Opinión
La UE en su laberinto*
Por Fundación 1 Mayo
-Actualizado a
Javier Doz. Miembro del Comité Económico y Social Europeo (CC OO)
Cumbre tras cumbre de su Consejo intergubernamental, la Unión Europea va profundizando en la pendiente que puede llevarla, incluso, a su destrucción. Destrucción, al menos como proyecto político que para lo común de todos promueve también lo que debe exigir las naciones que lo integran: ser democracias avanzadas con sociedades socialmente justas. Podrá quedar, como quieren los británicos, sólo como un mercado único, en el que exista el menor número posible de normas que regulen el comercio y la inversión, con una libre circulación entendida sobre todo como de capitales, bienes y servicios, porque la de las personas ya es harina de otro costal, como se han encargado de decirnos todos los líderes políticos europeos que han aprobado, de peor o mejor grado, pero por unanimidad, las vergonzosas conclusiones de la cumbre que se celebró en Bruselas los días 18 y 18 de febrero.
No me gusta utilizar adjetivos fuertes para calificar conductas, instituciones o personas, pero en este caso todo lo relacionado con esta cumbre europea merece los más duros calificativos, por más que algunos comentaristas pretendan edulcorar el trago subrayando que se ha conseguido el objetivo principal: que el Reino Unido no vaya a abandonar la UE. Lo primero que hay que decir es que eso está todavía por ver, pero que, en todo caso, lo que hay que analizar es a costa de qué va , eventualmente, permanecer el Reino Unido en la UE, y cuáles serán las consecuencias de haber aceptado un chantaje tan grueso para ayudar a resolver los problemas internos del Partido Conservador británico.
Sin pretender establecer ningún tipo de paralelismo histórico, hay que decir que la historia europea del Siglo XX, está repleta de ejemplos acerca de las malas –en ocasiones, nefastas- consecuencias que tiene la aceptación de los chantajes de una potencia europea en aras de conseguir algún supuesto bien superior (en ocasiones hasta la paz) o lograr su “apaciguamiento”. En nuestro caso, la gravedad de la situación y lo negativo de las concesiones a Cameron estriban en que, después de seis años de muy mala gestión política de la crisis por parte de los políticos conservadores europeos, que han impuesto las políticas de austeridad y devaluación interna, con sus muy malos resultados económicos, sociales y políticos, y en una situación de crisis política del proyecto de la Unión Europea que afecta a las instituciones y a la ciudadanía, lo que se necesitaba era, en el primer encuentro político de trascendencia, mandar un mensaje claro de más Europa, una Europa más democrática y socialmente más justa.
El Acuerdo UE-Reino Unido para evitar el Brexit
En lugar de eso, la Decisión y las seis Declaraciones que configuran el Acuerdo entre el Reino Unido y la UE, nos van a llevar a menos Europa y a una Europa socialmente más injusta. Y tampoco a una Europa más democrática. Por el contrario, puede llevarnos a menos democracia europea, porque la facultad que se otorga a los parlamentos nacionales de vetar decisiones legislativas de la UE, si reúnen un 55% de los votos europeos ponderados, puede convertirse en un instrumento contra la democracia europea, por apuntar sobre todo a las decisiones de la única institución europea elegida democráticamente de forma directa, el Parlamento Europeo. Como también supone una regresión democrática la capacidad que el Acuerdo concede a los países que no están en el euro –y más aún a aquellos que como el Reino Unido y Dinamarca están exentos de la obligación de tenerlo algún día como moneda nacional- a condicionar las decisiones de la zona euro, y los posibles y necesarios avances hacia un gobierno económico que se den en dicha zona, por el procedimiento de poder paralizarlas hasta que el presidente del Consejo, en funciones de árbitro, adopte “cualquier iniciativa que sea necesaria para facilitar la consecución de una base de acuerdo más amplia en el Consejo”.
El insoportablemente oscuro y ambiguo lenguaje del Acuerdo, conscientemente redactado para que pueda servir, al tiempo, a los propósitos de Cameron de decir que ha logrado imponer todas sus condiciones para retroceder hacia una “Europa sólo mercado” y a quienes, desde las instituciones europeas, afirmarán que las renuncias políticas han sido muy pequeñas, no oculta que toda la orientación del texto va en el sentido que quiere Cameron. Un ejemplo de esto se encuentra en los considerandos iniciales, en los que tras subrayar que el Reino Unido quedará excluido del compromiso, vigente desde el Tratado de Roma, por el que todos los Estados miembros deben procurar caminar “hacia una unión cada vez más estrecha”, enfrenta, en párrafos contiguos, la afirmación de que ni el Tribunal de Justicia Europeo (TJE) ni los tribunales británicos pueden dictaminar sobre si las legislaciones y prácticas nacionales del Reino Unido se ajustan a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (lo que significa de hecho la exclusión de la ciudadanía de las Islas Británicas de la protección jurídica de los muy importantes derechos incluidos en la Carta), con una loa al mercado interior y su papel para impulsar la producción, la inversión y el comercio.
