Carlos del Castillo

Periodista integrante de la Comunidad del Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales

Esta es otra historia de gobierno a puerta cerrada. Una historia de presiones políticas y económicas, democracia del miedo y leyes que la mayoría impulsa y sin embargo se detienen. Es la historia de cómo la Unión Europea canjeó los derechos digitales de sus ciudadanos por la oportunidad de permanecer entre las primeras potencias económicas mundiales.

El órgano encargado de rubricar el trueque fue el Consejo Europeo. Sí, el mismo que ha dado rienda suelta a la troika para que saque a Europa de la crisis, y que ha negociado las condiciones de los rescates de Grecia, Irlanda, Chipre y Portugal, así como del sector bancario español. El momento elegido, el 25 de octubre de 2013. La forma, un escueto anexo adjunto a las conclusiones de su cumbre ordinaria, que sirvió como respuesta oficial al escándalo de espionaje destapado por Edward Snowden.

Sin embargo, quizá estemos yendo demasiado rápido ¿Qué ocurrió en los cinco meses que van desde las revelaciones iniciales sobre la vigilancia electrónica a este comunicado oficial del Consejo Europeo?

Como resulta obvio, no fueron los Jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho los primeros en ofrecer una respuesta oficial al espionaje. Ese honor corresponde al Parlamento Europeo, que no tardó cinco meses, sino cinco días, en albergar un debate especial sobre las revelaciones. El rechazo a las prácticas estadounidenses fue común a todos los grupos pero el protagonista fue Manfred Weber, vicepresidente del Partido Popular Europeo, grupo mayoritario en el hemiciclo.

“Mis datos me pertenecen a mí”, comenzó Weber, defendiendo el derecho de los ciudadanos a tener plenos poderes sobre ellos. El eurodiputado alemán enlazó esta idea con la necesidad de regular la red, aspecto en el que coincide la presidenta brasileña, Dilma Rousseff. A pesar de su distancia ideológica, ambos defienden el mismo paradigma: Internet es demasiado grande y demasiado importante para la sociedad como para permitir que un puñado de gobiernos sigan actuando en él como si de un coto privado de caza se tratase. Weber también pidió acabar con el centralismo de Internet, e impedir que las bases de datos sobre europeos se almacenen en el extranjero y queden fuera de la legislación comunitaria: “Necesitamos una nube europea”.

El debate señaló al Consejo y a la Comisión Europea las dos prioridades que la UE debía seguir en su reacción contra el espionaje. La primera era suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio e Inversión que se está negociando con EEUU. Este macroacuerdo comercial pretende liberar los mercados de ambos bloques y crear un gran impulso económico que les permita hacer frente al ascenso de economías emergentes como la china.

La segunda; renovar la directiva europea de protección de datos antes de las elecciones de mayo de 2014. La actual data de 1995, mucho antes de la expansión de Internet, las redes sociales o la nube. Desde el comienzo de la actual legislatura europea en 2009, uno de los principales objetivos de Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión y encargada de la cartera de Justicia, ha sido renovar dicha directiva. Sin embargo, el proceso para la redacción del texto ha sido muy lento y no fue hasta el año pasado cuando la Comisión presentó su propuesta al resto de instituciones. Una de las razones de este retraso ha sido la tremenda campaña de presión que Gobierno y empresas estadounidenses desataron contra ella, una de las más potentes que se han visto en Bruselas.

El interés norteamericano radica en el negocio oculto del Big Data: el valor de los datos digitales de los ciudadanos de la UE fue de 315.000 millones de euros en 2011. En 2020 la cifra podría haberse triplicado. “Los estadounidenses han entendido antes que los europeos la importancia de este dossier. Por eso intentaron pararlo, porque suponía que no podrían actuar más como hasta ahora. Es un juego de poder. Y los estadounidenses lo han entendido”, confesó Reding. La presión continuó en el paso del texto por la Eurocámara, pero los eurodiputados consiguieron aumentar las nuevas restricciones, entre las que destacan el derecho al olvido y la prohibición del profiling (análisis de la navegación de usuarios para dibujar sus perfiles personales como consumidores).

Así volvemos al 25 de octubre. El Consejo Europeo no solo no cumplió ninguna de las dos peticiones del Parlamento (no detuvo las negociaciones comerciales y retrasó a 2015 la aprobación de la directiva) sino que emitió la nota adjunta a sus conclusiones contra la que se estrelló la reacción comunitaria ante el espionaje. En ella, los líderes europeos admiten la “profunda inquietud” de los ciudadanos por la vigilancia, pero no le dan respuesta, sino que destacan la “estrecha relación” con EEUU y “el valor de dicha asociación”. Priorizan la negociación económica sobre la defensa de los derechos digitales de sus ciudadanos y recurren al miedo al terrorismo para defender la recogida de información de las agencias de espionaje.

El lema de “los amigos no se espían entre ellos” de Angela Merkel, la voz de Alemania en el Consejo, no consiguió la afinidad de sus socios. El Reino Unido colabora activamente con la NSA, mientras que otro grupo de países, entre los que se encuentra España, se sitúan directamente bajo su polo de poder y están dispuestos a llegar incluso al bochorno diplomático para no perder el trato de favor de los Estados Unidos.

Merkel sabe ahora que no puede contar con el consenso europeo para luchar contra el espionaje. Se alió con Rousseff para conseguir la resolución de la ONU sobre privacidad y tiene en su mano las mismas cartas que la líder latinoamericana. Ambas contemplan la posibilidad de crear su propia infraestructura digital y legislar en favor de la descentralización de Internet. Mientras, Snowden ha ofrecido su colaboración a la Eurocámara, al Bundestag y al Parlamento brasileño en sus investigaciones sobre el espionaje. Un año después de ser rechazado por una veintena de estados, lo único que pide a cambio de su ayuda es asilo político, un gesto que demostraría el compromiso con la neutralidad de la red del país que lo acogiera.