La Teoría Monetaria Moderna contra la futilidad neomercantilista

Esteban Cruz Hidalgo y Stuart Medina Miltimore

Economistas y miembros de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios (APEEP)

Una de las principales críticas hacia la Teoría Monetaria Moderna (en adelante TMM) es si sus propuestas políticas serían aplicables a economías abiertas o cuya divisa no desempeñe la función de moneda de reserva internacional. En oposición al posicionamiento a favor de la soberanía monetaria que la TMM defiende en función de su análisis sobre el dinero fiduciario, corrientemente se teme la vuelta a una moneda nacional; y es evidente por qué para países dependientes de la importación de alimentos y energía. La depreciación a la que la moneda se vería sujeta incrementaría los costes relativos de las importaciones e impartiría un sesgo inflacionario a la economía, que se vería agudizado por las expectativas de una mayor depreciación que se harían efectivas por el papel de la especulación contra la divisa nacional.

La interpretación ortodoxa nos dice que si en un Estado escasean las reservas de divisas para las importaciones que se necesitan –no siendo capaz por sí mismo de obtenerlas– debe bajar salarios para atraer capital extranjero y fomentar las exportaciones, a la vez que se aplica una disminución del gasto público como forma de reducir el gasto interior y con ello, la inflación. Esta disminución del gasto público se hace efectiva mediante los grilletes que impone la fijación del tipo de cambio de la moneda nacional con una divisa o cesta de divisas extranjeras, o también la condición de endeudarse en otra moneda.

Una forma extrema de estos sistemas de cambio fijo la conocemos muy bien: una unión monetaria como la zona euro. El objetivo de anclar el valor de las monedas es el de evitar la monetización del déficit a través del banco central (lo que se conoce con el concepto de “esterilización”) pues, atendiendo a la teoría convencional (teoría cuantitativa del dinero), el déficit del Estado se traduce en un aumento de los precios. La realidad es que la obsesión contra los déficits presupuestarios ignora el aspecto monetario de la política fiscal y sus efectos en la tasa de interés, lo que contribuye a elevarlos y exprimir la inversión productiva beneficiando a los rentistas trasladando estos mayores costes a los precios, lo que dificulta a su vez la mejora de su posición frente al exterior.

Desde la TMM rechazamos este punto de vista predominante que se alza sobre las hipótesis de que el déficit público expulsa la inversión extranjera (efecto crowding out) a la vez que causa el déficit exterior (déficit gemelos). La evidencia histórica muestra que las recetas tradicionales de gestión del déficit por cuenta corriente han empobrecido a buena parte del mundo y creado numerosas crisis por la irracionalidad o capricho de los inversores extranjeros, especialmente en regiones como Latinoamérica y Asia oriental.

Las altas tasas de desempleo experimentadas por España a partir de su entrada en el mecanismo de tipos de cambio europeo durante periodos recesivos se pueden explicar, precisamente, por las políticas de tipos de interés elevados y de contención del gasto público necesarias para defender el valor de la peseta. Es más que evidente que el objetivo de reducir el déficit presupuestario puede ayudar a reducir la inflación, pero solo porque se fuerza la bajada salarial e incrementa el desempleo, tirando así hacia abajo los precios.

El planteamiento alternativo que exponemos es muy diferente. A menos que el déficit público empuje la economía a un escenario más allá del uso de la capacidad plena de los recursos –donde se hallan los límites de la economía–, para mejorar la balanza por cuenta corriente la política óptima no es empobrecer más al país sino todo lo contrario, una estrategia de desarrollo que movilice los recursos internos ociosos e infrautilizados.

Tal estrategia necesita financiación, la cual se consigue monetizando el déficit a través de un banco central cuyo tipo de cambio es flexible. Sabemos que un gobierno soberano no puede ser insolvente en términos de su propia moneda y puede permitirse comprar cualquier bien o servicio que esté disponible para la venta en el ámbito de su soberanía, movilizando los recursos reales de los que dispone para tratar de obtener los recursos reales del extranjero que necesita, ya sea sustituyendo las importaciones por la capacidad de la economía de hacer frente a una determinada demanda interna o aumentando sus exportaciones; aprovechando que el crecimiento de la productividad es un fenómeno endógeno a la demanda a través de diversos mecanismos como el aprendizaje por experiencia, el progreso técnico inducido por la demanda, y los rendimientos macro asociados con la expansión interrelacionada de todas las actividades.