Pero las regresiones más evidentes se encuentran en las secciones B y D del Acuerdo, las dedicadas a la competitividad y a las prestaciones sociales y la libre circulación.
Competitividad entendida como desregulación y recortes sociales discriminatorios
El capítulo de competitividad pretende la ampliación y profundización del programa REFIT, impulsado por la Comisión Barroso, que al socaire de promover la derogación, simplificación y mejora de la legislación europea, está siendo utilizado con evidentes propósitos desreguladores en los terrenos social y medioambiental. El Acuerdo incluye el compromiso de que la Comisión presente, antes de finalizar 2016, un programa de trabajo y un mecanismo de evaluación para aplicar REFIT a toda la legislación de la UE, su extensión a los ámbitos nacionales y la disminución de las cargas administrativas y los costes de las empresas. Lo que se ha acordado es impulsar una política de desregulación en la UE.
El más regresivo de los apartados del Acuerdo es, sin duda, el que se refiere a las prestaciones sociales y al principio de libre circulación, por atacar directamente a uno de los pilares de la UE, por afectar a las prestaciones sociales de personas que están trabajando o en paro, y por introducir una evidente discriminación entre ciudadanos de la UE. El Acuerdo compromete a la Comisión para que proceda a modificar el Reglamento 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro la UE, para permitir a los Estados miembros la denegación o la reducción de las prestaciones sociales no contributivas de los migrantes procedentes de otros países de la UE, si se dan unas condiciones de emergencia que puedan poner en peligro los sistemas de la Seguridad Social. Los recortes de las prestaciones se aplicarían a cada trabajador que llegue por primera vez a otro Estado miembro durante un periodo de hasta cuatro años desde el inicio del empleo, pudiendo estar vigente esta facultad de los gobiernos durante un período de 7 años como máximo.
En un estrafalario acto legislativo de carácter preventivo, el Acuerdo establece anticipadamente que el RU cumple ya los requisitos de salvaguardia de ese nuevo Reglamento que todavía no se ha escrito. Lo peor es que esta es una afirmación manifiestamente falsa a la luz de los datos reales sobre el coste de las prestaciones que se quieren recortar en el Reino Unido.
El Acuerdo incluye también el recorte de un derecho de exportación de una prestación contributiva regulada por el Reglamento (CE) 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. Es la que se refiere a las ayudas por hijo. Establece que se podrán indexar según el nivel de vida y el nivel de las prestaciones por hijo que tenga el Estado miembro en el que reside el hijo.
Por afectar al principio de no discriminación, consagrado en el artículo 35 del TFUE y en el artículo 21.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, estas disposiciones de Acuerdo suponen, a mi juicio, una vulneración de principios básicos consagrados en ambos textos jurídicos, que no pueden modificarse de un modo tan alegre como el pretendido por los jefes de Estado y de gobierno europeos. Habrá que pensar en utilizar todos los instrumentos políticos y jurídicos, incluido el recurso ante el TJE, para combatir estos apartados del Acuerdo.
La cumbre del Consejo se ha constituido en ente interpretador de los Tratados, en un sentido inequívoco de reforzamiento de las soberanías nacionales frente a la europea, de desregulación y de recortes sociales. Donde no cabe interpretar las normas europeas vigentes se procederá a la reforma de los Tratados, a la primera ocasión que se presente. Y, por supuesto, la mayor parte de los términos del Acuerdo no se aplicarán sólo al Reino Unido, sino a todos los países de la UE o a una parte de ellos (los países que no están en la zona euro o los que han manifestado no querer estar allí nunca).
¿Y sobre la crisis migratoria?
Sobre la crisis migratoria o de los refugiados, ninguna novedad. Un nuevo fracaso que sumar a los de las muchas reuniones celebradas hasta el momento. Pero más grave aún por acumulativo; por ayudar a sumar cientos de muertos en las aguas del Mar Mediterráneo, en lo que llevamos de año, a los miles que se produjeron en 2015; por constatar como se mantiene la resistencia de un buen número de gobiernos a entender que la acogida a los refugiados no es sólo una opción moral de unos pueblos o de unos políticos “solidarios”, sino una obligación legal de la UE y de los Estados que han suscrito la Convención de Ginebra de 1951.
Las conclusiones de la cumbre sobre la cuestión de la “crisis migratoria” intentan ocultar el nuevo y radical fracaso de cara a la adopción de una posición común de la UE para hacer frente a la crisis de los refugiados, diciendo que el propósito de esta reunión sólo era el de evaluar el grado de cumplimiento de las orientaciones adoptadas en diciembre. Y lo hacen sin tener ningún reparo en obviar toda referencia al fracaso absoluto del procedimiento de recolocación de los refugiados, cuando de las 160.000 reasignaciones de residencia sólo se han producido, al día de hoy, poco más de 500.
