La única formación política que representará a la izquierda en España en las próximas elecciones, con posibilidad de obtener representación parlamentaria, no cabe duda de que es Unidad Popular. Aunque solo sea porque es la única que de tal se reclama.

Y así es, desde el momento en que en la coalición se encuentra el Partido Feminista dentro de Izquierda Unida. Como indudablemente lo demuestra que los planteamientos de estas formaciones sean la reclamación de la III República, la anulación de los acuerdos con la Iglesia Católica, la salida de la OTAN y el cierre de las bases militares estadounidenses, y la declaración de una sanidad y una escuela públicas, con las medidas de apoyo a la industria, la agricultura, la minería y la ganadería que permitan a España reconstruir su deteriorada economía, así como la defensa y cuidado del medio ambiente y de los animales.

En el capítulo de las medidas sociales que atañen especialmente a las mujeres, el Partido Feminista ha elaborado un programa que fue asumido íntegramente por Izquierda Unida, en el que se encuentran todas las normas que deben ser aprobadas con urgencia para erradicar la violencia contra la mujer, la prostitución, las diferencias salariales, el reparto de los puestos de dirección entre hombres y mujeres en las empresas privadas y en la pública, distribuir los trabajos de cuidados, establecer una sanidad específica ginecológica y pediátrica, la formación feminista en las escuelas, etc.

Pero en el momento actual se está discutiendo el programa de la coalición Unidad Popular, en unas interminables y confusas reuniones donde no se hallan precisamente las personas preparadas para una tarea de tan especial importancia. Porque para nadie debe de ser un secreto que el programa es el núcleo fundamental, la columna vertebral de una formación política, y que de lo que allí se escriba se deriva un compromiso incondicional con los ciudadanos y las ciudadanas para la legislación y el gobierno del país durante los siguientes cuatro años.

Por ello, me siento especialmente preocupada porque en los temas de la mujer se están redactando unos capítulos del programa ambiguos o directamente machistas.

Así, en lo que se refiere a la prostitución no se escribe claramente la abolición de la misma, sino que, como en todo el redactado se habla de tender a, de la misma manera que el estilo de los artículos siempre se escuda en términos como recomendar, ampliar el desarrollo, revisar la ley, elaborar una propuesta, clarificar el Código Penal, regular medidas, que son todas declaraciones de intención y no propuestas concretas.

Quiero citar aquí la frase de un gran luchador por las libertades y el feminismo, Manuel González Prada, que decía que “un pueblo no merece llamarse civilizado mientras contenga… mujeres que se prostituyen por necesidad…” Y aquellos que defiendan la legalización de la prostitución no pueden llamarse civilizados.

Pero lo que resulta claramente machista e inaceptable es que alguien haya introducido en el tema de la violencia contra la mujer la siguiente disposición:

“Revisar la ley de violencia para que posibilite una vía de intervención que no pase por lo penal para poder intervenir en casos de maltrato donde la mujer quiere mantener la convivencia: el acceso a los servicios de atención y apoyo, educación y mediación familiar sin la obligatoriedad de la denuncia.”

Aparte de la redacción manifiestamente mejorable, la aprobación de que el maltrato no se denuncie y que la mujer mantenga la convivencia, no solamente es perversa, porque es entregar a la víctima sin defensa en poder del verdugo, sino que está expresamente prohibido por el Comité de No Discriminación contra La Mujer de la ONU, por el Convenio de Estambul, aprobado el año pasado, e incluso nuestra deficiente Ley de Violencia de Género no permite la mediación en los casos de maltrato.

Estas medidas nos retrotraen a tiempos superados –que en algunos países todavía se utilizan- en los que la violada quedaba resarcida si se casaba con el violador, por ejemplo.

Toda legislación que pretenda eludir la acción penal en caso de maltrato no solo conculca los tratados y leyes internacionales occidentales, sino que viene a dejar desprotegidas a las víctimas, al albur de la presión, las amenazas, las carencias económicas y el chantaje emocional de los maltratadores. Es darle patente de corso a los delincuentes violentos permitiendo su impunidad.

Pero eso lo sabe cualquier medianamente informado en la materia, incluso sin que haya tenido un tan largo recorrido como yo misma.

No conozco al autor, autores o autoras de semejante propuesta, porque desde luego no me han consultado sobre tal tema, pero dado el mecanismo de las reuniones de redacción del programa, sin filtro alguno respecto a sus participantes, perfectamente pueden haberse introducido los maltratadores, que individual u organizadamente pretenden desde hace mucho tiempo eludir el proceso penal.

Las feministas, y los hombres de buena voluntad, hemos tardado cuarenta años en conseguir aprobar una Ley específica contra la violencia contra la mujer, y siendo incompleta y necesitada de una revisión importante, sin embargo no permite que el delito de maltrato quede fuera del Código Penal, porque eso sería darle legitimidad y normalidad. Cuando precisamente se está reclamando cotidianamente que las mujeres denuncien más a menudo, para que intervenga la Administración de Justicia, con toda contundencia, aparecen estos redactores de un programa que se pretende de izquierdas y feminista pidiendo la impunidad para los maltratadores.

No hay delito que pueda eludir el proceso penal, ¿por qué precisamente ha de ser la violencia que sufren las mujeres el que quede exento de esa responsabilidad? Porque así lo quieren los maltratadores, y quienes lo acepten se están convirtiendo en cómplices y encubridores de ellos, y condenando a las mujeres a una vida de sumisión y victimización.

Las feministas, los defensores de DDHH, los especialistas en el capítulo de la violencia machista, sabemos que la mediación –eufemismo utilizado para encubrir la coacción- solamente sirve para que el que tiene más fuerza y poder obtenga una resolución a su favor. Además de que resulta especialmente perverso que se plantee mantener la convivencia de la víctima con el victimario, opción que se no se propondría para ningún otro delito.

Es evidente que en la redacción de estos capítulos del programa de Unidad Popular no se ha pedido la intervención de nadie realmente informado de esta terrible tragedia que llena de asesinadas los cementerios de España cada año. Lo peor es que, temo, por el contrario, que los que los hayan redactado sean los criminales.

Madrid, 19 noviembre 2015.