A poco que se lean las diferentes informaciones sobre el juicio del caso Nòos es imposible no percatarse de la falta de independencia de la justicia, uno de los grandes males de nuestra sociedad y de cualquier democracia. Que la separación de poderes es indispensable para la salud de la democracia lo sabemos desde hace tres siglos, como también sabemos que los poderosos se empeñan en hacer todas las trampas posibles para evitarlo.

La doctrina Botín y la doctrina Atutxa

El comportamiento de la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, la supuesta afectada, y la Fiscalía es más propio de un abogado defensor que de los representantes del Estado, lo que resulta bastante preocupante. Si yo fuera cualquiera de ellos no dormiría muy bien y me sentiría muy culpable de las heridas que le están haciendo a la justicia y a la sociedad. Creo que no es el caso porque ojeras no se les percibe, si acaso orejeras.

En su ánimo de intentar salvar a la Infanta Cristina con la aplicación de la conocida doctrina Botín parece ser que están dispuestos a lo que sea. Dicha doctrina, lo que hace es limitar la actuación de la acusación popular.

La acusación popular complementa a la Fiscalía y a la acusación particular, la parte afectada, y su funcionalidad es necesaria porque en determinados casos tanto la acusación particular como la Fiscalía terminan por ser lo mismo. Esto se da, sobre todo, en los casos de corrupción, en los que tanto el acusado, como la acusación particular y la Fiscalía pueden tener los mismos intereses dado que pueden depender finalmente del gobierno o, al menos, que éste tenga interés marcado.

Por tanto, la acusación popular es una garantía que impide que acusación particular y Fiscalía acuerden evitar la condena de un político, un poderoso, un miembro de la Casa Real o alguien afín.

Cuando se aplicó la doctrina Botín lo que se quiso fue limitar la acción de la acusación popular a casos en los que la sociedad quede afectada, impidiendo que un posible delincuente sea juzgado y un posible delito sea castigado si ello no sucede. Curioso, muy curioso, salvaguardar a un delincuente por mucho que su afectado no le acuse.

En el caso Botín, aunque el juez le hubiera podido considerar culpable -o inocente-, no tuvo la oportunidad de juzgarle, pues la acusación particular y la Fiscalía no acusaron y la acusación popular no tuvo la posibilidad de hacerlo. Salvado por una doctrina hecha a medida.

Poco después llegó la doctrina Atutxa que volvió a redefinir los límites de la acusación popular, ya que permitió que este fuera juzgado incluso en contra de la opinión de la Fiscalía. Lo hizo porque consideró que en su caso, a diferencia de lo que sucedió con Botín, todos éramos afectados y por ello mismo la acusación popular se podía ejercer como tal.

Casualmente, ambas doctrinas se hicieron a medida de los deseos del gobierno: eximir a Emilio Botín y condenar a Atutxa.

Y llega la Infanta...

De ahí que la Abogacía del Estado haya afirmado sin ningún pudor que "Hacienda NO somos todos" y que si nos lo creímos alguna vez fuimos muy inocentes. Eran cosas del marketing, como los detergentes.

Por lo que se ve, en la desesperada búsqueda de salvar a la Infanta y que su caso se asemeje más al de Botín que al de Atutxa, el Estado está dispuesto a cometer cualquier tropelía y reconocer cualquier barbaridad. Hay que recordar, por ejemplo, que la Agencia Tributaria ha llegado a aceptar a la Infanta Cristina desgravarse con facturas falsas o deducirse impuestos con empleados imaginarios, todo ello para rebajar la cuantía defraudada.

En la práctica, si se aplica a la Infanta la doctrina Botín o se crea una doctrina para salvarla, lo que algunos ya llaman la doctrina Borbón, lo que se produciría es una estruendosa injerencia del gobierno en la justicia. Una nueva trampa.

Las otras trampas de los poderosos

Las doctrinas no son las únicas trampas que existen para evitar que aquellos que son culpables sean condenados y/o cumplan su condena. El indulto, la imposibilidad de citar a declarar o juzgar al Rey, el aforamiento o los nombramientos en los principales entes por el gobierno, ya sean judiciales (ministerio de Justicia, Fiscalía o diferentes tribunales) o no judiciales, constituyen claras injerencias del poder ejecutivo y/o legislativo en el judicial.

Necesidad de una reforma

Independientemente del destino de la Infanta, que me temo no será la cárcel, o que los reyes no puedan ser juzgados o llamados a declarar, y más allá de la impotencia y frustración que ello pueda generar, es necesario plantear reformas que cambien por completo el sistema y eviten estas trampas. Independizar la justicia mejoraría la salud de la democracia y terminaría con un descrédito que amenaza con carcomer todo el sistema. Este es un debate que los grandes medios de comunicación evitan centrándose en la parte más rosa, teatral o sensacionalista del asunto.

Reformas necesarias

Eliminar el indulto y los aforamientos resulta imprescindible. En el ánimo de separar los poderes ayudaría convertir determinados cargos en electos, de tal forma que los mismos respondan directamente ante los ciudadanos, independientemente del partido que gobierne.

Si la Abogacía del estado, la Fiscalía, Hacienda, el ministro de Justicia, los miembros del TGPJ y otros cargos fuesen elegidos por los ciudadanos e, incluso, pudieran ser cesados por ellos, seguramente no tendríamos que vivir situaciones tan bochornosas como la actual.

Estas propuestas son muy difíciles de materializar dado que generarían un grado de incertidumbre en los poderosos a lo que no están dispuestos. Perderían el as que guardan bajo la manga.

Para defenderse de posibles reformas alegan, por ejemplo, que el indulto es una herramienta fundamental para que una persona condenada que ha rehecho su vida evite la cárcel, pero lo cierto es que ese ciudadano les importa bien poco. Lo que les importa es poder indultar a políticos corruptos, que es el indulto más frecuente en proporción (entre los años 2000 y 2012 fueron 226).

Ni que decir tiene que conseguir que los reyes, porque tenemos más de uno, puedan ser citados a declarar o juzgados es poco menos que una quimera (y más con lo que sabemos que ha sucedido). Por desgracia, es muy difícil transformar nuestro país en una democracia avanzada porque estas propuestas deberían estar en Congreso y en los medios de comunicación, no en un blog. Seguiremos intentándolo...

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y autor de las novelas "Código rojo" (2015) y "Un paso al frente" (2014).

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