La videovigilancia no lo ve todo

“Vecinos y comerciantes, y quienes visitamos el barrio, mejoraremos en seguridad, y por tanto en calidad de vida” -Pedro Calvo, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid-

No sé si conocen la polémica sobre la videovigilancia en Lavapiés. El ayuntamiento madrileño está instalando cámaras en las calles, y una parte de los vecinos se opone a lo que creen una forma de control social y de estigmatización del barrio. También hay vecinos favorables, cierto, incluidos en ese 70% de españoles que según el CIS es partidario de las cámaras.

La experiencia de ciudades como Londres –una de las más vigiladas del mundo- muestra que los índices de delitos apenas varían. Pero el discurso del miedo, la coartada securitaria, cala con fuerza en una ciudadanía dispuesta a renunciar a parte de su libertad.

Sé que Lavapiés tiene mala prensa, y conozco madrileños que no pisan un barrio que consideran territorio comanche. No creo que porque haya una cámara en cada esquina vayan a pasear más por allí, más bien al contrario: las cámaras refuerzan la percepción de inseguridad: “si las ponen será por algo.”

Dicen sus defensores que las cámaras disuaden a los delincuentes. No lo tengo claro. Lo que sí sé es que suelen ser muy selectivas en lo que graban. En algunas empresas, por ejemplo, hay cámaras, pero sólo sirven para controlar si los trabajadores se escaquean o roban, no para garantizar sus derechos laborales o su seguridad frente a abusos. Tampoco las cámaras de ciertos edificios acristalados, o las de las concejalías de urbanismo, graban lo que ocurre en sus despachos. No confío en que las de Lavapiés sirvan para disuadir a los especuladores que amenazan el barrio, ni a los “asustaviejas” del mobbing inmobiliario, ni a los policías que hacen redadas a bulto contra todo el que parezca extranjero. Ah, claro, eso no es inseguridad ni genera alarma.