Primero le acusaron de bajar la guardia, por dar la orden de que se dejara de torturar a los sospechosos, aduciendo que, bajo tormento, varios dirigentes de Al Qaeda confesaron conspiraciones mortíferas que pudieron ser desmanteladas a tiempo. Aunque nunca dieron detalles de esos logros porque, claro, eran secretos.

Después, le bloquearon el cierre del penal ilegal de Guantánamo, al rechazar el traslado de los prisioneros a EEUU para que fueran juzgados con todos los derechos, alegando un supuesto riesgo de los residentes cerca de las cárceles de alta seguridad donde fueran internados.

Más tarde, le achacaron que estaba poniendo en peligro la seguridad nacional al “pretender que Estados Unidos no está en guerra” contra el terrorismo, en palabras de Cheney, el vice de Bush que ideó las torturas en cárceles secretas de la CIA.

Ahora, los republicanos reprochan a Obama que los servicios secretos no atasen los cabos que indicaban vínculos islamistas del nigeriano Abdulmutallab, para impedirle embarcar en el avión que trató de volar antes de aterrizar en Detroit.

Es decir, los herederos de la Administración que no supo evitar el 11-S, ni capturar a su autor intelectual, y que desencadenó la guerra devastadora que multiplicó el terrorismo islamista, condenan hoy al presidente por tratar de respetar la legalidad internacional y le acusan de no proteger a su país tras un incidente en el que sólo el atacante sufrió quemaduras.

Pero se trata de la Seguridad Nacional –siempre con mayúsculas en EEUU– y Obama no puede permitirse parecer blando en ese campo. Así que dará la orden de bombardear, aunque sepa que esta vez tampoco servirá más que para aumentar los estragos.