En torno al Estado de Bienestar

Ángel Martínez González-Tablas, Santiago Álvarez Cantalapiedra y Lucía Vicent Valverde

FUHEM Ecosocial

Funciones

El Estado de Bienestar no es la respuesta a todos los problemas de una sociedad compleja, pero ha desempeñado, y debe seguir desempeñando, funciones esenciales para la construcción de una sociedad en la que sus miembros puedan desarrollar una vida digna y sostenible. Es la expresión institucional que ha adoptado la reforma social en los países del occidente europeo en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, permitiendo logros importantes en el bienestar social y en el desarrollo político de unas sociedades donde la tensión entre capitalismo y democracia siempre ha estado presente como consecuencia de los conflictos sociales que surgen entre clases con posiciones e intereses incompatibles. Ha servido, en consecuencia, para pacificar las relaciones sociales, mediando en el conflicto laboral y ofreciendo canales para la concertación entre las grandes organizaciones del mundo del trabajo y la esfera patronal.

Pero sus funciones no se han limitado únicamente a esta importante labor de mediación. La construcción del Estado de Bienestar ha estado animada también por un impulso «desmercantilizador», preservando espacios en la sociedad al margen del mercado, o cuando menos, mitigando su influencia por algún tipo de regulación social de acuerdo a unos criterios diferentes a los de la mera rentabilidad privada. Igualmente ha ofrecido a la ciudadanía una importante red de seguridad frente a riesgos que no son puramente aleatorios sino que están dotados de cierta regularidad sociológica, esto es, a «riesgos sociales» vinculados a la clase social de pertenencia, la trayectoria laboral, la edad o la enfermedad. Tampoco puede ser desdeñada su contribución a la igualdad de oportunidades a través de su vertiente redistribuidora y las soluciones económicas que ha ofrecido al combatir el subconsumo social y desplegar elementos funcionales a la acumulación de capital y el desarrollo económico.

Estas cinco funciones básicas –pacificación de las relaciones sociales, impulso desmercantilizador, protección social, redistribución y desarrollo económico–, que el Estado de Bienestar ha podido desarrollar a través de un sistema fiscal progresivo, un gasto público con fuerte componente social y una regulación principalmente en el ámbito laboral, reclaman en la actualidad ser completadas con nueva funciones capaces de afrontar nuevos desafíos: la transición socioeconómica inducida por la asunción de la sostenibilidad ambiental, el reconocimiento de la diversidad en realidades cada vez más multiculturales y la adecuada articulación –cada día más necesaria– con el bienestar generado desde los ámbitos doméstico y comunitario.

Esta combinación de funciones tradicionales y de nuevos desafíos suscita la necesidad de un replanteamiento adaptado a los tiempos, tanto en lo que hace a las prioridades, como a la asunción pragmática de lo que en cada contexto es posible. En todo caso, hay un núcleo de cohesión social imprescindible para afrontar los problemas actuales y los retos del cambio global con las transiciones que conlleva. Las sociedades que sepan preservarlo estarán en mejores condiciones para abordarlo eficazmente, algo que sería difícil sin la capacidad redistributiva y la cobertura de necesidades básicas que puede aportar una acción estatal comprometida con el bienestar de los ciudadanos.

Fundamentos económicos y base sociopolíticas del Estado de Bienestar

La posición relativa en la división internacional del trabajo y el nivel de renta determinan lo que en términos absolutos puede aspirar cada sociedad, pero el porcentaje de gasto social sobre el PIB es una referencia relativa, que toma en cuenta el ingreso de cada sociedad y lo compara con lo que practican y son capaces de asignar otras. No todas las sociedades con un nivel de renta similar y una inserción parecida en la economía mundial deciden tener el mismo compromiso con el bienestar social. El caso español resulta significativo cuando se atiende a los bajos niveles de ingresos fiscales y gasto público social por habitante en comparación con países de nuestro entorno.

El tipo y grado de Estado de Bienestar de que quiere dotarse una sociedad es una opción estrictamente interna y propia de ella, que sólo puede construirse y mantenerse si se dispone y se reproducen unos sólidos fundamentos sociopolíticos que lo sostengan.

