La Constitución no está para fiestas. El gobierno de Rajoy es, como bien diría Josep Pla, un pantano de mierda. La oposición de Sánchez no puede, quiere o sabe reventarlo. El cambio del presidente del Tribunal que ha de juzgar la caja B del PP, así como el nombramiento de un ponente ad hoc, es una nueva muestra de la separación de poderes, más propia de un Estado de la Derecha que de un Estado de Derecho. Ni siquiera una aberración democrática, como es la aplicación inconstitucional del 155 es denunciada por el PSOE; sino que, además, es avalada por esta sigla con una larga trayectoria histórica que nunca ha sido cómplice de políticas represivas contra los adversarios. Mientras la España oficial roba, encarcela y difama, la España real se ve incapaz para defender la decencia, la justicia y la información. ¿Por qué?

La cuestión catalana envenena los sueños progresistas de la sociedad española tanto como alimenta los felices de la derecha. De ahí que Rajoy y Rivera se bañen en las lágrimas de Sánchez e Iglesias. La real plurinacionalidad del Estado español impide hoy el cambio en España. Sobre la fragmentación territorial de la izquierda avanza la mayoría absoluta de la derecha. Sobre la clara desunión de las fuerzas democráticas cabalga ahora la involución política hacia los tiempos anteriores a la Constitución. Mientras el PSOE cree ver en los ojos de Podemos una supuesta paja subalterna del independentismo, por defender un referéndum pactado como el aplicado por los tories de Cameron sobre la cuestión escocesa, no ve esa real viga de la subordinación al 155 del PP en sus propios ojos, sin tener en cuenta que Iglesias tan solo propone mientras que Sánchez ejecuta.

El PSOE no se atreve a enfrentarse a la España Oficial, Podemos no puede hacerlo en solitario. Cuando se escriba la historia real de lo sucedido en este último otoño, encontraremos probablemente la respuesta a la pregunta de por qué Sánchez renunció a presentar la reprobación de la comandante en jefe de la salvajada policial de Barcelona, acaecida el pasado 1 de octubre tras una muy desafortunada intervención del Borbón. Los socialistas tenían al alcance de su mano encabezar la reacción democrática de toda la España real a la involución de la España oficial -para ello las bases habían colocado en Ferraz al defenestrado Sánchez- y la desecharon tanto al no apoyar una moción de censura de Podemos contra la corrupción de la banda de Rajoy, como al no atreverse a presentar una moción de censura propia por la irresponsabilidad de la Moncloa en la gestación del desafío de la Generalitat.

Esa falsa e inútil contraposición de la derecha, uninacionalidad oficial frente a plurinacionalidad real, intenta impedir el cambio de la sociedad española que vendría, irreversiblemente, de una propuesta conjunta de todas las fuerzas progresistas sobre Cataluña. No es tanto la configuración territorial de España la que inquieta a los habituales de los paraísos fiscales, su patrioterismo no va más allá de sus bolsillos, sino la perspectiva de una alternativa socioeconómica que sustituyera el gobierno de sus intereses por el gobierno de los intereses de la mayoría de los españoles. Es tanta su preocupación que no les es suficiente la explotación de la cuestión catalana sino que empiezan a adelantar, por si acaso, la cuestión vasca como ejército de reserva. Los músicos mediáticos sobre el cupo vasco señalan la partitura diestra que tocan.

Crisis social, territorial y política van estrechamente ligadas. Si la España oficial se centra en la territorial, la España oficial lo hace en la social. Justamente se agrava el problema territorial para intentar evitar que la crisis social estalle en la dura cara de los gobernantes. Si todas las fuerzas progresistas no logran salir de ese laberinto nacional, en el que la derecha ha logrado encerrar hasta ahora a la izquierda, estarán condenadas a sufrir un 155 social como el territorial que hoy se aplica. Para evitar precisamente que mañana afeiten las barbas de la cuestión social como hoy se las afeitan a la territorial, Iglesias las pone ahora en remojo jurídico con el necesario recurso sobre el 155 que va a presentar en el Tribunal Constitucional, para que siente un precedente sobre su futura utilización.

Pero esa oportuna iniciativa no puede ni busca ir más allá de una estrategia jurídica defensiva. Está bien, como dice el refranero popular, prevenir para no tener mañana que luchar por la liberación de presos políticos procesados en sumarios sociales. Es obvia la necesidad de tener una clara estrategia política y ofensiva que desemboque en una alternativa democrática que resuelva tanto la cuestión social como la territorial. Decirlo ahora, cuando las dos derechas han logrado encerrar en una torre de Babel a la izquierda instrumentalizando la cuestión catalana, puede parecer tanto como predicar en el desierto; pero mayor división se daba bajo la dictadura del general Franco e incluso en los tiempos preconstitucionales de Carlos Arias Navarro, tan añorados por Rajoy-Rivera, y no pudieron impedir las conquistas democráticas que hoy recortan con botas de siete leguas,