Pocas cosas desmoralizan más que la injusticia hecha en nombre de la autoridad y la ley.

Concepción Arenal

El 7 de noviembre todas las mujeres y los hombres de España deben unirse a la Marcha contra la Violencia contra las Mujeres con la que pretendemos que los poderes institucionales: gobierno, Congreso, Senado, Poder Judicial, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, se impliquen con sinceridad y eficacia en prevenir y evitar la masacre de mujeres y niñas que se está produciendo en nuestro país.

Las compañeras gallegas de Ve la Luz, que realizan una velada continuada en la Puerta del Sol de Madrid, se han declarado en huelga de hambre hasta el día 7. Hay que acompañarlas y darles aliento y calor de solidaridad en estos amargos días. Porque cuando asesinan a una mujer nos asesinan a todas, cuando maltratan a una mujer nos maltratan a todas, cuando violan a una mujer nos violan a todas.

Hoy en Elche (Alicante) hay otra víctima en esta continua macabra contabilidad. Pero quizá los lectores no sepan que todas las víctimas no son iguales. Hay unas que son mujeres y otras que son género. Desde enero de 2015 las genéricas según las cuentas oficiales son 40, pero la verdaderas mujeres ascienden a 78 . Si publicaran todas las asesinadas en los últimos diez años, desde que se aprobó la famosa Ley de Violencia de Género, nos encontraríamos con más de mil, y esa es una cifra escandalosa que no conviene difundir.

Porque la Ley de Violencia, pomposamente llamada Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, se ha demostrado cumplidamente ineficaz. Desde su aprobación el 28 de diciembre de 2004, y en pocos días se cumplirán 11 años, se han cometido más de 1.000 asesinatos machistas. Porque la protección de la ley de que presumen tanto el gobierno como los partidos que la apoyan no es cierta. Las frías cifras nos explican que tenemos 2.500.0000 de mujeres maltratadas, 15.000 violadas cada año, y un número indeterminado -por falta de datos oficiales- de niños asesinados, desaparecidos, abusados sexualmente y maltratados.

Pues bien, el 55% de las denuncias se archivan en el Juzgado sin más trámite. Del 45% a partir de las cuales se tramita el proceso concluyen en condena el 70%, lo que supone que se absuelve al 30 % de los acusados y únicamente el 31% de las denuncias se penaliza, la mayoría de las cuales no exceden de dos años de prisión, porque dada la benignidad de los jueces, en los procesos de violencia, a los maltratadores se les compensa con la sustitución por los llamados servicios en favor de la comunidad, que nadie sabe en qué consisten. En definitiva, una mujer maltratada solo tiene el 6% de posibilidades de ver a su verdugo en la cárcel.

Estas cifras no escandalizan ni inquietan a los partidos políticos ni a los gobernantes, que no muestran el menor interés por la masacre de mujeres y niños que se produce en nuestro país cada año.

Tampoco los llamados movimientos sociales, del que los Indignados, el 15-M, la Plataforma contra los desahucios, las Mareas blancas y verdes y rojas, se han ganado tanto protagonismo, declaran la menor preocupación por esta masacre. Los que se muestran tan solidarios con los desahuciados de las viviendas no sienten ninguna emoción ante los cadáveres de mujeres.

Mientras tanto el PSOE sigue mostrando un entusiasmo digno de mejor causa por esa Ley segregacionista e inoperante. Pero no explican por qué, a pesar de la bondad de la norma legal, después de casi 11 años de promulgada, se sigue asesinando al mismo número de mujeres que hace una década- cuando no más-, y el número de apaleadas y violadas se mantiene inamovible.

La inoperancia de la Ley de Violencia

La más grave injusticia de la ley es que sólo protege a las mujeres ligadas con el agresor por un vínculo sentimental. De tal modo, todas las demás, que pueden ser la madre, la hermana, la suegra, las cuñadas y las hijas mayores de edad que sean agredidas por el maltratador, y por supuesto las prostitutas, apaleadas o torturadas por chulos o clientes, no son merecedoras de la protección de esta pomposa y tan publicitada Ley orgánica.

Esta limitación del sujeto a proteger significa que, así mismo, las mujeres víctimas de otros graves delitos, como la violación y los abusos sexuales –no digamos el acoso sexual- cometidos por familiares, amigos, vecinos, jefe o compañeros de trabajo, o desconocidos, quedan al margen de la protección de la ley. Incluso el incesto no es contemplado por nuestra legislación.

La más grave indefensión en que se encuentran las víctimas es que deben ser ellas las que prueben la comisión de los delitos, según el principio de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Mientras el legislador se ha molestado en especificar, con resultados completamente nocivos, que la violencia de género es diferente a los demás delitos, no ha considerado que, en razón de ello mismo, se debería invertir la carga de la prueba, como se ha logrado en la legislación laboral. Y en consecuencia, cuando el peligro de agresión o incluso de muerte es evidente, las víctimas deben huir de su casa, a veces con niños pequeños a su cargo, que tienen que dejar de asistir a la escuela, perder sus amigos y objetos queridos, para refugiarse en una Casa de Acogida; el maltratador, amenazando a su mujer diariamente, e incluso pudiendo prever la policía y el juez que intentará el asesinato, sigue en libertad, disfrutando de la vivienda común, asistiendo a su trabajo y siendo respetado por la comunidad. En definitiva, sólo en estos casos se da la monstruosa injusticia de que sea la víctima la que tenga que esconderse, en un régimen de privación de libertad, y el verdugo campe tranquilamente por sus respetos, sin amenaza alguna.

Este próximo día 7 de noviembre nos encontraremos en Madrid las asociaciones feministas y de mujeres y de hombres y todos los ciudadanos que entendemos que hemos de exigir a los poderes políticos, a los movimientos sociales, a los medios de comunicación, que se sientan implicados en esta lucha y den un giro copernicano a la perversa relación la masacre de mujeres y niñas y a la permisividad legal y judicial con los asesinos.

Únicamente el Movimiento Feminista ha sido protagonista en esta desigual lucha por visibilizar la violencia contra la mujer. Desde mi artículo en Vindicación Feminista de julio de 1976, denunciando la violencia machista, han tenido que transcurrir 40 años para que podamos realizar una Marcha a nivel nacional que manifieste claramente la indignación que nos invade, ante la evidencia de que el poder machista que sigue utilizando el terror y la violencia contra nosotras, está amparado por las instituciones del Estado. Porque la violencia machista es tan terrorismo como el etarra o el islámico, pero no se considera un asunto de Estado ya que las víctimas solo son mujeres.

Pero nosotras, como feministas, somos la vanguardia de la lucha, y aunque no tenemos medios económicos ni espónsores ni partidos ni gobiernos detrás, como los doce apóstoles, como los caballeros de la Tabla Redonda, como los ocho bolcheviques, como las primeras mártires de la Revolución Francesa y las sufragistas que redactaron el Manifiesto de Séneca Falls, y como Rosa Luxemburgo, Alejandra Kollöntai, Clara Zetkin, Clara Campoamor, y tantas otras que solas que cambiaron el mundo de su tiempo, estamos seguras de que este impulso de indignación e ira que sentimos ante la injusticia machista y los feminicidos de nuestro país que quedan impunes, será la chispa que incendiará la pradera y se extenderá rápidamente y logrará despertar las conciencias adormecidas y llevar nuestras exigencias hasta los indiferentes y machistas que nos gobiernan.

Madrid, 2 de noviembre de 2015.