En un nuevo atropello a la alta política, ha dispuesto Podemos un autobús con monigotes para denunciar la trama de los grandes poderes y se ha puesto a recorrer Madrid como una línea circular, con paradas en compañías eléctricas, sedes de bancos y partidos. El tramabús olvidó detenerse ayer en el Ministerio de Fomento, donde su titular, Iñigo de la Serna, anunciaba que, una vez rescatadas a escote las autopistas quebradas, piensa volver a adjudicarlas limpias de polvo y paja al sector privado para recuperar algo de lo apoquinado y ahorrarnos los costes de mantenimiento. Estamos, justo en este orden, ante un nuevo ejercicio de socialización de pérdidas y privatización de beneficios, que es, junto con la caza y el canapé en el palco del Bernabeu, la afición favorita de nuestra clase acomodada.

Tan circular como el bus de Pablo Iglesias es esta historia que vuelve a repetirse. En los años 80 del siglo pasado el Estado tuvo que crear la Empresa Nacional de Autopistas para gestionar varias infraestructuras ruinosas que los emprendedores de turno nos habían endilgado. Cuando la sociedad pública era rentable se adjudicó en subasta a Sacyr. Ahora, una vez liquidadas sus concesionarias y soltar a tocateja no menos de 5.500 millones de euros, pasarán a ser públicas las radiales de Madrid R-2 (Madrid-Guadalajara), R-3 (Madrid-Arganda), R-4 (Madrid-Ocaña) y R-5 (Madrid- Navalcarnero), la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, la AP-7 Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y el eje M-12 a Barajas. Todas ellas habían venido recibiendo desde 2009 ayudas para pagar los gastos financieros de su deuda. Sin “mochila”, tal fue la expresión del ministro para referirse al petroleado de bajos que se ejecutará con sus balances, volverán a privatizarse porque “son viables”.

Gracias a la inteligente planificación de nuestras autoridades, España dispone de red de autopistas más larga y con menos tráfico de Europa. Para dar forma a este disparate, y obviando cualquier análisis serio de costes y beneficios, se recurrió al modelo de cooperación público-privada, por el que desde los años 90 se adjudicaron 16 concesiones a 14 empresas para construir y explotar cerca de 800 kilómetros de autopistas de peajes que, en su mayoría, están quebradas o en proceso de liquidación.

Para todas ellas funciona la llamada responsabilidad patrimonial de la Administración. Este mecanismo es el que permite a los florentinos y villarmires de turno acometer estas infraestructuras ruinosas con el paracaídas de nuestros esquilmados bolsillos. El sistema funciona así: los señores del ladrillo hacen las obras y cobran por ellas con su beneficio correspondiente gracias a los créditos facilitados por la bancos. Simultáneamente, constructores y bancos gestionan las empresas concesionarias de las vías, todas ellas con un capital ridículo frente a la enorme deuda que acumulan. Así, cuando sobreviene la insolvencia, que es lo habitual, lo perdido es irrelevante.

Los bancos participan gustosos en ese juego porque una vez que la concesión se resuelve anticipadamente por la quiebra de la adjudicataria es el Estado, por eso de su responsabilidad patrimonial, el que ha de abonar todo lo invertido en expropiaciones, construcción y bienes necesarios para su puesta en servicio. Aquí paz y después gloria hasta el hartazgo.

En su etapa en Fomento, Ana Pastor, que fue la que se encontró con el tomate, había dispuesto un plan irrealizable, consistente en nacionalizar las vías, aplicar una quita del 50% a la deuda y emitir bonos a 30 años por el pufo restante. ¿Que por qué es imposible? Pues porque los bancos no piensan asumir la quita y porque en algunos casos ya cedieron la deuda a fondos buitres, que no han llegado para perder dinero sino para multiplicarlo. Así que o se paga a tocateja o se espera a que los tribunales dicten lo propio, pero de los 5.500 millones no hay quien nos baje ni quien salve.

Dice De la Serna, que es un tipo con un gran sentido del humor o con un cinismo incontenible, que la nueva licitación se hará en otras condiciones para evitar el problema actual. Si todo transcurre por los cauces esperados, otra empresa pública, Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres) se hará cargo del asfalto en quiebra y lo volverá a sacar a concurso en una novísima reedición del mito del eterno retorno.

Este bucle de privatizar, nacionalizar y volver a privatizar hasta provocar diabetes a los amigos de turno de tanto dulce que les llega envuelto en celofán, no se produce en otros países porque sus Estados no extienden ninguna red de seguridad para los trapecistas del alquitrán y porque éstos, que se juegan su dinero, se aseguran de que en las vías que acometen habrá tráfico y serán rentables o se verán abocados a la ruina. Tramas tendrán, porque aquí no se ha inventado ni eso, pero el expolio, al menos, es bastante más discreto.

El autobús de Podemos ya sabe dónde dirigirse en estos días, siempre y cuando pague el peaje correspondiente, que de eso nadie le va a librar. Mientras, en el Congreso, no estaría de más que alguien exigiera responsabilidades, por eso de que la ciudadanía vea que sus representantes se toman algo en serio.