Estado son el último acto de la judicialización de la política y la persecución, a través de la represión, de nuestra libertad de expresión. Al haber admitido a trámite la denuncia por injurias y calumnias el juzgado entiende que en sus palabras podría existir la intencionalidad de dañar la reputación de la policía y por ello habrían difundido una información supuestamente ficticia. Cabe pues preguntarse si, efectivamente, las acusaciones de racismo institucional y persecuciones policiales a personas migrantes en Madrid son falsas y, por tanto, este pleito tiene algo de solidez en su base o se trata de una nueva guerrita dirigida, como se comenta en algún foro policial, a enseñarnos “que no se les puede soltar la lengua de esa forma”.

Según SOS Racismo, el concepto de racismo institucional nace para “hacer alusión a aquellos ordenamientos legales y pautas de conducta establecidas con las que las personas pertenecientes al grupo dominante oprimen al grupo subordinado” y comprende “las conductas discriminatorias del funcionariado que representa a la Ley y al Estado” y también la normativa de extranjería y las limitaciones a los derechos de las personas según su lugar de nacimiento, raza o etnia. Atendiendo al último informe de esta organización, en 2016 se denunciaron un total de 82 casos de racismo institucional, sin contarse en esta cifra los relativos al trato de los colectivos racializados con la policía. Estas denuncias se refieren solamente a trámites de extranjería, nacionalidad y CIEs y suponen 28 denuncias más que las que se presentaron en 2015.

En lo relativo a la actuación policial y el abuso de poder, el racismo institucional se hace evidente en las identificaciones discriminatorias a personas migrantes. Los datos accesibles sobre este tipo de prácticas son muy escasos, ya que en España no existe información oficial y la que proporciona el Ministerio de Interior en su Anuario Estadístico es escasa y, además, en sus datos no se indica ni la nacionalidad ni la causa de la identificación. Sin embargo, es posible constatar que estas prácticas siguen siendo habituales porque el Defensor del Pueblo, en su informe anual de 2017, hace referencia y reconoce la existencia de controles policiales de identificación basados en perfiles étnicos y raciales en la vía pública. Además, reitera cada año la necesidad de disponer de datos oficiales sobre esta práctica, que es ilegal.

Es paradójico que en 2012 otro sindicato de la policía, esta vez fue el SUP, denunciara las presiones que recibían desde Delegación de Gobierno para identificar y detener a personas sin papeles. Según informaron, las redadas contra migrantes que venían denunciando las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos se seguían produciendo y eran especialmente constantes en Carabanchel, Embajadores y Lavapiés. Además, el sindicato dio algunos datos: en cuatro días habían efectuado 370 detenciones por “estancia ilegal” (sic). En dos años, hasta noviembre de 2014, las Brigadas Vecinales registraron unos 800 avisos por identificación ilegal a personas racializadas, casi todas en Madrid. Señalaban además en su informe 2012/2014 que “tanto la presencia policial como las redadas racistas en la ciudad son constantes, a pesar de que no exista ninguna situación concreta de alarma social que la justifique”. Hoy juzgan a Rommy Arce y a Malick Gueye por exigir públicamente el fin de las redadas y en Madrid las operaciones policiales contra los manteros crecieron en 2017 un 43% respecto al año anterior.

El racismo institucional, por cierto, también lo encontramos en los discursos emitidos por representantes públicos que discriminan al extranjero (pobre) y refuerzan eso de la “preferencia nacional” para construir mensajes facilones con ínfulas electorales.

Villacís, Suárez-Valdés y otras querellas del montón

Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, figuraba -hasta que la pillaron- como administradora del despacho de abogados que presentó la primera querella contra Arce y Gueye por supuestos delitos de incitación al odio. La empresa pertenece a su marido, Antonio Suárez-Valdés, y representa al sindicato Unión de Policías Municipales (UPM). Oportunismo político y…¿conflicto de intereses?.

Los días posteriores a la muerte de Mmame Mbaye asistimos a un duelo de relatos que es el origen de esta tromba de querellas politizadas. A pesar de existir documentos oficiales que reconocen el operativo de Sol y la persecución hasta la Plaza Mayor, a pesar de las declaraciones de los concejales de Centro y de Seguridad sobre los operativos policiales especiales para “controlar el top manta”, Ciudadanos pretende plasmar su postverdad en una sentencia. Una “verdad” que pivota sobre tres mantras: Mmame murió porque padecía una enfermedad congénita, lo que esa noche sucedió en Lavapiés lo provocó Podemos y no existe el racismo institucional. Bueno, lo que es verdad es que hay representantes de Ciudadanos que han usado el nombre de Mmame Mbaye para hacer oposición sin saber pronunciarlo.

¿Fueron los tuits de Rommy Arce y Malick Gueye falsedades emitidas con el objetivo de dañar la imagen de la policía? Más bien fueron dos personas que, como muchas, visibilizaron una situación de acoso constante hacia una minoría indignada que esa semana salió a la calle para decir que ahí siguen, esperando la política del cambio.