La situación actual de la pandemia muestra claramente que en Europa, en algunos países más y en otros menos, hay una gran distancia entre lo que debería hacerse (según propone el conocimiento científico) y lo que se está haciendo por parte de las autoridades públicas en los distintos niveles de gobierno para controlarla. Tal distancia se explica por muchas razones, pero una importante es el desconocimiento, o ignorancia, de lo que tales autoridades suelen saber sobre la pandemia y sus consecuencias.

Los establishments político-mediáticos dominantes en la mayoría de los países de la Unión Europea están hoy deseosos de promover una visión incorrecta, de que estamos en la recta final de la pandemia, habiendo ya pasado la parte más dura de ella, caminando hacia la vuelta a la normalidad. La verdad objetiva, sin embargo, dista mucho de tal visión triunfalista de que estamos viendo el final de la pandemia.

En realidad, varios gobiernos europeos, como el holandés, han tenido recientemente que dar marcha atrás después de la supuestamente desaparecida pandemia que apareció de nuevo con la variante Delta, que cambió el pronóstico. Y un tanto igual ocurrirá en la Gran Bretaña donde el Primer Ministro Johnson declaró este lunes el Día de la Libertad, imitando a la Presidenta Ayuso, de la Comunidad de Madrid (de parecida persuasión política), liberando ya a la población de cualquier tipo de política restrictiva que se había aprobado para prevenir la extensión de la pandemia, indicando con ello la vuelta a la plena normalidad.

Les aseguro que verán como algo semejante a lo ocurrido en Holanda pasará también en la Gran Bretaña. España no ha llegado a este nivel, pero si existe cierto triunfalismo que ha dado pie a medidas claramente erróneas y precipitadas, tanto a nivel estatal central como autonómico, habiendo sido Madrid y Cataluña especialmente triunfalistas. El coste del triunfalismo es elevadísimo por la ignorancia que lo sostiene y promueve. Oculta una realidad muy distinta que siempre acabará imponiéndose.

El temor a enfrentarse a poderes fácticos por parte de las autoridades públicas

Además de ignorancia y desconocimiento, existe también otro fenómeno muy generalizado entre las autoridades públicas europeas encargadas de gestionar la pandemia y es el temor a enfrentarse con grupos de gran poder que tienen mucha influencia en la configuración de las políticas públicas que afectan la evolución de la pandemia.

El caso más evidente es el gran retraso en el inicio de la vacunación en la Unión Europea (y su generalización al resto del mundo). Resultado de la pésima gestión de la Comisión Europea (dominada por las fuerzas conservadoras y neoliberales – ver mi articulo “La ocultada causa del fracaso de la Unión Europea en la producción de vacunas anti COVID-19, Público - 21 de Abril, 2021), ésta no se atrevió a aplicar lo que estaban sugiriendo la mayoría de las instituciones científicas, que proponían a las autoridades públicas que interrumpieran los derechos de propiedad de las empresas farmacéuticas productoras de vacunas anti COVID, eliminando sus patentes para permitir su masiva producción tanto en Europa como a nivel mundial.

Esta situación dificulta enormemente el control de la pandemia. Y es éticamente insostenible, pues tales vacunas han sido financiadas públicamente, con lo cual el gasto público ha significado un apoyo imprescindible para la producción de las vacunas, beneficiando enormemente a las empresas productoras que han alcanzado unos exuberantes beneficios que se rigen única y exclusivamente por las leyes del mercado que están excluyendo a la mayoría de la población mundial que no podrá acceder a ellas (ver el artículo de Pierre Giuseppe Fortunato, Fighting COVID requires fewer patents and more State, Social Europe -July 20, 2021). Este protagonismo de los intereses empresariales que responden a un criterio meramente mercantil es un suicidio colectivo, pues la evidencia señala que a no ser que se resuelva la pandemia a nivel mundial, ésta no solo no se resolverá, sino que incluso se puede empeorar.

La necesaria vacunación y sus dificultades: el próximo problema en Europa

España está por fin vacunando rápidamente y hay que felicitar a las autoridades públicas por ello. Es una muestra más del éxito del Servicio de Nacional de Salud a pesar de su sub-financiación. Pero pronto España va a tener un problema puesto que es muy probable que el nivel de vacunación no alcance los porcentajes elevados que se requerirían para conseguir el grado de inmunidad colectiva necesaria para recuperar cierta forma de normalidad. Y esto se dará como consecuencia de la resistencia de sectores de la población a vacunarse, resistencia debida primordialmente a la ignorancia que hace vulnerable a sectores de la población a toda una serie de falsedades que transmiten en general las ultraderechas de siempre. El caso más claro es el trumpismo (que está ampliamente extendido en España), que explica que en los estados de Estados Unidos donde tal movimiento es muy fuerte, es donde el nivel de vacunación es menor. Y es posible que algo así ocurra en partes del territorio español.

