Cualquier persona que haya tenido una mínima relación con las Fuerzas Armadas españolas sabe que en ellas trabajan quienes quizá sean nuestros empleados públicos mejor preparados. O, al menos, los que desempeñan su labor en las condiciones más difíciles y peligrosas, como demuestra el número de militares españoles que desgraciadamente han fallecido en acto de servicio en los últimos años. La sociedad lo sabe y por eso recurre a las Fuerzas Armadas cuando ocurren desastres o situaciones de emergencia que necesitan ser atendidas con la máxima disciplina y eficacia. Y buena prueba de ello es que, junto a la Policía y la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas son la única institución que merece un aprobado cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas nos pregunta a los españoles por la confianza que tenemos en las diferentes instituciones.

Sin embargo, el trato que los sucesivos gobiernos vienen dando a las Fuerzas Armadas y a sus integrantes y el papel que se le ha impuesto en nuestra sociedad son una prueba más de que los intereses que defiende la política gubernamental no son los del conjunto de la población sino los de grupos de poder económico y financiero muy reducidos.

La Constitución española establece en su artículo 8.1 que las Fuerzas Armadas "tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Pero eso no se cumple y las Fuerzas Armadas no pueden hacer nada para que no sea así.

España no es una nación soberana porque las decisiones que se toman sobre las vidas y el patrimonio de sus ciudadanos se toman lejos de aquí y los españoles no podemos decidir acerca de lo que creemos que nos conviene o no.

España tampoco es independiente, precisamente por eso, porque no tiene autonomía para decidir sobre su futuro y porque los gobiernos elegidos por la voluntad popular están condenados de antemano a seguir los dictados de otras potencias extranjeras o incluso de grupos de presión nacionales que actúan por detrás de las instituciones para salvaguardar sus intereses.

La integridad territorial de España está en peligro no solo por las reclamaciones independentistas (que al fin y al cabo son expresión de una preferencia ciudadana) sino también por las desigualdades, por la desindustrialización, por la desertización de nuestra agricultura y por la destrucción del medio ambiente, que en realidad es la desintegración más terrible que puede sufrir un territorio.

Y el ordenamiento constitucional también ha sido pisoteado en multitud de ocasiones, impidiendo que los españoles disfruten los derechos allí establecidos o sometiendo su desarrollo o salvaguarda a los dictados de uno u otro partido político.

Resulta, pues, que nuestra soberanía e independencia y nuestro orden constitucional son violados sin que las Fuerzas Armadas hagan nada, y eso es así porque efectivamente eso ocurre hoy día no a través de agresiones militares sino económicas y financieras ante las que poco o nada pueden hacer los ejércitos convencionales.

Pero lo grave es que en esa situación las Fuerzas Armadas no han permanecido simplemente pasivas sino que se las ha desnaturalizado para convertirlas, por un lado, en una pieza más del entramado militar en el que se basa el poder imperial de Estados Unidos, es decir, en siervas de una potencia extranjera; y, por otro, en un simple negocio más del que se benefician precisamente las grandes empresas y los bancos que han acabado con la soberanía nacional y con nuestra independencia, y que han convertido a la Constitución en un simple papel mojado.

En lugar de ser las garantes de la soberanía y la independencia de la nación española nuestras Fuerzas Armadas han pasado a ser un apéndice de la gran industria militar mundial, dedicándose a desarrollar o producir tecnologías para guerras que los propios industriales van promoviendo con el único fin de justificar y rentabilizar sus inversiones, o fabricando armas para vender al mejor postor, aunque eso se haga a dictaduras que aniquilan los derechos humanos de la manera más vergonzosa e inhumana.

Y por si eso fuese poco, se utiliza a las Fuerzas Armadas para que alimenten constantemente el negocio de la deuda comprando los armamentos más sofisticados, aumentando así sin cesar los intereses que hay que pagar por ello a los bancos. El propio Secretario de Estado de Defensa del gobierno de Rodríguez Zapatero, Constantino Méndez, reconoció que no se debían de haber comprado "sistemas de armas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora" (aunque él mismo suscribió en plena crisis económica, en julio de 2009, un nuevo pedido de 20 nuevos aviones de combate EF-2000 por un valor de 1.400 millones más). Eso es lo que ha hecho que los ejércitos españoles hayan acumulado una deuda cercana a los 30.000 mil millones y que los españoles tengamos que pagar más de 1.000 millones de euros anuales como intereses de la deuda militar.

Ante esta transformación de nuestras Fuerzas Armadas lo gobiernos actúan con la misma estrategia que en otros ámbitos:

- Convierten el gasto militar en algo vergonzante y por ello recurren a trampas contables y mentiras de todo tipo para ocultar su verdadera naturaleza y magnitud porque saben que sería un escándalo que los españoles tuvieran plena conciencia, por ejemplo, de que se dedican miles de millones a armamentos inútiles mientras que faltan cantidades comparativamente irrisorias para que las unidades (si es que queda alguna) sean operativas (ver, por ejemplo, Las trampas que disfrazan el gasto militar en España en La Marea). O para que no se descubra la enorme generosidad a la hora de gastar en favor de la gran industria armamentística cuando al mismo tiempo la restricción de los recursos para el personal ocasiona accidentes y tragedias como las del Yak-42 en Turquía.

- Incumplir las propias leyes españolas y convenios suscritos por nuestro país con tal de exportar armas, por ejemplo, a Israel.

- Y, lo que quizá sea peor, la progresiva invisibilización de los ejércitos para que la población no sepa en qué tipo de negocio corrupto se han convertido, lo que antes llevó a acabar con el servicio militar y ahora, entre otras cosas, al tratamiento tan vergonzoso que suelen dar la clase política y el gobierno a la muerte en acto de servicio de militares españoles.

Mientras que el sacrificio de esos compatriotas merecería en cualquier otro país decente el máximo reconocimiento público, en España se trata de silenciar lo más posible para que la población no sea consciente de lo que nuestros responsables políticos han hecho con las Fuerzas Armadas solo para satisfacer los intereses de una gran industria o la voluntad imperial de Estados Unidos.

No hay que ser militarista, como a veces erróneamente se piensa, para reclamar que los ejércitos desempeñen en nuestra sociedad una función positiva en defensa de las personas, de la democracia y de la paz. Yo creo que hay que ser simplemente demócrata para poner sobre la mesa una exigencia básica: que las Fuerzas Armadas desempeñen en España la función que la mayoría de los españoles deseen y no la que le impongan los poderes económicos y financieros o cualquier potencia extranjera.