Fernando Pedrós

Periodista, filósofo y miembro de Derecho a Morir Dignamente (DMD).

Acabo de leer en las páginas de este diario que el grupo parlamentario Unidos Podemos ha puesto en marcha un grupo de trabajo para un proyecto de ley que permita decidir al enfermo con deseo de morir el tiempo de su propia muerte. Es una iniciativa parlamentaria que venía esperando desde hace tiempo puesto que el país, y en concreto los enfermos en situación severa, llevamos padeciendo 21 años el sinsentido jurídico del art. 143 del Código Penal, a pesar de que los valores constitucionales tomados en serio le quitan toda validez jurídica. En estos momentos quien quiere ser libre hasta el final de su trayecto en la vida no puede apearse de la vida cuándo y cómo quiera si para morir necesita pedir ayuda a un tercero puesto que él se encuentra por circunstancias imposibilitado. Por más que los dolores y sufrimientos, la enfermedad irreversible o la invalidez le hagan imposible vivir una vida con dignidad el enfermo ha de aguantar hasta un final sin fecha. Al parecer la legislación española se inspira todavía en esa cultura que mamamos y que reza: “que sea lo que Dios quiera”, o bien “la vida es un valle de lágrimas y hay que soportar lo que Dios envía”… Es preferible ante esta cultura del aguante decidirse por el art. 10 de la Constitución que reconoce la dignidad y derechos de la persona, por el libre desarrollo de la personalidad… Es más por la encuestas se sabe que la gran mayoría de los españoles apuesta por la decisión personal y libre de morir frente al tener que sufrir la represión del referido artículo del Código Penal que penaliza al médico que ayude a morir al enfermo que en circunstancias trágicas pide una mano amiga que le ayude a morir.

Iniciativas de ayer que no tuvieron resultado

La noticia de Unidos Podemos creo que despertará conciencias y hará recordar a los legisladores socialistas –diputados y senadores- que cuando ocurrió la muerte de Ramón Sampedro, tras su peregrinar de tribunal en tribunal, los socialistas cayeron en la cuenta del dislate jurídico del art. 143, más cuando tal artículo había salido de las manos del ministro socialista de Justicia Belloch a pesar de que los valores constitucionales eran bien conocidos y los estudios de expertos y el Grupo de Estudios de Política Criminal estaban reclamando un cambio radical del contenido de dicho artículo. El PSOE forzó la formación de la comisión que trabajó por poco tiempo en el Senado. Exigieron entonces que el gobierno del PP realizase una encuesta para conocer la situación..., pero la comisión se cerró sin terminar y sin conclusión alguna. Hubo que esperar a la siguiente iniciativa socialista que se plasmó en el programa electoral de 2004 en que había una propuesta de futura ley de eutanasia. Rodríguez Zapatero en un programa de televisión a una pregunta del público manifestó que tal cuestión no se iba a tratar en la legislatura… Pero tampoco se trató en la siguiente. Total que en ambas legislaturas un grupo parlamentario minoritario de izquierdas presentó una decena de propuestas a favor de las conductas eutanásicas y todas ellas merecieron el rechazo de PP y de PSOE. Los portavoces socialistas del momento se refugiaban en la excusa de que no existía una demanda social o bien que la cuestión necesitaba previamente un amplio debate público. Es decir, no se decía claramente que no había voluntad política sino que las culpas recaían sobre la sociedad. Por el contrario el presidente federal de DMD en tales momentos, Salvador Paniker, no tuvo inconveniente en manifestarle a Zapatero que el pueblo estaba preparado, pero los políticos todavía no lo estaban. Hubo, sin embargo, una excepción. El que fue ministro de Sanidad Bernat Soria solicitó del Centro de Investigaciones Sociológicas -última iniciativa- una amplia encuesta sobre el tema para detectar la opinión pública. Anunció, además, en la prensa que iba a formar una comisión de sabios para que empezaran el debate. Pero esta iniciativa que tenía la fuerte base de un estudio de la realidad eutanásica (CIS, estudio-encuesta de 2009) se acabó con la salida de Bernat Soria del gobierno para volver a su tarea de investigador y de la comisión de expertos que había prometido para estudiar la cuestión no se conocieron ni los nombres. Y el punto final lo puso Rubalcaba. Fue incomprensible que un partido como el socialista que en 2004 llevaba en su programa electoral una propuesta de ley de eutanasia un mes antes de terminar la legislatura en 2011 el secretario general del partido presentase en el Congreso una ley clónica de las leyes autonómicas de muerte digna y como tal olvidaba que la eutanasia y el suicidio asistido existieran y estuvieran penados por el art. 143 del CP.

Y el último recuerdo que se tiene en esta crónica de alcance es que Pedro Sánchez mencionó en dos mítines el tema de la eutanasia. Fueron alusiones demasiado líquidas, y hoy son, además, agua pasada. Cualquier ciudadano bien intencionado podrá pensar que los socialistas están en deuda con tantos enfermos en situación severa e irreversible, encaminados casi de inmediato a su muerte. Y en este momento ¿qué piensan de la libertad ante la muerte cuando preparan un congreso que levante ideas y ánimos y qué se plantearán ante la iniciativa de un grupo parlamentario que trabaja por la libertad del enfermo en su vida y muerte? Al menos debieran tener conciencia del fraude que sufre la sociedad desde la reforma del Código Penal de 1995 siendo Belloch ministro de Justicia.