Existe una cultura muy extendida en amplios sectores de las derechas y ultraderechas españolas, que enfatiza un individualismo muy acentuado que antepone el derecho individual sobre cualquier otro argumento, incluyendo el interés común. Es la actitud de menosprecio a los intereses colectivos. Esta actitud que antepone el deseo personal por sobre toda otra consideración, fue claramente expresada por el Presidente Aznar en su famosa frase “querer hacer lo que me dé la gana”, o como decía otro individuo de orientación política semejante en La Sexta Noche: “Lo que me pase por los cojones”, que junto con el anti-cientifismo son muy extendidos entre las derechas trumpistas en España. Estas posturas están muy generalizadas y representan una amenaza al control de la pandemia y que se está extendiendo a nivel internacional, claramente promovido por sectores económicos y financieros dominantes en los países europeos, que creen que la recuperación económica debe ser prioritaria, cualquier sea el coste humano que ello conlleve.

La otra alternativa al trumpismo es la de anteponer el bien común por encima del interés individual, incluyendo el protagonismo de lo público sobre lo privado, de los intereses comunes sobre los individuales, de la solidaridad sobre el egoísmo, y de la ciencia sobre la ignorancia. Al famoso grito un general fascista fundador de La Legión en el año 1936 frente a un discurso del intelectual Miguel de Unamuno: “¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la muerte!”, hay que promover el alternativo “¡Viva la ciencia de la vida! ¡Abajo en la ignorancia y la muerte!”. Y en esta cultura de solidaridad, la disponibilidad de las vacunas a todas las personas del mundo es un objetivo urgente y necesario, al cual hay que añadir el objetivo de que la vacunación también sea obligatoria.

El ciudadano no sólo tiene derechos, tiene también deberes

Este principio: “la obligación de vacunarse”, es en general, ampliamente aceptado en el caso de infantes, que tienen que vacunarse obligatoriamente para protegerlos de toda una serie de enfermedades contagiosas como la viruela, el sarampión, el tétano y la tos ferina, cuya vacunación ha significado evitar la muerte de más de tres millones de Infantes a nivel mundial (Katie Gravagna et al. “Global assessment of national mandatory vaccinations policy”, Science -17 Nov, 2020). Ahora bien, esta tolerancia o aceptación es menor cuando hablamos de adultos, y todavía menor, cuando hablamos de la vacuna anti-COVID.

Hay bastante aceptación de que sea obligatorio para el personal sanitario que es el que tiene mayor riesgo y el que cuida a la mayoría de las pacientes con esta enfermedad. Y también se ha extendido esta obligación a personas que trabajan en atención domiciliaria en los servicios a personas dependientes. Y también en varios países, como en Francia, se ha incentivado la vacunación anti-COVID, haciendo que esta sea condición para poder viajar, para poder ir a restaurantes, al cine o a lo que fuera. Pero no es suficiente en una situación donde la enfermedad es enormemente contagiosa, como es ahora el caso con la variante Delta, pues el control de la pandemia requiere una respuesta más activa. De ahí la necesidad de la obligación de la vacunación.

La oposición a la obligatoriedad de la vacuna en contra del COVID-19 argumenta qué no hay, en teoría, conocimientos suficientes sobre sus posibles daños colaterales, lo cual no es del todo cierto, pues ya existe gran experiencia, precisamente para las vacunas COVID más exitosas y eficaces, que documentan claramente que los posibles efectos secundarios de la vacunación son mucho menores en comparación con el enorme daño causado a la persona y la colectividad a la cual pertenece en caso de no vacunarse.

Es necesario alcanzar niveles de vacunación de al menos un 70-80 % de la población para poder recuperar una situación de casi normalidad. Y podría hacerse, pero para ello se requeriría de su obligación. En varios países como en Francia, ya se está haciendo indirectamente, al estar condicionadas muchísimas actividades del ciudadano a que presente tal documentación de vacunación. Y paradójicamente Estados Unidos, un país muy liberal, ha sugerido que en los lugares de trabajo se considera la obligatoriedad, pues no es justo que se perjudique a los trabajadores porque algunos no quieran vacunarse, contagiando a todos los demás. El gobierno federal así lo recomienda. Y un punto fundamental es quien decide, a quien afecta, y donde se definen las excepciones. Y es ahí donde la pandemia ( y ahora concretamente el proceso de vacunación), está generando una dinámica en la que las claras insuficiencias mostradas por ella están generando una demanda popular de mayor participación ciudadana en los procesos de decisión, redefiniendo y enriqueciendo la democracia, hoy todavía muy limitada en España.