Una vida libre de violencia para las venezolanas

Ese es el derecho que consagra la legislación venezolana para las mujeres. La ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a vivir en paz y tranquilidad, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar el maltrato contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. Esta ley es modificación de la que se aprobó en septiembre de 1998, cuando también se concibió el Plan Nacional de la Mujer 1998-2003. Es decir, en Venezuela se aprobó la legislación protectora de la mujer seis años antes que en España, cuya Ley de Violencia de Género es de diciembre de 2004.

Es de destacar que esta primera norma protectora de la mujer se aprueba en el primer año del gobierno de Hugo Chávez que apenas elegido acepta la promulgación de la Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia, que habían promovido y planteado las asociaciones feministas, las cuales llevan luchando un siglo en Venezuela. En 1999 se crea el Instituto de la Mujer y en el 2002 se publicó el Plan de Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.

Después de siete años de implementación de aquella, se consultó al Movimiento de Mujeres y a las asociaciones Feministas y se evaluaron sus defectos y debilidades y se aceptaron las sugerencias que estas presentaron. De tal manera, el 25 de noviembre de 2006, se aprobó por la Asamblea Legislativa la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ésta no pone condiciones para estimar el derecho de las víctimas a protegerse de cualquier clase de agresión machista. No es preciso que la maltratada sea la esposa, la novia o la compañera sentimental del maltratador, ni que se tenga que demostrar que los golpes se los propina su verdugo por el desprecio hacia lo que tanto la legislación como la jurisprudencia española denominan género.

Los artículos de la ley venezolana explicitan que a través de esta ley se articula un conjunto integral de medidas para alcanzar los siguientes fines: Garantizar a todas las mujeres, el derecho a la vida, la protección de la dignidad e integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y jurídica de las mujeres víctimas de violencia y el ejercicio efectivo de sus derechos ante los órganos de la Administración Pública. Y fíjense que el concepto patrimonial protege económicamente a la mujer, mientras en tantos países, incluida España, nunca se tiene en cuenta tal condición.

En un mundo en que la violencia contra la mujer ha sido definida por Naciones Unidas como el crimen encubierto más numeroso del mundo, en que esta se ejerce por el hombre contra ella por el simple hecho de ser mujer, la parte más débil de la pareja humana, es preciso protegerlas a todas: la esposa, la novia, la hermana, la madre, la suegra, la hija, la desconocida, la prostituta. Ninguna de ellas es más que otra, ninguna debe tener privilegios sobre las demás, y todas son susceptibles de ser agredidas por un varón que descargue su ira, su frustración, su impotencia o su excitación sexual en la que encuentre más cerca.

La ley protege especialmente a aquellas mujeres en situaciones de más vulnerabilidad: discapacitadas, indígenas, emigrantes que desconozcan el idioma, menores y mayores, para las que establece una atención especial.

Para que esta ley no se quede en pura teoría legal, el gobierno venezolano ha creado servicios sociales, policía especializada y una red de juzgados de violencia, y se establece la asistencia jurídica especializada gratuita a la víctima, así como la psicológica y la médica.

A la vez que se discutía y se aprobaba la ley se presentó el Plan Nacional Socialista por el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, 2010-1013, que se discutió con todos los sectores involucrados en la protección a las mujeres. Además de los Institutos de la Mujer, que se establecen no solo en nivel nacional sino también estatal y municipal, Venezuela cuenta con un Ministerio y una Defensora de la Mujer. Las viceministras se ocupan de las diferentes áreas que conciernen a su mandato, y la Defensoría está impulsando la participación popular en la denuncia de los casos en todas las Comunas, Consejos Comunales y Vocerías de Igualdad de Género.

Hace pocos días asistí a la creación del Observatorio de Medios de Comunicación para controlar los contenidos sexistas de la publicidad, los seriales, las comedias, los debates o el lenguaje, que promuevan, induzcan o defiendan cualquier clase de utilización de la imagen femenina, de menosprecio, injurias o violencia contra las mujeres. Y la gran participación de hombres en el evento sorprendía a quien está acostumbrada a la indiferencia con que los varones, incluso los más de izquierdas, ignoran estos actos.

Lo más emocionante, para quienes conocemos la rigidez de los procesos legislativos españoles, y sentimos la impotencia con que vemos derrotadas las iniciativas populares que nuestro sistema constitucional ha implantado únicamente para que no se aprueben, es comprobar el esfuerzo que hacen diariamente los gobernantes y los responsables de las instituciones venezolanas por consultar, dialogar y dejarse aconsejar por las organizaciones populares. He asistido a los encuentros que se producen entre los ministros, viceministros y directores generales con las asambleas de mujeres, de vecinos, de pacientes de la sanidad, y resulta conmovedor escuchar, durante horas, las quejas, las solicitudes y las propuestas de las gentes más sencillas y cómo ministros y ministras están allí, intentando responder y buscar las soluciones a los problemas que plantean.

Una iniciativa más novedosa e importante por los resultados futuros que pueden obtenerse es la Escuela de Formación Socialista para la Igualdad de Género que implementa el plan de Formación Feminista Argelia Laya, una de las heroínas –Venezuela tiene muchas- que luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez, en la guerrilla contra el capitalismo liberal, en el Partido Comunista y en el MAS, siempre contra el patriarcado y el machismo.

La Escuela que imparte cursos continuados durante todo el año, a profesores, policías, médicos, jueces, trabajadoras sociales, forma a los profesionales y a aquellos cuadros medios que después serán a su vez los transmisores de la ideología adquirida. El edificio, impecable, construido en la falda del Monte Ávila, tiene internado para 50 personas, y durante varios días los profesores explican las clases para introducir en el feminismo a quienes seguramente ni siquiera habían oído hablar de él. No se trata de cursos académicos como conocemos en España, largos y especializados, a los que solo acceden los privilegiados universitarios, que son voluntarios, y que no suelen tener aplicación práctica en la vida cotidiana de las mujeres.

A la formación feminista deben acceder los profesionales relacionados con la protección y formación de las mujeres. Los cursos se imparten en las escuelas secundarias, en los Consejos Comunales, en los grupos y asociaciones, en Escuelas de Formación de Cuadros. Se trata de expandir y difundir el feminismo hasta los confines del país, como exige el Poder Popular, que ha escogido a los gobiernos bolivarianos que apoyan la participación de las mujeres en todos los niveles de la administración del Estado.

Las asociaciones de mujeres, las instituciones, los que impulsan la creación de las Comunas, los Consejos Comunales, los Comités de sectores, no han hecho más que empezar en la construcción de un país socialista y feminista. Pero están seguros de que este es el camino y solamente permitiéndoles que lo recorran en paz, impidiendo que el fascismo arrase con lo alcanzado, como sabemos bien en España que puede hacerlo, sabremos dentro de un tiempo si estaban en lo cierto.