El triunfo de las derechas neoliberales con la ayuda de los independentistas

Dos acontecimientos políticos están ocurriendo en España que marcarán el futuro de este país de una manera muy notable. Uno es el juicio de los presos políticos independentistas, que está contribuyendo a la polarización política del país entre unionistas y secesionistas (conocidos también como independentistas), polarización que errónea y maliciosamente se presenta como el conflicto entre España y Cataluña, ignorando, por cierto, que la mayoría de catalanes no son independentistas. Este juicio está siendo utilizado por las derechas españolas (PP y C’s), que se han ido derechizando cada vez más como consecuencia de la aparición electoral y mediática de Vox (que les está sustrayendo parte del electorado), y también por los secesionistas, como elemento clave de su campaña electoral, preparándose para las elecciones generales que el presidente Sánchez ha anunciado que se van a celebrar el 28 de abril, dentro de menos de dos meses. El discurso del presidente de ERC y exvicepresidente del gobierno independentista catalán, Oriol Junqueras, presentado como una serie de respuestas a las preguntas de su abogado durante su comparecencia en el juicio, encaja plenamente en esta línea estratégica movilizadora del voto a favor de la independencia, que incluye, por cierto, un sector importante de no independentistas indignados con la represión del Estado español y con la evidente falta de neutralidad de la sala segunda del Tribunal Supremo, presidida por el juez Marchena.

El enorme déficit democrático del Estado español

En realidad, tal juicio es un indicador del enorme déficit democrático del Estado español, producto de un proceso de transición de la dictadura a la democracia que distó mucho de ser modélico pues era el resultado de un gran desequilibrio de fuerzas entre los herederos de los vencedores de la Guerra Civil y los herederos de los vencidos. Los primeros tenían control de todos los aparatos del Estado y de la gran mayoría de medios de comunicación, y los segundos acababan de salir de la cárcel, o de volver del exilio, todos ellos recién salidos de la clandestinidad. Ni que decir tiene que las movilizaciones populares y muy en especial las del movimiento obrero (España tuvo el mayor número de días laborales perdidos debido a huelgas de Europa) durante el período anterior a la Transición fueron determinantes para provocar el fin de aquel régimen dictatorial. Pero las instituciones del Estado que canalizaron el cambio estaban dominadas por los sucesores del régimen, y estos tuvieron el poder para poder configurar el contexto dentro del cual se ejercía la vida política.

Ello explica que, a pesar de notables avances durante el período democrático, el hecho es que continua el gran subdesarrollo social de España y la permanencia de la visión uninacional del Estado central con una dimensión represiva muy acentuada y un compromiso social muy limitado, tal como documenté en mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país (escrito en 2002), y todavía hoy continúa siendo uno de los países de la UE-15 con mayor número de policías por cada 10.000 habitantes y, a la vez, con uno de los porcentajes más bajos de la población adulta trabajando en los servicios del Estado del bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social y un largo etcétera.

Un claro ejemplo de este dominio conservador del Estado es su aparato judicial y su protagonismo en la vida política del país. Lo que ocurre estos días en el enjuiciamiento de los dirigentes independentistas es un indicador de ello. El Tribunal Supremo que juzga a tales presos políticos ha autorizado a un partido ultraderechista, VOX, a personarse como acusación popular contra los presos, legitimándolo (partido que debido a su identificación con el franquismo, estaría prohibido en un país democrático, como es Alemania, que tuvo un régimen, el nazismo, parecido al fascismo español).

Pero también hubo errores y actitudes no democráticos en el lado represaliado

La indignación (justa y necesaria) contra el juicio no debería dar pie, sin embargo, a la “beatificación” de los presos, como está ocurriendo en amplios sectores democráticos de Catalunya. En realidad, algunos de tales presos (Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn) apoyaron políticas represivas llevadas a cabo por el gobierno de la Generalitat de Catalunya en contra del movimiento de los indignados – el 15-M-, cuando miembros de tal movimiento rodearon el Parlament de Catalunya en señal de protesta por los recortes de gasto público (los más acentuados en España) que dañaron enormemente a las clases populares catalanas. El Sr. Jordi Turull, como portavoz de la coalición gobernante, el Sr. Rull, como parlamentario de la mayoría gobernante, y Joquim Forn, como regidor de Convergència del Ayuntamiento de Barcelona, apoyaron la petición de encarcelamiento del gobierno catalán, que fue aceptada y aplicada en una sentencia del mismo juez del Tribunal Supremo, el juez Marchena, que ahora los está juzgando a ellos. Es justo recordar pues, que algunos de ellos y el partido que continúa gobernando la Generalitat de Catalunya utilizaron para reprimir al 15M los mismos medios y el mismo magistrado (el juez Marchena) y el mismo tribunal (El Tribunal Supremo) que ahora los está reprimiendo. (ver “Los presos políticos de los que no se habla”, Público, 12.02.19).

