Coral Martínez Erades

Economista y miembro de econoNuestra

La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre EEUU y la UE (ATCI) o TTIP por sus siglas en inglés, trasciende las históricas implicaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

En aras de un aumento en el volumen de intercambio de bienes y servicios entre EEUU y la UE, las élites políticas y económicas promotoras del TTIP consideran necesario eliminar y “armonizar” (hacer converger las regulaciones estadounidenses y europeas en una única regulación) lo que consideran barreras normativas y económicas al libre comercio. Dado que los impuestos a la importación son extraordinariamente bajos a ambos lados del atlántico (con una media de 3,5% en EEUU y 5,2% en la UE según la Organización Mundial de Comercio) las negociaciones se centran en áreas cuya regulación está actualmente bajo el control de gobiernos nacionales o sub-nacionales. En definitiva, se persigue alterar normativas fundamentales a la hora de mantener garantizados derechos laborales, sociales, medioambientales, del consumidor y de protección de datos entre otros.

Por otra parte, las economías implicadas en las negociaciones tienen un enorme peso en el PIB y comercio mundial. Por ello, el Tratado alteraría las relaciones comerciales a nivel global, particularmente las de aquellos países del Sur que actualmente comercian con la UE y EEUU. Asimismo, si consideramos la influencia que tienen las potencias económicas negociadoras en organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio y en el diseño de políticas comerciales globales, no sería de extrañar, que los principios sobre los que se edifica el TTIP acabasen por extenderse al resto de TLC.

Otra particularidad del TTIP, es la oscuridad informativa que envuelve a las negociaciones, opacidad que trasciende el argumento de no hacer peligrar las inversiones y que ha sido cuestionada por autores como Chomsky o Stiglitz junto a organizaciones como el Observatorio Europeo de las Corporaciones. Al tiempo que se han dado estas denuncias, el negociador principal de la parte europea, Ignacio García Bercero, reconoció en una carta pública la intención de que los documentos relacionados con las negociaciones estén cerrados al público durante al menos treinta años. En el Estado español, el blindaje del Tratado frente a posibles detractores fue concretado en el Congreso, cuando los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, -junto a PNV, CiU y UPyD- zanjaron la posibilidad de realizar un referéndum sobre el acuerdo.

A ello se suma, que más allá de los intereses económicos, similares a los de cualquier TLC, existen intereses geoestratégicos. Las élites estadounidenses y europeas buscan mejorar su posición comercial en un mundo crecientemente multipolar y ven en este tratado una gran oportunidad para ello. En esta línea se han pronunciado autores como Naïr y Ramonet al argumentar que el tratado constituye una herramienta para restablecer el liderazgo de EEUU y la UE como primeras potencias comerciales frente al empoderamiento de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica), particularmente del gigante asiático.

Los datos refuerzan esta idea. En 2013 el FMI proyectaba que en el 2015 el 90% del crecimiento económico mundial se generaría fuera de Europa, y un tercio del mismo tendrá lugar en China. Con similares resultados se pronunciaba el Consejo Nacional de Inteligencia norteamericano, afirmando que Asia está desplazando a EEUU y la UE como mayores economías y como exportadores y proveedores de inversión extranjera directa. En 2014, Ramonet afirmaba: “Antes de la crisis financiera global de 2008, EEUU era el socio comercial más importante para 127 Estados del mundo; China sólo lo era para 70 países. Ese balance se ha invertido. Hoy, China es el socio comercial más importante para 124 Estados: mientras que EEUU sólo lo es para 76”.

Otro elemento extraordinario del TLC es el contexto social y político en el que se da. En Europa, particularmente en la Europa del Sur, la gestión de la crisis ha puesto el pacto social contra las cuerdas, en este sentido, las consecuencias aparejadas al TTIP supondrían una carta más sobre el castillo de naipes de la cohesión social. Asimismo, en los últimos años, se ha desvelado la creciente pérdida de soberanía nacional mediante la adaptación de instituciones políticas y jurídicas a las necesidades de la oligarquía financiera, proceso que aceleraría el TTIP al avanzar la reducción de la función de los Estados al ámbito represivo, convirtiéndolos en meros apéndices de los intereses del capital trasnacional.

El blindaje de las grandes corporaciones transnacionales frente a la acción de los Estados acaba por culminarse con la propuesta de un mecanismo de resolución de conflictos comerciales entre Estados y transnacionales, el ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Esta cláusula de protección de los inversores extranjeros está orientada a brindar a las transnacionales la posibilidad de resolver conflictos comerciales a puerta cerrada y en tribunales extrajudiciales (que no responden a los sistemas jurídicos nacionales).

De este modo, las transnacionales podrían contrarrestar políticas laborales o de salud, de protección del medio ambiente o de regulación financiera reclamando daños a sus intereses. Asimismo, podrían perseguir montos concretos de compensaciones por “expropiaciones indirectas”, lo cual significa que los poderes públicos deberán pagar si su legislación hace disminuir el valor de alguna inversión. Paralelamente, las transnacionales podrán reclamar su derecho a adquirir más tierras, recursos naturales y equipamiento.

En definitiva, el TTIP se diferencia de otros TLC debido a: el enorme peso que tienen los países implicados en el producto y el comercio mundial; la abrumadora opacidad informativa que lo envuelve; los intereses geoestratégicos a los que responde; el contexto social y político en el que se da, y, por último; la pérdida de soberanía que implica para los Estados Miembros de la UE en cuanto a su jurisdicción en diversas áreas claves para el bienestar social.