Hoy sabemos con certeza que las bases del llamado milagro económico español fueron la burbuja inmobiliaria, el endeudamiento y la corrupción. No en vano, en los últimos treinta años se ha producido una transformación radical de nuestra estructura productiva. En este tiempo el peso de la industria ha caído desde el 28% hasta el 15%, mientras que la actividad inmobiliaria y la construcción ha crecido desde el 17% hasta el 29%.

Pero el ladrillo y cemento se propulsaban gracias a la actividad financiera. El papel del sistema financiero –bancos y cajas de ahorro- ha sido fundamental para alimentar la burbuja inmobiliaria y la actividad económica derivada. Y el lugar de España dónde más peso ha tenido y tiene el capital financiero es sin duda Madrid. De hecho la comunidad madrileña es una anomalía dentro de España. Mientras el peso medio del sector financiero en la economía regional española era antes de la crisis del 5%, en Madrid superaba el 7%. Madrid ha sido el corazón de las finanzas españolas, muy dependientes a su vez de las relaciones establecidas con las empresas constructoras e inmobiliarias y de las relaciones políticas.

De ahí que las cajas de ahorro hayan sido el instrumento central que casaba los intereses políticos con los empresariales. Eliminada su función social originaria, las cajas han sido el nido de corrupción que engrasaba el crecimiento económico a la española. Y hablar de Madrid es también hablar de su principal caja de ahorros, CajaMadrid-Bankia. Y hablar de Madrid es hablar de las grandes empresas de la construcción como FCC, Acciona o OHL. Todas ellas muy bien relacionadas políticamente, hasta el punto de absurdos como el que llevó a OHL a anunciar antes que el ministerio de Fomento una ley de rescate de las autopistas madrileñas quebradas –y que obviamente beneficiaba a la propia OHL. Su crecimiento económico les ha permitido, además, expandir sus negocios fuera de las fronteras españolas y también fuera de sus sectores originales. Hasta el punto que podría decirse que dejaron de ser, en esencia, empresas constructoras. Y ello ha alimentado ampliamente la concentración del poder económico en toda España, quedando así en manos de una élite económica rentista que por lo general es parasitaria del poder político y de sus favores. Una clase empresarial del siglo XIX encubierta por la retórica posmoderna. Un puñado de millonarios que determinan el destino de la población española en reuniones celebradas en palcos vip de fútbol y en oscuras negociaciones en despachos oficiales.

Madrid, la comunidad del tamayazo, sabe mucho de eso. Es consciente de que la oligarquía madrileña, ese matrimonio clientelar entre el poder económico y el poder político, va a usar todo su inmenso poder para evitar cualquier cambio político. Hasta ahora han conseguido determinar qué rescates económicos son prioritarios, como los de la banca, la autopistas o la empresa Castor. Y ello mientras se recorta en Sanidad y Educación. Miles de millones públicos que de forma democrática van directos a los bolsillos de la oligarquía. Un saqueo democrático orquestado por esa oligarquía. Pero también sabe la oligarquía madrileña que tiene que cerrar el paso a cualquier alternativa, sea con el clásico transfuguismo o usando a todos los poderes del Estado. Ello incluye, claro está, el uso arbitrario de la –mal llamada- justicia. Una oligarquía que está más débil que nunca, pero que mantiene aún una influencia que penetra con enorme fuerza en parte de las organizaciones políticas dominantes. Sólo así se puede entender el fenómeno de las tarjetas black, que es sólo la anécdota de una gran estafa que pagamos entre todos. Blesa, Granados, Bárcenas, Moral Santín y el resto de ladrones y cómplices silenciosos son sólo simples piezas de un tablero de ajedrez mucho más amplio al que tenemos que dar una patada.

Hay una ventaja, una esperanza: no claudicaremos. Quienes pensamos que este país merece una oportunidad, para la decencia y para la transformación social, sabemos que es indispensable acabar con el poder de esta oligarquía. Que el poder ha de ser devuelto al pueblo. Las grandes empresas y sus representantes políticos vasallos temen, por encima de todo, la democratización de la economía. Temen una alternativa de izquierdas que devuelva los recursos y el poder al pueblo.

Sabemos, por eso mismo, que enfrentamos innumerables obstáculos. Las élites no sólo han corrompido las instituciones democráticas, que necesitamos recuperar, sino que sus estrategias y tácticas son más propias de la mafia. Pero unidos somos más fuertes. Nos jugamos un modelo de sociedad; nos jugamos la capacidad de satisfacer nuestras necesidades más básicas; nos jugamos nuestros empleos; nos jugamos la democracia. Apartemos egos, apartemos liturgias y concentrémonos en la oportunidad histórica que tenemos por delante.