Las contradicciones en dirigentes independentistas

Otra contradicción se dio entre el intento del Sr. Oriol Junqueras de presentarse como defensor de la democracia (y de “la utilización de las urnas para expresar el deseo popular”) por un lado, y la declaración unilateral de independencia de Catalunya (un objetivo que la mayoría de los catalanes no compartía ni apoyaba, según mostraron repetidamente las encuestas más fiables en Catalunya) por el otro. En todas las elecciones autonómicas, el número de votos de apoyo a los partidos independentistas no era mayor que el de apoyo a los partidos no independentistas. Por el contrario, fue menor. Muestra cierta arrogancia o falta de sensibilidad democrática insistir en que representan a la mayoría del electorado o de la población catalana. El grito que tipificó el 15M “No nos representan” aplicaba también al gobierno de la Generalitat cuyas políticas de austeridad y apoyo a la reforma laboral no estaba en su programa electoral.

Por otra parte, el Sr. Junqueras confundió (como suelen hacer con frecuencia los independentistas) soberanismo con independentismo. El soberanismo defiende la capacidad de decisión entre varias alternativas, de las cuales una puede ser la secesión. De nuevo, según las encuestas creíbles, parece ser que la mayoría de la población en Catalunya apoyaría el derecho a decidir sobre qué tipo de relación les gustaría tener con el resto de España, pero ello no implica que su preferencia fuera necesariamente la secesión. En realidad, históricamente las izquierdas catalanas habían defendido siempre el derecho de autodeterminación de las diferentes naciones que constituyen España, sin reclamar necesariamente la secesión, derecho de decisión también defendido, por cierto, por las izquierdas españolas, (incluyendo el PSOE y el PCE) durante la clandestinidad en la lucha contra la dictadura. Tal derecho era muestra de su aceptación de la plurinacionalidad del Estado español. Y durante el período democrático fueron las izquierdas catalanas las que promovieron el Estatut, aprobado en el 2005 por el parlamento catalán (y por las Cortes españolas y por referéndum en Catalunya en 2006), que iba en esta dirección, reconociendo a Catalunya como una nación dentro de España.

 Las causas del crecimiento del independentismo: la represión del Estado central y su rechazo de la plurinacionalidad de España

Tal confusión entre soberanismo e independentismo es también promovida por las derechas unionistas, cuya visión de España es la uninacional y radial basada en la capital del Reino. Soberanismo e independentismo, sin embargo, son dos conceptos y realidades distintos. El unionismo derechista, cuya máxima expresión es el Estado monárquico, nunca ha aceptado tal distinción, lo cual es el origen del movimiento independentista. El porcentaje de catalanes a favor de la independencia subió enormemente cuando el Tribunal Constitucional vetó elementos clave del Estatut, propuesto por el gobierno tripartito progresista catalán (vetando incluso elementos que habían sido aceptados en otras autonomías). Así pues, la represión característica del Estado borbónico y la no aceptación de su plurinacionalidad ha sido el mayor generador de independentismo.

El hecho de que el Estado central uninacional y su intolerancia y represión hayan sido las mayores causas del crecimiento de las tensiones nacionales e internacionales no excusa, sin embargo, a los partidos independentistas gobernantes en Catalunya de haber alimentado tales tensiones en el curso de su “procés”. En realidad, las medidas y discursos de la secesión “express” en una narrativa de enfrentamiento con España, confundiéndola con el Estado (narrativa común entre grandes sectores del independentismo) ha sido el mayor aliado de las derechas españolas.

 El veto independentista al presupuesto del Estado: el otro gran error

El otro acontecimiento de enorme importancia para el futuro de España, incluyendo Catalunya, ha sido el veto del independentismo al presupuesto presentado en las Cortes españolas por el gobierno socialista, presidido por el Sr. Sánchez. Tal presupuesto estaba basado (con cambios significativos) en el pacto del PSOE con UP (Unidos Podemos) y significaba un cambio muy sustancial en la política económica y social del Estado. Era un documento histórico, pues revertía en gran parte las políticas neoliberales que han dominado las intervenciones públicas del Estado español (y de sus autonomías, incluida la Generalitat de Catalunya, que se ha caracterizado por ser la más dura y ortodoxa en su neoliberalismo) y que han sido desastrosas para las clases populares de los distintos pueblos y naciones del país, incluyendo Catalunya. Las reformas laborales aplicadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy en España y por los gobiernos Mas y Puigdemont en Catalunya han causado un enorme incremento del porcentaje de trabajadores que cobra un salario igual o menor al salario mínimo interprofesional (SMI), pasando de 8,86% en 2008 (antes de que se aplicaran tales reformas) a un 12,56% en 2016 (un aumento del 41,8%). En realidad, las condiciones del mercado de trabajo y de las condiciones de vida de la clase trabajadora son mucho peores hoy que antes de que se iniciara la recesión en 2007. Como consecuencia, el porcentaje de las rentas del trabajo sobre el PIB disminuyó de un 55,6% en 2006 a un 53,7% en 2018, causa por cierto del enlentecimiento económico debida al gran descenso de la demanda doméstica (ver mi libro Ataque a la democracia y al Bienestar. Crítica del pensamiento económico dominante, 2015.)