Si el banco central no tiene necesidad alguna de acumular reservas de divisas como en un sistema de tipo de cambio fijo para defender una paridad determinada de su moneda. ¿Quiere decir esto que vamos a poder importar todo lo que queramos? Probablemente no, lo que decimos es que podemos maximizar las posibilidades de producción de los recursos reales que disponemos y financiar cambios de tal magnitud que de otra forma no se podrían dar, por lo que creemos que la soberanía monetaria es una vía mejor que la opción tradicional, a pesar de no poder ofrecer una varita mágica con la que hacer desaparecer todos los problemas. Es indiscutible que lo que mantiene la capacidad de un Estado para gestionar déficits por cuenta corriente de forma continua y de cualquier tamaño depende de la voluntad de los extranjeros a acumular títulos financieros en la moneda emitida por esa nación, como ocurre con Estados Unidos y el dólar, pero ello no descarta que cualquier gobierno utilice su espacio interior para buscar desarrollarse dentro de sus posibilidades reales. Como hemos argumentado, en última instancia es la disponibilidad de recursos reales lo que limita la prosperidad; y por tanto, una vez que se han efectuado todas las decisiones de gasto del sector no gubernamental, la ocupación de los recursos ociosos restantes de manera productiva (en términos de bienestar social, sin necesidad de buscar el mero objetivo del lucro) es responsabilidad del gobierno.

Frecuentemente se ha observado cómo las políticas de desarrollo tradicionales de fiarlo todo al aumento de las exportaciones no siempre son ni sostenibles ni efectivas, y en ocasiones han contribuido a crear otros males. Un ejemplo sería la introducción de cultivos destinados a la exportación en países de desarrollo que han obligado a abandonar cultivos tradicionales, elevando la dependencia alimentaria del exterior y contribuyendo a la aparición de hambrunas. También cuestionamos que un Estado deba tolerar servirse de la devaluación salarial para que sus empresas sean más competitivas.

La devaluación interna no funciona porque las exportaciones dependen por definición de la demanda exterior, de la capacidad y voluntad que tienen otros países de comprar nuestra producción. Si todos los socios comerciales buscan tener superávit en sus balanzas gracias a la demanda de los demás y reprimen su demanda interna esto no funciona, pues es aritméticamente imposible. Semejante actitud neomercantilista se traduce en una guerra fratricida por ver quién sale ganador de la descoordinación entre países en busca de conseguir traspasar los problemas al vecino, con un resultado deflacionista al reducir la demanda global.

La TMM no pretende convertir una economía en una potencia exportadora porque no consideramos que un elevado superávit comercial maximice el bienestar de los ciudadanos. La política de maximización del superávit comercial aplicada por Alemania y otras potencias exportadoras se ha basado en una represión salarial que no solo ha impedido a su población disfrutar de un mayor nivel de vida, sino que ha contribuido a generar burbujas con las que ayudar a la transformación de la producción en beneficios de su sector exportador. Esta estrategia de ceder su superávit comercial en forma de préstamos para dar salida a su propia producción será seguida de crisis que destruyen esa riqueza financiera y que provocan una acumulación de créditos frente al resto del mundo que posiblemente nunca se cobren totalmente. Esta es la situación en la que nos encontramos hoy.

España tiene suficientes recursos reales para mantener un tipo de cambio fluctuante, apertura comercial y pleno empleo sin experimentar grandes problemas. Además, siempre se puede disponer de medidas políticas para modificar los resultados indeseables sin que deba recaer el peso de esta carga sobre los más desfavorecidos vía desempleo o bajada de salarios. Entre estas decisiones más justas están las restricciones a la importación de productos suntuarios, una reforma fiscal para desincentivar determinados consumos; o el reforzamiento de diversos aspectos regulatorios, muchos de los cuales actualmente se encuentran amenazados por tratados internacionales como el TTIP y el CETA. La soberanía monetaria no solo nos facultaría para apuntalar la inversión en I+D y fomentar un sector industrial fuerte, sino que permitiría sostener unos servicios públicos de calidad, nuestro sistema público de pensiones, y dar visibilidad a buena parte de la riqueza invisible de nuestra sociedad como es el trabajo de cuidados. Asimismo, nos permitiría hacer frente a retos urgentes que necesitan de cambios radicales que la lógica capitalista no contempla, como es la sustitución de hidrocarburos en el mix energético, hecho que a su vez reduciría nuestra dependencia energética del exterior.

Poner a trabajar los recursos humanos disponibles (y que despilfarramos dejándolos parados) para crear una riqueza que satisfaga buena parte de las necesidades desatendidas puede parecer un objetivo modesto para quienes acostumbran a proferir un discurso basado en el mero aumento de cifras y variables deshumanizadas, pero lo que está claro es que movilizarlos no depende de restricción exterior alguna. La soberanía monetaria es el pilar sobre el cual la izquierda ecologista y feminista puede levantar un sistema diferente. Por otro lado, los efectos contra la precariedad derivados del pleno empleo para acabar con el ejército de reserva de trabajadores bien deberían ser tenidos en consideración por los sindicatos para su revitalización en la lucha por la distribución. La sociedad necesita abrazar la Teoría Monetaria Moderna.