Beatriz Gimeno

Escritora, activista y Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid

En los últimos tiempos asisto a muchos debates sobre el controvertido tema de los vientres de alquiler. En dichos encuentros tengo la oportunidad de debatir con defensores de dicha práctica o negocio y he podido ver cómo van depurando argumentos, yo también lo hago a medida que vamos conociendo mejor de qué estamos hablando. Al comienzo de este debate los argumentos eran puramente intuitivos, porque el asunto llegó como un huracán prácticamente patrocinado por las empresas y sin apenas información/argumentación de la otra parte; pero según se va desarrollando del debate vamos comprendiendo de qué estamos hablando exactamente. Más allá de lo que finalmente decidamos hacer como sociedad es imperativo darnos más tiempo para tener un debate sosegado. Estamos hablando de una cuestión con importantes implicaciones éticas (esto no lo niega nadie excepto, quizá, las empresas), y para la igualdad entre hombres y mujeres. No es posible tomar una decisión de este calado, que afecta a las mujeres de todo el mundo (en cuanto apertura de un negocio global), que afecta a la igualdad, a lo que entendemos mercancía, por derechos de las mujeres, por derechos sin más etc. sin un debate social muy profundo en el que los partidos acompañen y participen, pero sin monopolizarlos. Una decisión de este calado no puede tomarse tras unos meses de supuesto debate en los medios y más aun sabiendo que los medios tienen en casi todos estos debates, fuertes intereses económicos, ya sean directos o indirectos. Son las empresas implicadas las que exigen una toma de postura rápida, tomada sin la necesaria reflexión. El problema es que el negocio multimillonario alrededor de este comercio está metiendo prisa porque cada vez son más los países que ponen algún tipo de traba a la cuestión; además, cuanto más se debate, y más seriamente, más posibilidades hay de ir, si no prohibiendo, si dificultando o problematizando, al menos, esta práctica. De ahí las prisas.

En cuanto a mi participación en este debate, he utilizado muchos argumentos y he escuchado muchos también. Algunos los he ido cambiando porque eran poco útiles, otros los he abandonado porque no me convencían (en cualquier debate real tienes que estar dispuesta a cambiar de argumentación e, incluso, de opinión). Pero hay uno, en el que ahora quiero incidir; uno que ha ido adquiriendo relevancia en los debates que mantengo con los defensores de la práctica de la gestación subrogada: y es el asunto del derecho al aborto; de cómo entendemos el derecho al aborto de la mujer gestante y, en realidad, de todas las mujeres porque el derecho al aborto, como los derechos fundamentales, no se pueden parcelar, cualquier limitación o aspiración de limitación a un grupo de personas afecta al núcleo del derecho en sí. Regular esta práctica sin tener en cuenta su vinculación con el derecho al aborto, puede significar dejar entrar un caballo de Troya en este derecho tan fundamental para las mujeres de todo el mundo y, por otra parte, tan cuestionado y sometido a presión por los enemigos del feminismo y la igualdad. Me sorprende la ausencia de esta cuestión en el debate.

¿Tiene derecho al aborto la mujer que gesta al hijo de otrxs? ¿Es el mismo derecho que el de cualquier mujer? En definitiva, esto responde a la cuestión que late debajo del derecho al aborto, ¿la mujer es dueña de su cuerpo y de su vida, incluso estando embarazada (o especialmente estando embarazada), o su cuerpo es un vehículo para la supervivencia de otra vida y por tanto no es plenamente dueña de sí en ese tiempo,y por eso no puede acceder al aborto? La respuesta a esta pregunta es clave y no tiene nada que ver con la composición genética del embrión o del feto. Al fin y al cabo, la mujer será en el mejor de los casos “dueña” de la mitad del material genético del embrión.

