Sábado 31 de enero. El Aaiún. Capital del Sahara Occidental, antigua colonia española ocupada ilegalmente por Marruecos desde 1975. Un grupo de colonos marroquíes, pertenecientes a una importante familia de comerciantes, intenta agredir sexualmente a una vecina saharaui. Su sobrino, Mohamed Lamine Haidalla, de 21 años, intercede para evitarlo. Como consecuencia, recibe una brutal paliza, numerosas pedradas y varios cortes con tijeras por todo el cuerpo. Pero hay un motivo más de fondo: Mohamed es un joven activista saharaui al que no parecen hacerle efecto las repetidas amenazas para que elija entre callarse y aceptar la ocupación o marcharse de su propia tierra.

La policía marroquí no solo no detiene a los agresores ni traslada a Mohamed al hospital más cercano, sino que decide encerrarle en comisaría y hacerle pasar la noche en el calabozo, malherido. Al día siguiente su familia le lleva al hospital, donde le cosen las heridas sin anestesia, sin desinfectarle y sin comprobar los posibles efectos internos de los golpes recibidos. Su estado de salud empeora con los días. Los médicos que le atendieron se niegan a volver a hacerlo, acusándole de aprensivo.

Amigos y activistas se suman al periplo y consiguen que sea atendido en otra clínica de la ciudad, donde le retiran una gran cantidad de pus de las heridas que no habían sido debidamente curadas. Los médicos le recomiendan desplazarse de urgencia al hospital de Agadir, a más de 600 kilómetros de distancia, para que sea operado. A pesar de la urgencia, la ambulancia tarda casi un día en salir y otro más en llegar. Mohamed llega moribundo y finalmente fallece en la sala de espera. Días después, un médico le reconoce a un familiar que las autoridades marroquíes habían “recomendado” el traslado del joven a Agadir para evitar que muriese en territorios ocupados.

Ante la posibilidad de que se produzcan manifestaciones de solidaridad y protesta por su muerte, la policía rodea la casa donde Mohamed residía con su familia. Su madre, Tabkar Haddy, española de origen que vive entre Tenerife y El Aaiún, recibe una jugosa oferta por parte de las autoridades marroquíes: 20.000 euros y trabajo para ella y su familia si guardan silencio y aceptan que en la muerte del joven no mediaron motivos políticos ni malas intenciones por parte de médicos y policías. Haddy no quiere limosna y no tiene miedo. Solo pide tres cosas muy sencillas y corrientes en cualquier Estado de Derecho: que se realice una autopsia independiente, que le entreguen el cuerpo de su hijo para que pueda enterrarlo y que la policía inicie una investigación para llevar a juicio a los culpables de su muerte. Ninguna se ha cumplido a día de hoy. Desde entonces, la familia vive atemorizada, sometida a continuas amenazas y al asedio de la policía marroquí, sin saber dónde está enterrado Mohamed. Con todas las puertas legales y judiciales cerradas, Haddy decide exigir justicia por otras vías e inicia una huelga de hambre el 15 de mayo frente al Consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria.

Sabemos todo esto porque estos dos últimos días Haddy ha visitado la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo para contárnoslo en primera persona. Numerosos colectivos de solidaridad con el pueblo saharaui se habían hecho eco durante estas semanas, pero no así los medios tradicionales ni el grueso de la sociedad civil. Por eso usamos nuestro altavoz en las instituciones para dar a conocer su caso y su lucha, que no es un hecho aislado ni tampoco uno más o menos sangrante. Simple y tristemente representa la enésima muestra de la realidad que vive a diario la población saharaui en su propia tierra ocupada, mientras la comunidad internacional mira hacia otro lado. Amenazas, agresiones, torturas, asesinatos, complicidad, impunidad, injusticia. Un cóctel explosivo, una estrategia de terror que toma forma de lento pero imparable genocidio, del que el gobierno de Marruecos es claro culpable, España responsable administrativo en última instancia y la llamada “comunidad internacional”, especialmente la Unión Europea, cómplice.

Además de altavoz, también podemos ser palanca legislativa y ejecutiva. Por eso más de 50 Miembros del Parlamento Europeo de cinco grupos (todos menos los populares y los conservadores) hemos hecho un llamamiento a la vicepresidenta Mogherini, Alta Representante de la UE para los Asuntos Exteriores, para que se lleve a cabo una investigación imparcial e independiente de este asesinato; se apliquen las leyes humanitarias y de derechos civiles internacionales para proteger los derechos del pueblo Saharaui contra la detención administrativa, los abusos y las torturas de las fuerzas ocupantes del Reino de Marruecos; y se permita el acceso libre e inmediato de ONG y representantes parlamentarios en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, con el fin de evaluar independientemente la situación de los Derechos Humanos en la zona. Complementariamente, desde nuestro grupo parlamentario (GUE) tenemos previsto interponer una resolución de urgencia sobre Derechos Humanos para que sea tratada en el próximo pleno europarlamentario y que se traslade esta denuncia al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Agencia Europea en Rabat.

Pero difícilmente ninguna de estas acciones parlamentarias llegará a buen puerto ni tendrán efecto real si no se acompañan de acciones de solidaridad, denuncia y presión política por parte de la sociedad civil organizada. Hace ya casi cuatro décadas que el pueblo saharaui vive dividido, amenazado y golpeado. Los Mohamed y las Tabkar se suceden. Desde arriba se encadenan tantas declaraciones de buenas intenciones como inacciones estériles. Pero nosotros lo tenemos claro: solo el pueblo cuida del pueblo y solo los pueblos cuidan de los pueblos. Solidaridad internacional, denuncia, difusión y auto-organización. Esas son nuestras armas para este y tantos otros combates.