Producto de una trayectoria histórica y de unas determinadas estructuras económicas y sociales, esos fundamentos existieron en la parte central del siglo XX: ascenso y fortaleza sindical, existencia de un modelo alternativo al capitalismo, lucha antifascista y esfuerzo bélico, socialdemocracia como opción de gobierno con perfil propio.

Actualmente han cambiado las estructuras económicas y sociales originarias, se han erosionado los fundamentos específicos (retroceso sindical, fracaso de la experiencia del socialismo real, dilución del antifascismo, vaciamiento del proyecto socialdemócrata), ha ascendido la globalización neoliberal y existe un nuevo predominio de las finanzas, que han hecho que la distribución primaria haya evolucionado en beneficio del capital y en perjuicio del trabajo.

Sin una base sociopolítica sólida que defienda y desarrolle el Estado de Bienestar, existe el riesgo de que se degrade, aunque el ritmo y el grado puedan variar de unas sociedades a otras, en función de factores internos, del contexto y de la funcionalidad que conserva para la reproducción del sistema socioeconómico imperante. Se hace necesario para su profundización tejer alianzas entre los diferentes sectores sociales comprometidos con la defensa de lo público y la construcción y administración de espacios y recursos comunes.

Viabilidad económica

No existe una viabilidad económica en abstracto, lo viable se determina en concreto en función de las circunstancias y de los criterios que se utilicen para evaluarla.

Dos circunstancias genéricas diferencian el presente del pasado que acogió el ascenso del Estado de Bienestar, restricciones reales que deben ser tenidas en cuenta. En primer lugar, un contexto de estancamiento económico tendencial en vez del anterior entorno de crecimiento (cambio debido a causas profundas que aquí no analizamos y nos limitamos a constatar). En segundo lugar, las exigencias que se derivan de la urgencia de adoptar una senda de sostenibilidad medioambiental en vez de transitar por la imposible prolongación de los combustibles fósiles, de la ignorancia de los límites físicos del planeta y de la explotación del mundo subdesarrollado.

Otras circunstancias son contingentes, dominan el presente y determinan lo que es compatible y, desde su perspectiva, lo que es o no viable, pero sólo son restricciones reales en la medida en la que consigan mantener su posición dominante. La primera es la financiarización y, en particular, la libertad irrestricta de movimiento de capitales. La segunda es la mundialización de la producción, con sus secuelas de deslocalización y de interconexión indirecta de los mercados laborales del mundo. La tercera es la intensa liberalización del intercambio de bienes y servicios a través del comercio mundial, con el consiguiente establecimiento de nuevas referencias de competitividad y especialización. La cuarta es un nuevo marco institucional inspirado por el neoliberalismo, cuya plasmación en diversas escalas espaciales se presenta como un dato en vez de cómo una variable abierta a la opción social.

Cualquier planteamiento de Estado de Bienestar tiene que tomar en cuenta las circunstancias genéricas porque tienden a ser duraderas e influyen de forma objetiva en la viabilidad económica. Es importante que las propuestas que se realicen para un Estado de Bienestar futuro consideren que la importancia del mismo no puede seguir dependiendo del crecimiento económico. Los límites físicos del planeta deben ser asumidos con urgencia. Esta circunstancia genérica –los límites físicos–, sitúa a la redistribución de la riqueza como garante de la protección del conjunto social.

Por su parte, las circunstancias contingentes también determinan lo que es o no viable, pero sólo en tanto en cuanto los grupos sociales que las promueven conserven la capacidad para establecer las reglas de juego de acuerdo con sus intereses. La sociedad tiene que tomar conciencia de que esta virtualidad es tautológica, porque deja de ser viable únicamente aquello que esos grupos proclaman que no lo es, de forma que si no se consigue erosionar su dominio se evolucionará hacia un Estado de Bienestar que únicamente convenga a sus planteamientos, resultando todo lo demás inviable.

Alternativas

Estamos en un tiempo nuevo y no ha lugar a la mera defensa de la herencia recibida por trayectoria histórica. La sociedad debe atreverse a replantear tanto funciones como medios para poder preservar los objetivos de fondo con nuevos contenidos.

