Gro Harlem Brundtland, doctora noruega primera ministra de su país, usó el concepto por primera vez en 1987: “Desarrollo sostenible”. Aquel que permite satisfacer las necesidades actuales sin poner en peligro las de las generaciones futuras. Desde ese Informe Brundtland elaborado para la ONU –llamado “Nuestro Futuro Común”– se han hecho muchos otros y se han elaborado leyes que persiguen convertir la utopía en realidad. La última está a punto de ser presentada por el Gobierno: el anteproyecto de ley de economía sostenible, pieza estrella de esta legislatura, que pretende el ambicioso objetivo de cambiar el modelo productivo español buscando mejorar la competitividad, impulsar la innovación y las energías renovables. Sostenibilidad del medioambiente, sostenibilidad económica y sostenibilidad social.

El borrador de la ley incluye aspectos prácticos que, de aprobarse, tendrán un efecto directo en la vida económica. Por ejemplo, medidas contra la morosidad, el azote con que las grandes empresas y las Administraciones públicas castigan a sus proveedores y contratistas, que son las pequeñas y medianas empresas. Esta futura ley pretende evitar que se utilice el retraso en el pago como un mecanismo de financiación a bajo coste. Las pymes –que están desapareciendo a miles– llevan años denunciando impagos y retrasos. Hoy, la deuda municipal con las pymes alcanza los 30.000 millones de euros, según sus propias cifras. Pero el retraso o aplazamiento de los pagos está extendido en todos los ámbitos. Por eso, Europa trabaja en su revisión y el Gobierno español quiere establecer un calendario para acortar los plazos de pago de todas las Administraciones públicas. Se prevé también un método para que las asociaciones empresariales sectoriales puedan denunciar prácticas abusivas y establecer procedimientos abreviados para reclamar.

Junto a esas medidas se encuentran otras encaminadas a facilitar la creación de empresas y limitar la necesidad de licencias municipales sólo cuando esté justificado por el carácter “no inocuo” de la actividad. Pero para los demás casos, cuando no haya peligro cierto, se sustituiría la licencia del ayuntamiento por simples declaraciones de responsabilidad o comunicación de apertura. Esto estimularía el comercio y la actividad más que muchas otras normas preexistentes.

Buenas prácticas

Además, la ley propone incluir, dentro de las competencias de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, la elaboración de códigos de “buenas prácticas comerciales”. Coincide esta proposición con el momento en el que en el sector agrícola hay muchos colectivos en pie de guerra, reivindicando un Pacto de Estado que les ayude a salir de “la mayor crisis de su historia” y precios justos por parte de los grandes distribuidores.

Para la inversión en infraestructuras no basta el dinero público, así que el Ejecutivo quiere ampliar la colaboración con la financiación privada y, entre otras medidas, se encuentra que el Consejo de Ministros pueda otorgar avales para sociedades mixtas o para contratos de colaboración público-privada.

Pero no se podría hablar de sostenibilidad sin abordar la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Bill Clinton, en su actual etapa de conferenciante ilustre, defiende el uso de las renovables porque el verdadero desafío de este siglo es la energía. España asumió los objetivos europeos de reducir, para 2020, un 20% el consumo de energía final y que de esta el 20% proceda de energías renovables. Y en esa línea insiste el proyecto de ley del Gobierno. Así que, parafraseando a Clinton cuando una vez se dirigió a Bush padre, sigue siendo la economía (estúpido), esta vez con la energía añadida.

Brundtland abrió muchos otros caminos, además del desarrollo sostenible. Cuando dirigió la Organización Mundial de la Salud, estableció la relación entre la macroeconomía y la salud pública para concluir la necesidad de invertir en salud para lograr un mejor desarrollo económico. Es hora de que avancemos en todos ellos.