A la vista de las denuncias de asociaciones de consumidores y de usuarios de banca, algunas sociedades de tasación inmobiliaria funcionan del mismo modo que las agencias de calificación de deuda. Son juez y parte. Marcan el valor de un inmueble y sobre ese dato, supuestamente basado en el análisis riguroso y objetivo del mercado, el banco decide el importe del crédito hipotecario. Algunas de las tasadoras están participadas por las entidades financieras, como también ocurre con las agencias de rating, entre cuyos accionistas figuran fondos de inversión que hacen negocio con la montaña rusa del precio de la deuda pública y privada. Parece claro que las sociedades de tasación tienen una alta responsabilidad en la creación de la burbuja inmobiliaria en España. Con valoraciones muy superiores al precio real de las viviendas, facilitaron durante años a bancos y cajas la concesión masiva de créditos. Ahora, parece que siguen haciendo lo mismo pero de modo selectivo: estarían tasando al alza si se trata de promotoras inmobiliarias y a la baja cuando los clientes son particulares. Ayudan así a la banca a lidiar con los impagos de los grandes promotores, mientras el grifo del crédito a familias y pequeñas empresas sigue casi cerrado. Es urgente establecer normas mucho más rigurosas que garanticen tanto la libertad de elección de tasadora como la independencia de la tasación, cuyo carácter regulatorio podría perfectamente considerarse un servicio público.