FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

Hoy y mañana, el Consejo Europeo de Bruselas tendrá que abordar, entre otras cosas, posibles soluciones a la crisis del Tratado de Lisboa. La entrada en vigor del mismo estaba prevista para el 1 de enero de 2009. Sin embargo, el resultado negativo del referéndum celebrado en Irlanda el 12 de junio de 2007 ha impedido su ratificación y, por tanto, la vigencia del Tratado. El rechazo en la consulta situó a la Unión Europea en una situación incómoda: si se obliga a repetir el referéndum, se estará promoviendo una actuación antidemocrática, pues las consultas populares no se repiten hasta que salga el resultado apetecido por los gobernantes.

Si, por el contrario, se acepta el resultado, se estará obligando a más del 99% de la población europea a someterse al criterio de menos del 1%, lo que resulta igualmente antidemocrático.

En el marco normativo actual de la UE, todas las soluciones posibles serán siempre discutibles desde el punto de vista de su legitimidad democrática. No lo serían si hubiera habido un referéndum europeo (modificando para ello lo que fuera necesario tanto en el nivel europeo como en los estatales) en el que el voto de cada persona tuviera el mismo valor. De momento, el voto del electorado francés y holandés en el Tratado Constitucional, y el voto del electorado irlandés en el de Lisboa han sido los decisivos. La no ratificación por parte de un solo Estado impide que los textos entren en vigor, al exigir el artículo 48 del Tratado de la UE la aprobación unánime de todos los países miembros. La UE sigue siendo un asunto de Estados, y no será una estructura plenamente democrática hasta que la ciudadanía tenga voz propia en un espacio público de dimensión europea.

Fueron los Estados los que idearon, en el Consejo Europeo de Bruselas de los días 21 y 22 de junio de 2007, la solución a la llamada crisis constitucional mediante un Tratado de reforma que ya no se llamaría Constitución, sino que pasaría a denominarse Tratado de Lisboa. Esos mismos Estados que previamente habían decidido llamar Constitución al Tratado y, como si de un juego de magia se tratara, pasaron a definirlo como Tratado de Lisboa con el mismo contenido. Ahora sí, ahora no: una vez es Constitución y a la siguiente es Tratado. Fueron también los Estados los que dijeron (Francia en este caso) que iban a hacer un minitratado que, finalmente, terminó convirtiéndose en un maxitratado disperso en distintos instrumentos normativos que suman más artículos de los que tenía el Tratado Constitucional.

Parece que la ciudadanía (irlandesa, en este caso) no ha apreciado ese juego de magia y no ha valorado positivamente el cambio de nombre de Constitución por Lisboa. No podemos saber si lo que no le gustó a la ciudadanía irlandesa fue el contenido constitucional del Tratado de Lisboa, su forma de Tratado o el cambio de nombre. O quizás lo que no le gustó fue tanto lío. Lo que sí sabemos es que el Tratado de Lisboa no entrará ya en vigor el 1 de enero de 2009, como estaba previsto, y que la crisis no era, como se había dicho, una crisis constitucional, sino una crisis de la UE, que supone un cuestionamiento profundo del modo en que Europa se sigue construyendo, con fórmulas que han resultado eficaces durante 50 años pero que están ya agotadas. El proyecto europeo es demasiado serio para dejarlo en manos de los Estados. Ya es hora de que la ciudadanía tome la palabra.

Francisco Balaguer Callejón es Catedrático de Derecho Constitucional