Comprendo las quejas emitidas por los agentes de la Unidad de Intervención Policía, (UIP), más conocidos como antidisturbios, pero no coincido con los motivos que las impulsan. Al gobierno le cuesta mantener la disciplina y lealtad también en la policía, mostrando otro síntoma más de debilidad que se le suma a su incapacidad para ofrecer a la mayoría un proyecto de país. El problema no está en tener más o menos margen de intervención o más o menos contundencia para intervenir en las manifestaciones, el problema está en las razones y el objetivo por el que se les ordena intervenir. Cuando se utiliza a la policía como la última barrera para defender a una minoría de privilegiados, es decir, a la casta política dirigente que es sierva de los intereses de la casta patronal y económica de las grandes empresas, se les está usando como guardaespaldas privados de unos pocos y no como un servicio público de la mayoría. El pasado sábado hemos visto en las calles de Madrid como caminaba la alegría de un pueblo que quiere vivir con dignidad y un futuro digno. La única respuesta que recibe de su gobierno es la criminalización y los pelotazos de una policía que pagamos con nuestros impuestos.

Existe un país real que se manifestaba en las calles, un país al que también le acompañaba mucha gente que desde su casa está cansada e indignada contra la indecencia y las políticas de recortes que impone el gobierno a través de la Troika. Pero existe otro país minoritario que defiende los privilegios de los evasores fiscales, de las puertas giratorias, de las grandes empresas y fondos de inversión, un grupo de violentos que se manifiestan día sí y otro también provocando destrozos incalculables junto con el gobierno. Un claro ejemplo: dos noticias que aparecían el día 24 en la web del diario El País, una debajo de la otra. La primera se titula "Los márgenes de las compañías españolas crecen por encima de la eurozona". La segunda reza, "Espaldarazo de las grandes empresas a la política económica de Rajoy". Ahora tratemos de unir esto con el impacto empobrecedor que esto tiene en la vida de la gente y con las Marchas de la Dignidad.

Me resulta curioso y despreciable por partes iguales observar cómo esos que se arrojan la potestad patriota de España, denigran tanto a su propia ciudadanía. Para esos medios de comunicación es más importante lo que sucede a miles de kilómetros que lo que ocurre en nuestras propias calles. La democracia para ellos adquiere sentido en su contrario: solo puede defenderse cuando lo que está en juego son los privilegios de las clases más pudientes, o cuando conviene geopolíticamente. En tales casos todo vale, piedras, tiros, muertos, financiación externa y culpar a los gobiernos por los disturbios. Sin dudarlo, esos mismos medios que toman la bandera de la revuelta luego son los primeros que recelan y criminalizan las movilizaciones cuando tienen lugar en España. Héroes fuera, salvajes descerebrados dentro.

Si lo que se defiende son derechos, democracia y bienestar para la mayoría, los patriotas de hojalata ya no nos hablan de la poesía de un pueblo vivo, de la alegría caminando, ni nos muestran a dos encapuchados compartiendo un beso entre las barricadas. Cierran filas y respaldan a los mismos mandos policiales y dirigentes políticos que sistemáticamente han demostrado que mienten, ocultan y manipulan los hechos. Mienten cuando arrancan ojos y quitan vidas a patadas, mienten cuando muestran objetos incautados que nunca se utilizaron y se revientan testículos a balazos de goma, mienten los medios que demonizan actos que en otras latitudes alaban. El problema para ellos no es la violencia, su problema es que no se lleve a cabo para defender sus intereses, los de unos pocos privilegiados.

Cuanto más se aleja una legalidad que no responde a la seguridad y al bienestar de la gente, más se abre la brecha con la legitimidad de un pueblo herido por sus gobernantes. Las marchas de la dignidad reunieron a mucha gente, pero la unidad popular no solo pasa por la unidad de los allí presentes, sino por un salto cualitativo que incorpore a más sectores de la población perjudicada por una deriva política fanática que secuestra la democracia, y la encierra en las mazmorras de los parqués bursátiles. No estamos por lo tanto, ante un problema de orden público reducido a una batalla privada entre manifestantes y policías, estamos ante un problema político que debe resolverse políticamente. Dicho de otro modo, no puede existir democracia con una población saqueada, empobrecida y privada de la seguridad necesaria para vivir con dignidad. La mejor medida contra los disturbios es dejar de destrozarle la vida a la gente. Pero el miedo no lo tienen en un episodio u otro de violencia, sobre todo su miedo está en que consigamos plantear la ilusión de alternativas políticas y sociales reales y cotidianas que vacíen su hegemonía. Esa es la principal batalla que hay que ganar.