En la actualidad de los Estados de Bienestar se manifiesta una acumulación de tensiones institucionales y financieras que no cabe asociar únicamente a las embestidas neoliberales; también expresa la dinámica de la globalización, la financiarización y las transformaciones de los marcos laborales. Junto a ello, las bases sociales y económicas sobre las que se construyó el Estado de Bienestar han variado, viéndose sometido a límites de diferente naturaleza -económicos, financieros, democráticos, demográficos, etc.-, al mismo tiempo que surgen nuevas necesidades sociales que atender de la mano de los cambios acaecidos: tanto el envejecimiento de la población como las necesidades de atención social de las personas dependientes, la inmigración, las nuevas formas familiares, la precariedad laboral y los riesgos emergentes asociados al deterioro ecológico y climático, generan cambios en los colectivos vulnerables que no encuentran suficiente cobertura en los esquemas generales y homogéneos de modelos pretéritos del bienestar social.

Las propuestas neoliberales de individualización del riesgo y de desresponsabilización de la sociedad ni son inevitables ni son deseables, pues conllevan la degradación de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, tienden a excluir a los más desfavorecidos y no mejoran los resultados agregados de la sociedad en términos de renta y de bienestar.

Las propuestas de corte comunitario que a la vez critican la regulación mercantil y la intervención del Estado pueden suponer un salto en el vacío que, a la postre, haga el juego a los poderes establecidos, al despreciar lo que puede conseguir la acción de un Estado con respaldo social.

En consecuencia, ni el modelo de individualización del aseguramiento por cauces privados y mercantiles, ni la mirada hacia formas comunitarias de cobertura de los riesgos sociales carentes de una propuesta universal de ciudadanía social, serán alternativas válidas.

La adecuación del Estado de Bienestar a las necesidades y desafíos planteados sólo será posible si los ingresos públicos son suficientes, las prioridades del gasto estatal coherentes, la gestión que se utiliza es la mejor dentro de las disponibles, los procesos de control alcanzan el máximo rigor y se contempla como algo central la participación democrática de la sociedad civil.

La existencia de unos ingresos públicos equitativos y suficientes depende de la estructura de impuestos y de la presión fiscal efectiva. Avanzar en la progresividad de los sistemas fiscales y en la innovación impositiva de corte ecológico resulta crucial para garantizar la viabilidad financiera de un Estado de Bienestar capaz de combinar viejas y nuevas funciones.

Conseguir que el gasto público esté regido por prioridades fuertes implica asumir que no todo lo deseable puede acometerse al mismo tiempo y que la asignación de recursos tiene que responder a un equilibrio de funciones que haya sido establecido a través de procesos deliberativos profundamente democráticos.

Buscar la gestión más eficaz y el control más riguroso no siempre comportará el simple mantenimiento de las prácticas establecidas. Hay que aceptar el desafío que conlleva la variedad de medios de suministro de los bienes y servicios por los que se ha optado y desarrollar una posición propia que diferencie entre: 1) la fijación de objetivos y prioridades, regulación y financiación que corresponden a los poderes públicos; 2) la gestión del suministro, que debe ser función de la naturaleza de los bienes y servicios, y de las opciones de cada sociedad; 3) la transparencia, el control analítico y el ajuste continuo en función de resultados, que corresponden a los poderes públicos como últimos garantes de los mismos. La defensa del Estado de Bienestar en toda su potencialidad, implica también asumir el reto del continuo perfeccionamiento de la intervención pública y la necesidad de corregir los errores o disfuncionalidades que pueden existir en los procesos hasta ahora practicados.

De nada serviría el aumento de la proporción del excedente bajo control estatal si no se reforma al propio Estado poniéndolo bajo el control democrático de la ciudadanía. Evitar tendencias corporativas en la provisión del bienestar, neutralizar los sesgos en la política social que impiden la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y desburocratizar y acercar la gestión a los ciudadanos, exige un Estado de Bienestar democrático por la vía de una participación y una descentralización capaz de detectar y acoger las aspiraciones políticas y las necesidades de los diferentes sujetos sociales. En suma, el desafío de un Estado de Bienestar más democrático, flexible, eficaz y adaptado a la sociodiversidad y los desafíos que tenemos planteados.