Alvaro Chueca Gómez

Estudiante del Máster en Economía Internacional y Desarrollo en la UCM

Vivimos tiempos revueltos. Con la caída de iure en 1991 de la Unión Soviética (de facto el socialismo cayó varios años antes, valga la famosa imagen del McDonalds abierto en 1990 en la Plaza Roja de Moscú), el capitalismo (y su ya incipiente expansión neoliberal con los gobiernos de los 80 de Reagan y Thatcher) se hegemonizó en todos los aspectos (político, económico, cultural, social...) como única doctrina económica viable para cualquier sociedad. La caída del denominado Bloque del Este supuso el final de la Guerra Fría, si bien algunos conflictos derivados de este período histórico todavía permanecen vigentes, tales como el bloqueo económico, comercial y financiero de los EEUU a Cuba, o la división de la península de Corea en 1948 en dos países con sistemas económicos radicalmente opuestos (recordemos que estos dos países, Corea del Norte y Corea del Sur, todavía siguen oficialmente en guerra ya que solamente en 1953 aceptaron firmar un armisticio).

En Latinoamérica en el último lustro hemos visto una sucesiva caída de varios de los gobiernos progresistas que gobernaron la región con políticas redistributivas de ingresos, iniciado con el “impeachment” (juicio político iniciado por el parlamento del país, característico del continente americano) al presidente de Paraguay Fernando Lugo, lo que le llevó a ser destituido en 2012. Macri ganó las elecciones presidenciales en Argentina en 2015, y de nuevo otro juicio político realizado en 2016 en este caso a la presidenta electa de Brasil Dilma Rousseff supuso la llegada al poder del vicepresidente Michel Temer. Sin olvidar la deplorable situación económica en Venezuela (habría que analizar los motivos), que propició que la oposición al chavismo ganara las elecciones parlamentarias de 2015, o el rechazo en febrero de este año al referéndum de Evo Morales para intentar volver a presentarse a las elecciones presidenciales por cuarta vez. Sólo el presidente progresista de Nicaragua, Daniel Ortega (antiguo revolucionario del FSLN), logró revalidar su mandato con más del 70% de apoyo popular hace apenas un mes.

Actualmente podemos enumerar una serie de sucesos que han propiciado una situación convulsa a nivel internacional: el drama de los refugiados fruto de la guerra en Siria (sin olvidar la situación de inestabilidad -provocada por las intervenciones militares- debido al yihadismo en países como Libia -bombardeada por la OTAN en 2011-, Afganistán o Iraq -invadido por EEUU en 2003 sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU-) y los atentados que éstos han cometido en Europa, la reforma laboral en Francia que provocó numerosas manifestaciones el pasado verano (prácticamente silenciadas por las diferentes cadenas televisivas, que se limitaban a dar cobertura al torneo futbolístico que allí se celebraba en las mismas fechas), el preocupante auge de las extremas derechas europeas (Francia, Austria -cabe festejar su reciente derrota frente al candidato ecologista, aunque habría que hacer una reflexión más profunda-), las personas que cruzan el Mediterráneo para huir de la miseria (inducida) del continente africano, el “Brexit” británico... y hace apenas dos semanas el fallecimiento de una de las personas más influyentes (tanto para detractores como para partidarios de su causa) del siglo XX, Fidel Castro Ruz.

Ante este fallecimiento, comenzaron a aparecer voces al parecer expertas en la situación de la isla caribeña (nótese la ironía de mi apreciación), que sostenían la oportunidad histórica que tenía el país de abrirse al libre mercado y al capitalismo mundial, dado el fallecimiento del antiguo líder revolucionario. El que fuera Comandante en Jefe de la Revolución Cubana dejó el cargo de Presidente de la República de Cuba en el año 2008, cuando la Asamblea Nacional designó a Raúl Castro para sucederle, de manera que llevaba casi una década apartado de cualquier cargo público, por lo que su capacidad para implementar unas u otras políticas era inexistente (más allá de la influencia que pudiera tener como símbolo que era para el país).

Sin embargo, dicha situación de apertura económica ya se ha ido produciendo en el último lustro, desde que en el año 2011 se celebrara el VI Congreso del PCC. En él, se adoptó reconocer como unidades económicas a las cooperativas (privadas), trabajadores por cuenta ajena (los denominados “cuentapropistas”, permitidos en el país desde de la caída del bloque socialista en los años 90), los pequeños agricultores y a las diversas modalidades de inversión extrajera. Este año se celebró el VII Congreso, con el objetivo de actualizar los postulados que regían la economía cubana, donde se incorporó la propiedad privada de micro, pequeñas y medianas empresas (siempre de manera regulada y sin permitir que se produzca una concentración de riqueza). De esta manera, se acepta que la planificación estatal de la economía y la ley de la oferta y la demanda pueden complementarse y así beneficiar al país.

Un proyecto muy importante aprobado en el último Congreso fue la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, cuyos objetivos son el desarrollo económico-sostenible de la nación, la innovación tecnológica y la atracción de inversión extranjera. Está situado a 45 km. de La Habana, donde se sitúan los principales puertos de la zona, y ya cuenta con la presencia de 11 empresas internacionales que cuentan con el consentimiento de operar en la zona. Esto supone una apertura controlada al capital extranjero (en 2014 se aprueba la Ley de Inversión Extranjera), es decir, no se pretende aplicar la receta neoliberal de golpe (tal y como se hizo en Chile durante la dictadura de Pinochet, por ejemplo -muy bien explicado en “La Doctrina del Shock, de Naomi Klein-) ni que las multinacionales socaven la soberanía nacional.

En el Informe del VII Congreso, se detalla como la apertura al emprendimiento privado ha producido acaparación de alimentos y la posterior especulación con ellos (provocando la subida de precios), por lo que se sostiene que el sector privado debe ser sólo complemento de la labor del Estado como garante de derechos, no sustituto de éste.

En todo momento deja claro la subordinación del sector privado al interés general, con el estricto cumplimiento de la legislación vigente, reafirmando “la propiedad de todo el pueblo sobre los fundamentales medios de producción”. Por otro lado, y esto resulta muy clarificador, compara el proceso de actualización del modelo económico cubano con los casos de la República Popular China y Vietnam, donde la economía de mercado está plenamente vigente en la distribución de los recursos, por lo que si ese es el camino a seguir de la isla revolucionaria, terminará aceptando el capitalismo con todas sus consecuencias (sobre todo sociales).

Supone un primer paso en el reconocimiento de las relaciones de mercado (aunque éstas siempre queden supeditadas al bien común), acompañado de un incremento del peso del sector privado en el PIB cubano, lo que sumado al desbloqueo de las relaciones diplomáticas cubano-estadounidenses el año pasado y a la reciente derogación de la “Posición Común” (impulsada en su día por Aznar) de la UE con respecto al país caribeño, pueden poner a Cuba en un contexto social, político y desde luego económico que el pueblo cubano (y sólo el pueblo cubano, en clara alusión a la injerencia extranjera) deberá decidir. En efecto, vivimos tiempos revueltos.