Las conclusiones mezclan deliberadamente la problemática de los refugiados con la de los inmigrantes ilegales para centrarse en un enfoque de contención de los flujos y de seguridad. Es particularmente grave que la cumbre no haya dado respuesta alguna a los acuerdos de la previa reunión del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia), celebrada días antes de la cumbre, en la que tras reafirmarse en que no van a aceptar ningún acuerdo de la UE que les obligue a conceder a alguien el estatus de refugiado en sus países, reiteraron su voluntad de continuar con el levantamiento de muros fronterizos. Es decir, todo un ataque frontal al Acuerdo de Shengen se queda sin respuesta.
Todo ello permite calificar la respuesta de la UE a la llamada “crisis migratoria” o “crisis de los refugiados” -cuyo volumen es sustancialmente inferior al que tienen que hacer frente los países vecinos de Siria, todos ellos mucho más pobres que los países que integran la UE- con una sola palabra: vergüenza.
La UE sin proyecto y sin liderazgo
La UE, en particular su órgano de gobierno intergubernamental, el Consejo Europeo, lleva tiempo cabalgando sin dirección sobre una crisis política cada día más profunda, a la que ha contribuido a alimentar. Cuando más necesaria que nunca era una reafirmación de liderazgo y de proyecto que permitiese hacer frente a las tendencias centrífugas cada vez más potentes que actúan en su seno, y a sus agentes, las diversas expresiones políticas de los nacionalismos, los líderes políticos han puesto de manifiesto que carecen de ambas cosas. Una vez más las instituciones europeas han sido llevadas a plegarse ante los políticos más derechistas y menos europeístas para dar una nueva lección de impotencia en el tema de los refugiados y para rendirse ante el chantaje de los euroescépticos británicos.
Tras haber pilotado la mala gestión económica y la nefasta gestión social de la crisis, la derecha política europea, ayuna por completo de proyecto y con abundantes contradicciones internas, en parte derivadas de su competencia con la extrema derecha en el campo del renacer nacionalista y autoritario, da un paso, en esta triste cumbre de febrero de 2016, hacia la deconstrucción de Europa.
¿Y la socialdemocracia europea? A nivel de gobiernos: ausente, subordinada, igualmente sin proyecto diferenciado, no transmitiendo más allá que algunas manifestaciones de resistencia o protesta, como las de Hollande o Renzi, que al caer en saco roto se tornan manifestaciones de impotencia. La socialdemocracia europea está repitiendo el mismo triste papel que jugó ante la gestión política de la crisis económica europea por una derecha capitaneada por Angela Merkel: sin alternativas sustancialmente diferentes, también se conformó con un papel de actor secundario y subordinado.
¿Hay esperanza?
¿Podrá salir la UE del laberinto de inclinada pendiente en el que las crisis económica y política, las secuelas de sus malas políticas, y la ausencia de liderazgos y proyectos europeos claros la tienen sumida?
El pasado 21 de febrero, se celebraron en Madrid una Jornadas sobre “Un Plan B contra la austeridad”, promovidas por la Izquierda Unitaria Europea, el movimiento DiEM impulsado por Yanis Varoufakis y otras organizaciones y personalidades de la izquierda europea. No comparto todos los puntos de vista que se expresaron en estas jornadas, pero me parece muy positivo que se constituya un polo de referencia político a la izquierda de la socialdemocracia, con vocación europeísta, dentro de quienes defienden “otra Europa”.
En el movimiento sindical europeo van progresando las opiniones de que es necesario construir un polo de referencia político y social a favor de un nuevo modelo de Unión Europea con más integración, más democracia y un fuerte pilar social, y que hay que empezar a tejer una política de alianzas para lograrlo.
Estas tendencias deberían ayudar a que la socialdemocracia europea, o al menos parte de ella, saliera de su marasmo, y afrontara el reto de construir un discurso europeo sólido y coherente que no se diluyera con el mero ejercicio del poder.
En estos días se encuentra de visita en España, el presidente del Comité Económico y Social Europeo, el griego Georges Dassis. Aunque proviene del sindicalismo, las cosas que dice las puede decir en nombre de una institución consultiva de la UE, integrada por representantes de los trabajadores, los empresarios y el llamado tercer sector. En mi corta experiencia como miembro del CESE he podido comprobar como, a pesar de la variedad de intereses representados en el mismo, se puede llegar a posiciones comunes sobre la crisis de los refugiados basadas en valores solidarios y en el respeto a la legalidad internacional, a defender la libre circulación de trabajadores y rechazar la vulneración del Acuerdo de Schengen, a defender el establecimiento de una renta mínima europea, o a orientar sus dictámenes de acuerdo con los valores democráticos y sociales europeos. Es decir, desde la sociedad se puede llegar a consensos inalcanzables hoy en las estructuras intergubernamentales de la UE.
Sí, existen algunos motivos para la esperanza, pero hay que alimentarlos con cuidado, con claridad y coherencia de ideas, proyectos y prácticas, pero también con ánimo de enhebrar consensos para alcanzar mayorías.