Cuando Rajoy convocó elecciones para el 21 de diciembre en el paquete del artículo 155 pensé que la gravísima situación creada en España por la DUI de Cataluña, se empezaría a arreglar en las urnas.

El anuncio de ERC y del PDeCAT de que concurrirían a las elecciones convocadas por Rajoy, pese a estar en contra de la aplicación del artículo 155, me hizo pensar que la situación progresaba adecuadamente.

Paralelamente, la tocata y fuga de Puigdemont y un grupo de leales exconsellers a Bruselas, amagando con una petición de asilo político, instalaba al independentismo catalán en el sainete directamente.

En este contexto, en la calle, que con el DUI iba camino de convertirse en un campo de batalla, bajó el diapasón. Tanto que, inicialmente, podría haber sobrado hasta la última manifestación convocada Societat Civil Catalana defendiendo el 155 (finalmente se celebró bajo el paraguas de la convivencia).

Pero la situación cambió radicalmente cuando la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó la prisión incondicional del vicepresidente Oriol Junqueras y de siete exconseller (Santi Vila, que no votó la DUI, prisión eludible bajo fianza) y firmó una orden de captura contra Puigdemont y los cuatro exconsellers que también permanecen en la capital belga junto al expresident.

Entre otras cuestiones, Lamela argumenta en su auto que la acción del Govern “fue meditada y perfectamente preparada y organizada (…) se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, desobediencia y resistencia colectiva”, y pagó para llevar a cabo delitos contra las resoluciones del Tribunal Constitucional.

A juico de esta magistrada, existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Era más que evidente que la DUI y todo el procés que llevó al independentismo catalán hasta ella, por contener un cúmulo de vulneraciones flagrantes de la Constitución y del propio Estatut, tendría sus consecuencias judiciales una vez que el Estado puso la máquina de picar carne con la activación del artículo 155.

Además, claro, está la independencia judicial de la juez, que, a estas alturas del procés, cualquiera se mete con ella, aunque haya dictado un auto que representa un acto de sobreactuación y haya perpetrado una inoportunidad histórica por toda la escuadra. Pero ya se sabe, es ella y sus circunstancias.

Pero en la cocina de este auto también ha estado el Fiscal General del Estado, que tiene más de Rajoy que de Montesquieu.

Este buen señor debería haber templado gaitas –o el Gobierno se lo debería haber sugerido aunque fuera con indirectas- al ver que las elecciones del 21-D podían ser una vía de solución al callejón sin salida en el que se encontraba Cataluña y España. ¿Una petición de prisión eludible con fianza, una gran fianza, por encima de los 50.000 euros de Vila, no hubiera sido más razonable?

Y, en apartado más político imposible, Instituciones Penitenciarias, que depende directamente del Ministerio del Interior, ¿no se podría haber ahorrado el plan de dispersión de presos que ha organizado para Junqueras y los siete exconsellers?

En fin, esto pasa cuando un problema político como el catalán se deja que se pudra durante los últimos cinco años y se espera que, en el descuento, los jueces lo resuelvan a golpe de Código Penal.

Además de todo esto está la sensación de doble rasero y de cierta impunidad que transmite el PP cuando navega a contracorriente por aguas judiciales.

Resulta sorprendente que un partido en el que ha anidado la corrupción de forma tan escandalosa siga en pie y muchos de sus dirigentes más insignes estén dando aún teóricas sobre la unidad de España y contra el independentismo

En fin, con todo esto, me temo muy mucho que venceremos, pero no convenceremos a esa mitad de la sociedad catalana que abraza el independentismo más si cabe tras el ‘todos a la cárcel’ que decretó la juez Lamela sin permiso de Berlanga.

A ver si el Tribunal Supremo arregla este desaguisado sin chispa de gracia y sin altura de miras.

PD: Es realmente indignante que en la España de estos días que corren un juez suspenda cautelarmente el cambio del callejero franquista en Madrid atendiendo un recurso de la Fundación Francisco Franco.