La falsedad de la supuesta recuperación económica

Esta desastrosa realidad no ha ido desapareciendo como los portavoces neoliberales (y la mayoría de medios de información que, en España, incluyendo Catalunya, son de clara orientación neoliberal) afirman. La famosa “recuperación económica”, que se refleja, según sus defensores, en un alto grado de creación de empleo (9,5% de crecimiento, casi el doble que en el promedio de la UE-15) se basa en un enorme aumento de la precariedad, la característica mayor del mercado laboral español (incluyendo el catalán). Así, por ejemplo, mientras que en la UE-15 el número de trabajadores temporales subió durante el mismo período (2013-2017) un 13%, en España, incluyendo Catalunya, tal porcentaje subió más del doble (28%).

Otros indicadores de tal desastre (y no hay otro término mejor para definir las consecuencias de la aplicación de tales políticas neoliberales, casi unánimemente aplaudidas y promovidas por los establishments financieros y económicos y sus instrumentos políticos, mediáticos y académicos-universitarios) son los indicadores económicos y sociales antes y después de la aplicación de tales políticas. Veamos algunos de ellos: la tasa de paro en España pasó de ser de un 8,2% en 2007 a 17,2% en 2017; el paro de larga duración pasó de un 20,4 % de todos los parados en 2007, a un 45,5% en 2017 (un incremento del 123%); la tasa de siniestralidad laboral ha alcanzado los niveles más altos del UE-15, con 2,3 muertos por cada 100.000 trabajadores (comparado con 0,5 en los Países Bajos, 0,73 en Suecia, 0,83 en el Reino Unido, 0,97 en Alemania, 1,02 en Dinamarca, etc.).

Tal situación desastrosa se da en todas las áreas sociales. El mercado inmobiliario, por ejemplo, resultado de las políticas neoliberales, ha imposibilitado el acceso a la vivienda de la mayoría de la población. España, incluyendo Catalunya, tiene uno de los mayores porcentajes de familias de menor renta en la UE-15 que destinan más del 40% de dichas rentas a la vivienda. Este porcentaje ha aumentado enormemente –consecuencia de tales políticas-, pasando de un 26% en 2007, a casi un 40% en 2017. Y tal desastre se acentúa también debido al enorme recorte del gasto público social (como en sanidad, educación, vivienda social, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales y un largo etcétera).

El presupuesto pactado PSOE-IU: la posibilidad de revertir el desastre neoliberal

La novedad del presupuesto pactado entre PSOE y UP era que, por primera vez, se revertía la orientación neoliberal del presupuesto del Estado. Ni que decir tiene que era un cambio que debería haber sido incluso más acentuado. Pero era un paso en la dirección correcta. Su aprobación habría mejorado notablemente la calidad de vida de las clases populares españolas (incluyendo las catalanas).

Pero fue vetado por una alianza de las derechas uninacionalistas neoliberales y reaccionarias (Vox incluso quiere privatizar la totalidad de las pensiones, como hizo Pinochet en Chile) con los partidos secesionistas (PDeCAT y ERC) una alianza en contra de las izquierdas, que eran y continúan siendo el motor del cambio. Hay que subrayar que tal veto fue el resultado de una alianza implícita en su comportamiento parlamentario, entre las derechas PP y C’s por un lado, y los partidos independentistas (PDeCat y ERC) por el otro, alianza en contra del gobierno Sánchez (y también en contra de todas las izquierdas), pues el PSOE de Sánchez había representado un movimiento hacia la izquierda de tal partido, iniciado con la victoria del candidato Sánchez en las primarias del PSOE frente a las derechas de tal partido (representadas por los barones y figuras históricas) lideradas por la Sra. Susana Díaz. Tal victoria fue resultado del movimiento de protesta que tuvo lugar en todo el país, generado por el 15-M y personificado en el surgimiento de Podemos, (el cual más tarde se aliaría con IU formando Unidos Podemos), una protesta que se tradujo también en la victoria de Sánchez, con un movimiento hacia la izquierda y un acercamiento a Unidos Podemos constantemente cuestionada por las derechas neoliberales dentro del PSOE, que consideran que la alianza natural del PSOE debería ser con Ciudadanos.

