Todo laberinto tiene su salida aunque el catalán hubiera puesto a Teseo en un brete y requiera de un ovillo de considerables proporciones. A día de hoy, el hilo de la escapatoria pasa por el Tribunal Supremo, cuyo criterio respecto al posible delito de rebelión, que es el minotauro de la causa, es aparentemente discrepante con el de la jueza Lamela y el fiscal general del Estado. Si el Supremo mantiene su apreciación de que sólo hubo una conspiración que no llegó a superar “la fase propiamente preparatoria”, se abrirá la válvula que necesita esta olla a presión para no acabar estallando en mil pedazos.

La excarcelación de los exconsellers y los líderes sociales del independentismo es una condición necesaria para asegurar cierta normalidad en el proceso electoral abierto tras la aplicación del artículo 155. Pese a los ladridos de algunos de sus perros de presa, su entrada en prisión representó para el Gobierno un grave inconveniente y la demostración del error que supuso el nombramiento de José Manuel Maza como fiscal general del Estado, al que ahora le ha dado por autodeterminarse y sembrar el caos. Sin transición, del escenario perfecto creado tras la tocata y fuga de Puigdemont y la desmovilización secesionista se pasó a su rearme y a la agitación ciudadana. Un éxito inconmensurable.

Lo de Maza es otro laberinto, aunque sin salida por el momento. Como existe la convicción de que actúa al dictado del Ejecutivo, y en gran medida es así, cuando lo hace por su cuenta y riesgo genera una enorme confusión porque nadie se lo acaba de creer. Lo sensato sería destituirle a él y al ministro de Justicia por incapaz, pero el escándalo sería mayúsculo. El conflicto catalán ha puesto sobre la mesa una gran paradoja: tener una fiscalía subordinada al poder político es muy malo y que navegue autónomamente puede ser peor, sobre todo cuando es el viento del patriotismo el que hincha sus velas.

Pero volvamos al Supremo. Los seis miembros de la Mesa del Parlament declararán este próximo jueves ante el juez Pablo Llarena tras la semana que se les concedió para preparar su defensa. Si tras estas declaraciones el instructor no tomara medidas de privación de libertad contra los querellados y redujera la supuesta rebelión a una mera conspiración, castigada con una pena que en su grado menor es de tres años, la excarcelación de los exconsellers podría estar casi a la vista.

No sería necesario que la Fiscalía cambiara de criterio ni que lo acordara la juez o la Sala de lo Penal de la Audiencia, que ya avaló la decisión de Lamela de mantener a los Jordis a la sombra. Bastaría con que el Supremo acumulara ambas causas, que es lo jurídicamente correcto para mantener la coherencia de la instrucción ante hechos conexos.

Aunque más tardíos, la estrategia política de convertir en candidatos a todos los miembros del Govern cesado, con Puigdemont a la cabeza, y a los líderes de Omnium y de la ANC tendría los mismos efectos. Su presumible elección les permitirá recuperar la condición de aforados y haría perder a la Audiencia Nacional la competencia que, discutiblemente, se arroga para juzgar la presunta rebelión y mantenerlos en la cárcel.

De la actuación del Supremo depende que Junqueras y los consellers que no se despidieron a la francesa, o mejor dicho a la belga, se ahorren la estancia en prisión y hasta que Puigdemont renuncie a apurar la extradición y se ponga a disposición de la Justicia española. El Tribunal tiene la llave del laberinto. Veremos a ver si la usa y ofrece un respiro y una salida.