El aborto es uno de los temas clave en los contratos que se firman por gestación subrogada. Evidentemente si la gestante decide abortar, los subrogantes pierden muchísimo dinero y el hijo/la hija deseado. En todos los contratos y en todas las leyes que se han presentado en España y en otros partidos, el derecho al aborto, tal y como lo concibe nuestra ley, como un derecho de cualquier mujer gestante para abortar sin causa ni explicaciones –algo por lo que las feministas hemos luchado incansablemente- deja de existir como tal para pasar a ser un privilegio, un derecho condicionado. Condicionado, al dinero, nada menos. Como todos los derechos neoliberales quien paga manda, incluso por encima de los derechos reconocidos en las leyes. La gestante, en todos los contratos al uso, puede abortar (y es aquí donde dicen que garantizan el derecho) sólo si devuelve el dinero invertido en conseguir la gestación, mucho dinero; y, además, una indemnización en concepto de daños y perjuicios. En un debate mantenido la semana pasada con una representante de una asociación favorable a la gestación subrogada, incidí en este tema y ella confirmó esto. El aborto, una vez firmado el contrato mercantil, no puede llevarse a cabo libremente, sino sólo en determinados casos tal y como ocurría en la restrictiva ley del aborto anterior. El derecho al aborto queda, pues, sujeto a un contrato. Y ahí nos encontramos con la cuestión de si podemos renunciar a derechos fundamentales (el aborto lo es para las feministas) por contrato.

En esta lucha por el derecho al aborto, plenamente vigente en todo el mundo, el lenguaje utilizado es fundamental, así como la consideración de la gestante como dueña de su embarazo o mera portadora. ¿Por qué no pueden abortar las gestantes, según los defensores de esta práctica? “Porque para abortar un hijo que no es suyo hace falta una buena razón y no por capricho. Un embarazo es un asunto muy serio. Las mujeres no somos veletas”. (Palabras textuales) Estas tres frases suponen admitir, para empezar, que un embrión es “un hijo”, una vida que merece la misma consideración que la vida de la gestante, tal como defienden los ultraconservadores. Una vez admitido en una ley que dicho embrión es un hijo, una vida completamente independiente del útero en el que crece, entonces…¿qué importa de quien sea? Una vez admitido que la gestante no tiene pleno derecho sobre su cuerpo y que es la única dueña de su propia gestación, ¿qué más da que sea medio dueña o nada de dueña? El caso es que si dejamos que una voluntad ajena a la mujer gestante pueda reclamar, por una cuestión genética o por una cuestión económica, la continuación del embarazo por encima de la voluntad de la gestante, entonces, el derecho al aborto está en peligro, al menos para las mujeres que no sean ricas. En segundo lugar, una vez que admitimos que para abortar hace falta “una buena razón” entonces la voluntad de la gestante ya no es suficiente, ¿qué más da que sea un contrato mercantil o que haya que justificarse ante una autoridad religiosa o política? En tercer lugar, si se asume que quien ha puesto material genético en el embarazo puede exigir ante un tribunal que se le indemnice por daños y perjuicios, esto obviamente es aplicable a cualquier padre genético y deja a las mujeres a merced de estos respecto a su voluntad de autorizar o no el aborto o, como poco, de dificultárselo, de judicializar el tema y ya sabemos lo que esto significa para las mujeres; lo hemos visto con la custodia compartida impuesta, que no es lo mismo pero que nos aproxima a la cuestión. Por último, si se asume que para abortar hay que pagar, es obvio que eso funciona como una prohibición de facto o, si se prefiere, un privilegio; una prohibición muy real para quien, precisamente, se ha sometido a una gestación por motivos económicos, y para esto no hace falta ser extremadamente pobre. Muchas de las mujeres norteamericanas de clase media que se someten a esta práctica para pagar, por ejemplo, la universidad de sus hijos, no podría devolver el dinero invertido en el tratamiento de fertilidad más los supuestos “daños y prejuicios” que pueden ser tan altos como dictamine un tribunal.

No he tratado en este artículo nada de lo referido a las consideraciones éticas, políticas, anticapitalistas, feministas…y me he limitado a las implicaciones respecto al derecho al aborto. No apresuremos un debate fundamental para las mujeres porque eso es lo que quieren las empresas beneficiarias, que nos demos tanta prisa que no nos dé tiempo ni a pensar.