Ha tenido que venir a decirnos el Reino Unido, donde por cierto siguen muriendo diario decenas de súbditos de su graciosa majestad por coronavirus, que estamos surfeando la segunda ola de contagios muy alocadamente y para que la batiente no les salpique ha impuesto una cuarentena obligatoria a todos los viajes procedentes de España. La medida es, como dicen, la puntilla al sector turístico patrio pero también es el aviso por megafonía y en inglés de que el emperador está desnudo, algo que se veía a la legua y se trataba de disimular con unos pareos de mercadillo. La gestión de los rebrotes está siendo un desastre muy español y mucho español, propio de esta maldición que nos condena a tropezar cientos de veces en la misma piedra.

Esta vez no hay excusa posible porque tras doblegar la dichosa curva de infectados a costa de durísimos sacrificios en vidas y haciendas, decaer el estado de alarma y recuperar las comunidades autónomas las competencias sanitarias era evidente el camino a seguir, un senda que pasaba por reforzar los recursos sanitarios, especialmente la atención primaria, y poner en marcha un eficiente sistema de rastreo que impidiera la transmisión comunitaria del virus. Como nada de esto se ha hecho adecuadamente, como seguimos a salto de mata, lo fácil ha sido culpar a los temporeros inmigrantes y a los jóvenes marchosos. Todo tiene remedio menos la ineptitud.

La responsabilidad de lo que está ocurriendo recae directamente en quienes en estos momentos ejercen las competencias en materia de salud pública, es decir las autonomías, aunque el encogimiento de hombros del Gobierno resulta entre llamativo e indignante. Tras la primera fase, la segunda, la tercera y la nueva normalidad, hemos entrado en la fase surrealista de la pandemia: quienes pedían el fin de la alarma y atribuían tics autoritarios a Pedro Sánchez exigen ahora al ‘dictador’ que vuelva asumir el mando único; y quienes desde el Ejecutivo defendían que solo con el estado de alarma podían restringirse derechos individuales como la libre circulación parecen regocijarse de que tenían razón.

El caso es que las comunidades han recuperado competencias pero con una mano atada a la espalda y al albur de decisiones judiciales que han de interpretar si sus medidas se ajustan o no a legalidad vigente. Era el Gobierno quien debía impulsar los cambios necesarios en el ordenamiento jurídico para que los territorios tuvieran la posibilidad de decretar confinamientos que no fueran simples recomendaciones o cierres perimetrales de localidades y comarcas. En su defecto, se podía haber optado por mantener un estado de alarma permanente que atendiera las peticiones puntuales y selectivas de las autoridades autonómicas. No se ha hecho ni una cosa ni la otra.

De las comunidades se esperaba la previsión suficiente para atender los rebrotes que estaban por llegar y que, al reanudarse la actividad económica y social, resultaban inevitables. Ello requería dedicar fondos y personal a los centros de salud y no externalizar la vigilancia epidemiológica a teleoperadores de empresas privadas como ha hecho Cataluña y Madrid. Se explica así que, en muchos casos, el seguimiento de los contactos de los infectados, imprescindible para evitar la transmisión comunitaria de la enfermedad, se demore en el tiempo o no pase de su entorno familiar más inmediato. En un momento en que un amplio porcentaje de contagiados son asintomáticos, el descontrol en el rastreo es jugar a la ruleta rusa con el cargador repleto de balas.

Falta personal, sí, y sentido común, carencia que en el caso de Isabel Díaz Ayuso ya venía de fábrica. ¿A alguien le parece normal que la presidenta de Madrid anuncie a bombo y platillo la presentación esta semana de un plan de contingencia frente al coronavirus con más rastreadores, más pruebas y más material? ¿Pero es que no existía ningún plan hasta ahora? ¿Alguien sabe cuántos rastreadores hay en Madrid o por qué esta misión ha sido adjudicada a dedo a Telefónica y a Indra? ¿Es lógico que su vicepresidente Aguado culpe al Gobierno central de no tomar medidas efectivas en los aeropuertos cuando es Madrid, junto a Canarias, la única comunidad que no ha impuesto algo tan elemental como la obligatoriedad de las mascarillas? ¿Es razonable que el único ratio que se esté dispuesto a cumplir es el del número de confesores por camas hospitalarias?

Es impresentable también que a estas alturas siga sin funcionar adecuadamente algo tan básico como es el sistema de notificación de los contagios, por lo que no hay manera de saber en tiempo de real el curso de la epidemia para decidir lo más conveniente con la antelación necesaria. El resumen es descorazonador: no se ha previsto lo evidente, no hay soporte legal -o, cuando menos, es interpretable- para actuaciones urgentes que impidan el descontrol de los contagios, y no hay datos fiables sobre la extensión del virus, ya sea porque no se comunican, se comunican tarde o por eso de que los peores ciegos son los que no quieren ver.

Lo único que nos preocupa es conseguir que los británicos no paren de venir a beber cerveza aunque sea a las islas, que en eso los esfuerzos de nuestra diplomacia son denodados, porque mientras llega la digitalización, la revolución verde y el nuevo modelo productivo seguimos siendo un país de camareros. Lo dicho: no tenemos remedio.