El tarifazo eléctrico: de la obsesión liberal a la ruina energética

La obsesión neoliberal con la eliminación de todo déficit nos está precipitando en otro abismo de pobreza. Porque la brutal subida de la luz que se avecina en enero corresponde al empeño del ministro Soria en acabar con el déficit de tarifa de las eléctricas a cualquier precio… pagado por consumidores y contribuyentes, claro.

Pero el verdadero problema nos ha venido heredado… y no precisamente del zapaterismo.

Era el primer Gobierno de Aznar y estaba Rodrigo Rato como vicepresidente económico cuando se emprendió la liberalización del mercado eléctrico español en un proceso que se vendió como el que lograría importantes bajadas de tarifas como consecuencia inevitable del fenómeno de la libre competencia entre empresas. Por supuesto, las consecuencias reales fueron un aumento del 81,4% de la factura de la luz en diez años y la creación de una gigantesca deuda estructural inexplicable, que va creciendo año tras año y se pretende imputar a los contribuyentes y consumidores, pese a que ya están pagando tarifas domésticas que están entre las más altas de Europa.

Si simplificamos y desciframos esa esquizofrénica liberalización por fases que separó las actividades reguladas (sobre todo, transporte y distribución) de las no reguladas (producción y comercialización), la cuenta de resultados de ese proceso de reforma neoliberal parece elaborada por el mismísimo Gran Capitán:

• Primero, dimos 12.000 millones de euros de las arcas públicas a las eléctricas en concepto de unos supuestos Costes de Transición a la Competencia (CTC) que debían afrontar; pero a finales de 2005 resultó que habían recibido más dinero por los precios de mercado que el que se había creído necesario (¿?) para asegurar su rentabilidad. Así que en 2006 se eliminó el pago de los CTC, pero las empresas no reembolsaron sus beneficios extraordinarios.

• Después, el Estado empezó a inyectar cifras astronómicas en subvenciones a fondo perdido para el gas natural, primas a la cogeneración con carbón y fuel-oil, retribuciones al gasóleo consumido en las islas y subsidios a grandes multinacionales de enorme consumo. En los últimos cinco años, los contribuyentes hemos abonado casi 15.000 millones más por esos capítulos, enmascarados en una terminología (pagos por capacidad, extrapeninsulares, interrumpibilidad…) claramente diseñada para confundir al que tratase de desentrañar esas ayudas públicas a emporios empresariales.

• Finalmente, para las eléctricas los beneficios caídos del cielo (más o menos, así se llaman en jerga econométrica inglesa: windfall profits, los que trae el viento) han sido desorbitados: otros 14.000 millones de euros de ganancias extraordinarias en cinco años procedentes de la diferencia entre el coste de producción de la energía y su precio en el mercado (otro palabro: “sobrerretribución”). Para que nos entendamos, el coste del MWh en centrales hidráulicas ya amortizadas es de unos 3 (tres) euros, y en las plantas nucleares es de en torno a 20 euros, pero los generadores cobraron el MWh a 50 euros en 2012, y a 65,9 en 2008. Ahora, lo han puesto a 61,83 euros en una subasta CESUR desbocada (+29,9%) y abocada a su invalidación horas después.

• Pues bien, sólo hay que hacer unos simples cálculos aritméticos y ¿cuál es el resultado? Pues, según el Gobierno, que los españoles ¡aún debemos más de 26.000 millones a las eléctricas! ¡Aleluya! Hemos logrado la multiplicación de los panes y los peces… que se comen las cinco grandes empresas que controlan casi el 100% del mercado en régimen de oligopolio.

• ¿Cómo llegar a tal resultado sin recurrir a números imaginarios? Bien simple: se establece por decreto que las eléctricas tienen anualmente un déficit de tarifa (es decir, cobran por debajo de sus costes) por valor (por ejemplo, en este año) de 4.000 millones, aun cuando les han caído del cielo en ese mismo periodo unos 4.500 millones gracias a los mencionados windfall profits.

• Claro que, para embarullar aún más el cómputo, hay que inventarse variables-invariables como la genial “interrumpibilidad”: un complemento de más de 700 millones al año que reciben del Estado las cuatro mayores empresas consumidoras de energía en concepto de un presunto servicio de supresión de su actividad en caso de necesidad. Lástima que ese supuesto servicio jamás lo presten (ya que hay una enorme cantidad de potencia de generación ociosa), porque ya llevan embolsados más de 2.000 millones a cuenta de tamaña generosidad pública.