 El sectarismo partidista se puso por encima de las necesidades de las clases populares

Que el PP y C’s vetaran el presupuesto del Estado es coherente con su sensibilidad neoliberal. Ambos partidos de derechas han defendido los intereses de los grupos fácticos económicos y financieros que han ejercido una enorme influencia sobre el Estado español. El enorme crecimiento de las rentas derivadas del capital y de los grupos de renta superior, así como el gran descenso de las rentas del trabajo que ha tenido lugar durante su mandato es el mejor indicador de a quién sirven y benefician sus políticas. Y en el lado independentista, la derecha catalana (que hasta hace poco pertenecía a la misma familia política neoliberal europea que Ciudadanos) ha actuado también coherentemente con sus postulados neoliberales, pues en temas económicos ha sido siempre el gran aliado del PP (ver mi artículo “Cómo los partidos nacionalistas de polos opuestos han causado la ocultada crisis social”, Diario Público, 04 de febrero de 2019). Una de las figuras más influyentes en esta derecha es la economista ultraliberal Elsa Artadi, que fue la gran promotora del economista más ultraliberal en Catalunya, el Sr. Sala i Martí.

La gran sorpresa en esta alianza entre PP, C’s, PDeCAT y ERC es el comportamiento de ERC, un partido de centroizquierda que había realizado una gran labor en temas sociales, cuando formó parte del tripartito, dirigido por el socialista Pasqual Maragall (el gobierno, junto con el gobierno Montilla, con mayor sensibilidad social que haya existido en Catalunya durante el período democrático). Pero tal sorpresa es relativa, pues bajo la dirección del Sr. Oriol Junqueras, ERC siempre ha antepuesto el tema nacional a cualquier otro tema, incluido el tema social (un tanto igual ha ocurrido con otro partido independentista, la CUP). El tema prioritario ha sido conseguir la independencia “express”, a costa de aliarse con Convergència, que siempre ha sido la fuerza dominante y hegemónica dentro del independentismo, debido a su control abusivo de todos los aparatos de la Generalitat (incluyendo los aparatos de comunicación como TV3 y Catalunya Ràdio, puestos al servicio de su causa), y que se caracterizan por una gran hostilidad hacia las izquierdas, y muy en especial hacia Podem Catalunya, EnComú Podem, ICV, EUiA y otros). Los “grandes defensores de la democracia” que aparecen en el juicio se han comportado de una manera autoritaria, manipuladora y caciquil, ofensivamente antidemocrática con los medios de comunicación que controlan.

El daño que está causando tal veto

La crítica de las izquierdas no independentistas al PDeCat y a ERC por su veto al presupuesto se centra en el enorme daño que ello ha causado en inversiones y gasto público en Catalunya. Aunque acertada, tal observación es insuficiente, pues el mayor daño (al vetar el presupuesto) se ha hecho a los derechos laborales y sociales de los sectores de la población catalana y española más necesitados, que son la clase trabajadora, los ancianos, los niños y niñas y las mujeres de las clases populares, el grupo de la población en Catalunya que es, precisamente, menos independentista. En Catalunya, la mayoría de los sectores de la población que viven en barrios con una renta por debajo de la media no votan primordialmente a partidos independentistas, mientras que los que están en zonas con una renta por encima de la media son los que sí lo hacen.

Otro gran error del independentismo – al no votar a favor del presupuesto - ha sido aliarse en la práctica con la derecha impregnada de cultura franquista, rompiendo la alianza que echó a Rajoy del gobierno, alianza que es esencial no solo para revertir las políticas neoliberales que han causado tanto daño, sino también para avanzar en una resolución del tema nacional, admitiendo una plurinacionalidad hoy muy limitada en España. Tal error de ERC debilita enormemente cualquier posibilidad de cambio. Es más, no habrá cambio en Catalunya sin la colaboración de las fuerzas progresistas y de las izquierdas españolas, y su capacidad de movilización entre las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España. Su veto a un proyecto favorecido por la gran mayoría de las clases populares en España, incluyendo votantes de las derechas (el 55% de españoles apoyaron el presupuesto, incluyendo el 46% de votantes de Ciudadanos y un tercio del PP), ha dificultado que tales clases puedan ver a los independentistas como aliados en su lucha para cambiar el Estado español.

Hoy, el “procés” de las izquierdas independentistas ha hecho un enorme daño no solo a su propia causa, sino también al bienestar de las clases populares de Catalunya y del resto de España. Se mire como se mire, la calidad de vida y bienestar de la mayoría de tales clases están mucho peor ahora que hace diez años. Catalunya y España viven una enorme crisis social, consecuencia de la cual los jóvenes no vivirán mejor que sus padres. Y que ello sea así se debe al enorme poder de las fuerzas conservadoras sobre los aparatos del Estado, incluyendo la Generalitat de Catalunya y su alianza en la aplicación de las políticas neoliberales ocultado todo ello por el gran debate nacional. Así de claro.