La derecha fue derrotada sucesivamente cuatro veces seguidas, tiene todas las posibilidades de seguir perdiendo frente a la candidatura de Lula, y por eso resolvió abandonar la disputa electoral y buscar un atajo para volver al gobierno. De eso trata la crisis brasileña, de un golpe blando, que trata de reimplantar el programa neoliberal derrotado siempre por los brasileños.

El primer intento, a los pocos días de la nueva derrota electoral, en 2014, fue el recuento de los votos, que no les resultó. Enseguida vinieron las acusaciones de corrupción, y lo cierto es que ninguna de ellas tenía algún fundamento. El mismo Lula sigue viviendo en el mismo departamento en la periferia de San Pablo donde vivía antes de ser el presidente más exitoso de la historia del país; no posee ninguna otra propiedad.

En ese momento la derecha pasó a intentar el impeachment, sin que existiera nada que probara un crimen de responsabilidad. Simplemente se valen de un Congreso elegido con el poder del dinero, dado que por primera vez todo el gran empresariado estuvo en contra de la elección de un presidente en Brasil. El más corrupto de los políticos brasileños, Eduardo Cunha, se valió de eso para elegir una enorme bancada de parlamentarios conservadores, que todo el país ha podido retratar en poco tiempo no sin cierta vergüenza. No existe argumento jurídico, es una decisión política de sacar a una presidenta.

Ahora se preparan para gobernar, aunque Michel Temer se dice interino. Pero el economista neoliberal y banquero Henrique Meirelles ya anuncia medidas como la reducción del presupuesto en educación, medidas en contra de los derechos de los trabajadores, un durísimo ajuste fiscal, mientras que se anuncia que solo un 5% de los que reciben la Bolsa Família lo seguirían haciendo, lo cual significa quitar ese apoyo a 40 millones de brasileños.

La conciencia de que la democracia es el marco que ha posibilitado la conquista de tantos derechos y de que su ruptura será un proceso en contra de esos derechos, ha generado la oleada de manifestaciones populares más grande en la historia de Brasil. Movilizaciones que integraron a jóvenes, mujeres, hinchas de fútbol, artistas, intelectuales, movimientos sociales, sindicatos, los sin tierra, los sin techo, juristas, y amplios sectores de la opinión pública y de la sociedad brasileña. Al mismo tiempo, cuenta con una condena internacional unánime, de los medios a las organizaciones, de la ONU a la Cepal, de la OEA al Mercosur y a Unasur y a Celac.

Frente a esa situación, crece enormemente la reivindicación de nuevas elecciones, apoyada incluso por sectores favorables al impeachment, como el periódico Folha de Sao Paulo y Marina Silva. Propuestas que no prosperan en el Congreso, pero que puede finalmente concretarse por la vía del Senado a través de la convocatoria de un plebiscito en el que se le pregunte al pueblo si quiere nuevas elecciones.

Total, es un período de disputa, que viene para largo en Brasil. A la derecha le interesa valerse de un gobierno sin apoyo popular (Temer tiene el 1% del respaldo en las encuestas, lideradas por Lula) y sin legitimidad, para pasar un paquete de revancha social, similar al de Mauricio Macri en Argentina. Y buscar algún pretexto para intentar sacar a Lula de la vida política, porque todo lo que hagan allanará todavía más su camino.

Para la izquierda se trata, todavía, de impedir que se concrete el golpe y, en caso de que se dé, pelear por nuevas elecciones inmediatas, alternativa que tiene un apoyo ampliamente mayoritario de la población. En cualquier caso, la inestabilidad aumenta y no disminuye con el proceso de impeachment, de modo que Brasil saldrá de la crisis como un país diferente.