• Con semejante procesamiento de datos, se ha logrado otro prodigio: los usuarios domésticos pagan la electricidad a más del triple del precio que las grandes industrias, y un 155% más cara que las medianas empresas y el sector servicios; pero habrán de asumir ahora otra brutal alza de tarifas del 11,5% en enero, la mayor subida del recibo de la luz en los dieciséis años que han pasado desde que el tándem Aznar-Rato lanzase su genial liberalización eléctrica.

• Este último disparate, anulado de madrugada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), corresponde al resultado de la vigésimo quinta subasta de los Contratos de Energía para el Suministro de Último Recurso (CESUR), una estrambótica puja trimestral cuyas reglas las fija el Gobierno y es un mercado de futuros en el que se intercambia una muy pequeña cantidad de energía pero que sirve de referencia para los precios que fija la Administración para la Tarifa de Último Recurso. Es asombroso que ahora la CNMC hable de "circunstancias atípicas" y de "precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas", cuando hace muchos años que el Ejecutivo es plenamente consciente de cómo se especula en el mercado energético antes de cada subasta para lograr que se dispare la tarifa.

• Para terminar con esta retahíla de insensateces, hay que subrayar el tremendo contraste de este mercado salvaje con las draconianas condiciones impuestas a las energías renovables en el PER 2005-2010 y que acaban de ser endurecidas aún más, hasta estrangular a base de impuestos la solar y otras que no controla el oligopolio eléctrico. Como ejemplo, a las renovables se les impuso la famosa “rentabilidad razonable” que no puede superar el 7%, mientras que las eléctricas obtienen a menudo rentabilidades del 250% (nuclear) y hasta del 2.200% (hidráulica). Eso sí, los teóricos de la derecha acusan de la crisis a la apuesta de Zapatero por las renovables y a su parón nuclear… cuando en este momento generamos más de lo que consumimos y los embalses están llenos sin que se los utilice para generar la más barata de todas las energías.

Hasta aquí la intrahistoria del tarifazo eléctrico permanente con el que nuestros gobernantes nos han arruinado energéticamente para beneficiar a las grandes compañías. Aunque lo más sangrante es que el último capítulo de este atraco a la ciudadanía se haya producido sólo dos días después de que el Partido Popular emplease su rodillo en el Congreso para impedir la tramitación de la propuesta legislativa de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) con medidas para prevenir la pobreza energética, entre las que se proponía prohibir a las eléctricas cortar durante el invierno el suministro de luz a las familias que no pueden pagar por problemas económicos.

Para negar luz y lumbre en invierno a los cuatro millones de españoles que en estos momentos padecen pobreza energética, el portavoz del PP, Mario Flores, adujo que “el Gobierno está haciendo verdaderos esfuerzos en implementar medidas sociales para garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar"… esfuerzos entre los que incluyó ¡la Reforma Laboral que ha reducido los salarios y abaratado el despido! "Parece mentira cómo se tergiversan aquí las cosas”, continuó sin pestañear. "Pueden estar tranquilos, porque la preocupación y sensibilidad del Gobierno para buscar soluciones a cualquier problema de carácter social es más que patente".

No sé si refería a la patente de corso, en un momento en que las eléctricas reparten dividendos mientras el número de hogares que sufrieron cortes de luz por impago el año pasado ascendió a 1,4 millones, "más del doble que antes de la crisis", como explicó la portavoz de Energía de la Izquierda Plural y promotora de la propuesta, Laia Ortiz.

Ecoserveis, una entidad pionera en el estudio de la pobreza energética en España, calcula que los efectos de la pobreza energética alcanzan a más de un 10% de la población española, un 13% en el caso de Catalunya, tras aumentar cinco puntos respecto al invierno anterior. El último informe del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja señala que cerca del 58% de las personas atendidas por esa institución humanitaria este año tenía problemas para mantener su casa a una temperatura adecuada, un 16% más que en el 2011. Además, una de cada tres personas atendidas por Cruz Roja no puede pagar los suministros básicos, como el agua, la luz o el gas.

Esos cálculos sí que muestran cifras reales, pero al PP no parecen importarle los números que afectan de verdad a los seres humanos.