Natalia Millán Acevedo

Doctora en Ciencias Políticas e investigadora en temas de desarrollo humano.

En los últimos días hemos observado bastantes nervios en el estado emocional de los periodistas, analistas y opinadores que inundan los medios de comunicación y las tertulias políticas. En este ambiente de supuesta “inestabilidad”, los debates se han desplazado rápidamente desde el análisis de los mensajes que la ciudadanía ha expresado en las urnas (que es donde deberían principalmente estar) a los peligros, desafíos y desventuras que esconden las propuestas y objetivos de las nuevas fuerzas emergentes, especialmente simbólicas en el caso de Madrid y Barcelona. Así, la palabra favorita para describir las formaciones encabezadas por Manuela Carmena y Ada Colau es “antisistema”, seguidas de conceptos supuestamente complementarios como “radicales”, “demagogos”, “bolivarianos” y “populistas”. Ahora bien, la utilización sistemática del término antisistema encierra dos trampas discursivas que merecen cierto espacio de reflexión.

En primer lugar, desde la perspectiva netamente gramatical parece bastante incorrecto definir a algo por lo que “no es”. Cualquier lexicógrafo estaría de acuerdo en que las definiciones negativas son insuficientes y en ocasiones incorrectas para definir un fenómeno específico. Si una definición es una proposición mediante la cual se trata de exponer de manera unívoca y precisa un concepto, parece evidente que el término antisistema es extremadamente insuficiente para describir un fenómeno político complejo y multidimensional.

En segundo lugar, hay una pregunta más importante que parece no considerarse al momento de definir a estas formaciones como “antisistema”: ¿a qué llamamos sistema? Para contestar a esta pregunta debieran considerarse diversos elementos relacionados con las políticas públicas.

Por una parte, desde la perspectiva del desarrollo humano, concepto por cierto totalmente aceptado por el “sistema académico”, el objeto de la política pública debiera ser ampliar las opciones y oportunidades de la ciudadanía. El desarrollo, como plantea el premio Nobel de economía, Amartya Sen, es libertad para que cada persona pueda elegir cómo vivir su vida. En otras palabras, las políticas públicas deben poner el foco en las personas, garantizando sus derechos, asegurando un ambiente sostenible y promoviendo una mayor equidad en las oportunidades que brinda la sociedad. Para este enfoque, por tanto, el “sistema” debiera orientarse a priorizar los derechos ciudadanos sobre cualquier otra consideración económica o política. La tan debatida y criticada propuesta de Ada Colau de priorizar las becas de comedor sobre la Fórmula 1 se inserta totalmente en esta corriente teórica del desarrollo humano.

Por el contrario, desde diversos medios parece defenderse otras visiones basadas en órdenes sociales fijos, con poca capacidad de movilidad social, extrema desigualdad y una cada vez mayor concentración de los beneficios en manos privadas. El “sistema” que parecen defender algunos políticos y empresarios mira con desconfianza los procesos de auditoría, transparencia y rendición de cuentas que quiere llevar a cabo parte de la ciudadanía; califica de demagogia cualquier propuesta de protección de derechos humanos y entiende que genera “inestabilidad” y “preocupación” en los mercados cuando la ciudadanía vota en contra de sus intereses, como ya pasó en Grecia y está pasando ahora en España. Conviene recordar a Gramsci cuando planteaba que el verdadero poder de las clases dominantes consiste en generar una hegemonía cultural sobre el resto de clases sociales para que estas asuman sus discursos e intereses como si fueran propios. Todos estos elementos nos colocan en un falso dilema; no se trata de estar en contra del “sistema”, sino de definir cuál es el orden político, filosófico y ético que esperamos que rija nuestra vida y la de nuestras sociedades.

Es evidente que nadie puede imponer las ideas a otras partes de la sociedad y que vivimos en una sociedad democrática y plural, donde tenemos derecho a pensar como queramos. Pero lo que sí es exigible es una mayor rigurosidad a la hora de plantear los debates públicos, con más espacio para la reflexión profunda y huyendo de lugares comunes y etiquetas despectivas que solo dan cuenta de la falta de capacidad analítica de los emisores de estos mensajes.

Por ello es necesario cuestionarnos profundamente cuál es el sistema que estamos defendiendo y promoviendo, a quién beneficia y sobre quiénes ejerce una violencia sistemática y estructural; merece la pena recordar uno de los mensajes principales que hace cuatro años lanzo el movimiento 15 M: “no somos antisistema; el sistema es antinosotros”.