La última gran polémica acerca de la gestión de la pandemia tiene que ver con la existencia o no de un comité de expertos tras las principales decisiones adoptadas, al que de manera recurrente se ha referido el Gobierno cuando insistía en al aval científico de sus medidas. Los comités han tenido muy mala fama desde Napoléon (“cuando quiero que un asunto no se resuelva lo encomiendo a un comité”), pero la oposición se ha frotado las manos con la posibilidad de que el del Covid nunca haya existido para reforzar así su tesis de que Pedro Sánchez miente más que habla, y mira que ha hablado en las interminables semanas del confinamiento.

El escándalo sobre el supuesto comité fantasma ha estallado tras una respuesta por escrito de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, al Defensor del Pueblo en la que negaba que un comité de expertos estuviera detrás de las resoluciones sobre qué territorios debían cambiar o no de fase en la desescalada. Aquello, unido a la obstinación del Ejecutivo en negarse a revelar el nombre de sus asesores científicos para evitar su lapidación virtual o real a manos de los patriotas de los anticuerpos españoles, parecía confirmar la hipótesis de que los únicos criterios científicos que el Gobierno había seguido eran los que el presidente, su ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el coordinador de Emergencias, Fernando Simón, habían podido leer en algún número atrasado de Muy Interesante.

El hecho cierto es que el Gobierno no solo ha contado con un comité de expertos sino con tres, si se permite incluir en esta pomposa calificación a los técnicos del Ministerio, altos funcionarios que han venido trabajando con todos los Gobiernos y que no parece que sean unos piernas por el hecho de cobrar sus nóminas del Estado. Por falta de comités ha existido un cuarto, de carácter político, integrado por las vicepresidentas, el vicepresidente y varios ministras y ministros. En resumidas cuentas, que de comités se ha estado bien servido y de expertos y técnicos también.

Ni siquiera puede afirmarse que el nombre de los expertos haya sido un secreto, reserva que, por otro lado, chocaba con la legislación al respecto, que obliga a dar a conocer su identidad a la opinión pública. Se ha conocido quienes eran los virólogos, epidemiólogos y expertos en Salud Pública que formaron parte del llamado Comité Científico del Covid-19 que periódicamente se reunía con el presidente; y también, por que lo publicó la agencia Efe, quienes fueron los redactores del plan de transición a la nueva normalidad, una comisión multidisciplinar que incluía además a economistas, filósofos y especialistas en nuevas tecnologías, inteligencia artificial y relaciones internacionales.

El motivo del aquelarre se centra en la desescalada del confinamiento. ¿Decidía el Gobierno que una comunidad progresara o no de fase por iluminación divina, por afinidad política, por fobias y filias o porque se manejaban datos contrastados sobre la evolución de los contagios y la capacidad asistencial de los territorios? La explicación del ministro Illa ha sido que la decisión era suya, fundamentada en los informes técnicos de la directora general de Salud Pública que, previamente, habían elaborado los funcionarios del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dirigido por Fernando Simón. Estos funcionarios son, sin duda técnicos. Pero, ¿acaso un técnico es un experto o un simple aprendiz de brujo? Aplicando la filosofía de Rajoy, al que tanto se echa de menos, si un vaso es un vaso y un plato es un plato, un técnico es un técnico y un experto es un experto. La conclusión es obvia. Si el criterio seguido era de los técnicos y no el de los expertos, el Gobierno ha mentido con la bellaquería que se le presuponía.

Agarrado el rábano por las hojas, pocos se han preguntado qué es lo que se tuvo en cuenta para el reclutamiento de los expertos fetén, porque entre estos debe haberlos, y los hay, de toda suerte y condición como en botica. Por poner un ejemplo reciente, nada tienen que ver los expertos gubernamentales con los que, sin duda, han asesorado a Díaz Ayuso en su propuesta disparatada de establecer una cartilla Covid para inmunizados con la que disfrutar de ventajas similares a las del carnet de familia numerosa. ¿O eran técnicos? Por cierto, ¿alguien sabe sus nombres? ¿Existen realmente o son los amigos invisibles de la presidenta madrileña y de su asesor áulico?

Quizás un debate más productivo, si lo que interesa es analizar posibles errores y no volver a cometerlos, hubiera sido contrastar la lista de expertos en los que se ha apoyado el Ejecutivo –y no tanto en la desescalada como en el punto álgido de la pandemia-, con otra en la que se incluyeran especialistas críticos con las medidas implementadas. ¿Nos hubiera ido mejor con las recomendaciones de estos otros científicos? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se eligió a uno y no a otros? ¿Quién tomó la decisión? Lo otro, el buscar tres pies al gato y deducir que se mintió por el hecho de llamar expertos a los técnicos, es propio de una oposición chiquilicuatre que presume de no dejarse engañar fácilmente porque distingue con los ojos cerrados entre un vaso y un plato llano o sopero.