“Que ningún viento

perturbe el sueño

de quienes han muerto

sin humillar la cabeza.”

"Campanades a Morts" de Lluís Llach

Era un 3 de marzo como hoy, pero de hace 40 años. Cinco obreros eran asesinados en Vitoria y 150 personas más resultaban heridas tras una brutal carga de la Policía Armada durante una huelga general. Efectivamente, hablamos de los conocidos como “los sucesos de Vitoria”: unos de los episodios más dramáticos de una “transición” que, a pesar de la historiografía oficial y machacona, fue más sangrienta que modélica. Las 580 personas muertas en ocho años fruto de la violencia política de aquel periodo dan buena cuenta de ello.

No seré yo el primero en recordar que durante aquellos sucesos el ministro de Gobernación, responsable político en última instancia de aquella actuación policial, no era otro que Manuel Fraga. Por aquellos años todavía andaba empeñado en cobrarse, a golpe de muerte y represión, los royalties de aquella consigna totalitaria de “la calle es mía” cuyo copyright paseaba con orgullo. Cuando, años más tarde, las cosas se complicaron en el registro de la propiedad intelectual neofranquista, diversificó su cartera e invirtió fuerte, primero en la paternidad poliamorosa de la Constitución y, segundo, en fundar el embrión del actual Partido Popular.

Fraga murió sin ser imputado ni mucho menos juzgado por estos u otros sucesos de los que fue responsable, inspirador o partícipe. Sin embargo, Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales de la época, sí que ha sido conminado a declarar por los asesinatos de Vitoria ante la jueza argentina María Servini en el marco de la querella abierta contra los crímenes del franquismo. Y no acompaño la anterior frase con un “afortunadamente” porque, oh pequeño detalle, el Gobierno español se ha negado a su extradición a Argentina. Sí, el Gobierno presidido por el Partido Popular, herencia y legado de aquel Fraga y su cohorte. Círculo cerrado.

Durante este tiempo de trabajo en el Parlamento Europeo hemos podido conocer en detalle algo que ya sabíamos: cómo todos los países europeos han juzgado a sus respectivas dictaduras y a sus culpables, además de desarrollar una política activa de reconocimiento de las víctimas. Todos los países menos el nuestro. No por nada el responsable de Memoria de la Comisión Europea suele referirse recurrentemente a “la excepcionalidad española”. Una anomalía que hace del Estado español el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados después de Camboya, permitiendo así que una parte fundamental de nuestra memoria democrática siga enterrada bajo nuestras cunetas.

Ni las víctimas ni nuestra democracia pueden seguir viviendo esta excepcionalidad 40 años más. Cuando planteamos juzgar al franquismo no pretendemos abrir viejas heridas, sino justamente lo contrario: poder cerrarlas de una vez por todas. Es lo mínimo que se merecen las y los miles de desaparecidos, de muertos, de torturadas, de presas, de bebés robados... Es lo mínimo que nos merecemos todos y todas, porque sobre la impunidad y el olvido es imposible construir una democracia que se precie de tal nombre.

La inactividad, omisión u obstrucción a cualquier posibilidad de juzgar el franquismo por parte de las actuales autoridades políticas y judiciales de nuestro país ha motivado que las víctimas hayan tenido que recurrir a instancias internacionales para intentar hacer valer sus derechos. De la misma forma que en su momento las víctimas de las dictaduras chilena y argentina recurrieron a los tribunales españoles buscando una justicia que se les negaba en sus países, ahora nos toca a nosotros hacer el camino a la inversa.

Tanto la querella argentina contra los crímenes del franquismo como las múltiples resoluciones de repudio y condena a la impunidad del franquismo por parte de diversos organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, cumplen un papel fundamental en el reclamo de verdad, justicia y reparación. Pero son insuficientes: es necesario terminar aquí y ahora con la impunidad del franquismo. Con ese objetivo, los “ayuntamientos del cambio” han empezado un proceso de querellas para acabar contra la impunidad de los crímenes del franquismo y la transición. El primero de todos ha sido el de Pamplona, que ha abierto el camino para que se investiguen los crímenes contra la humanidad que afectaron a los vecinos y vecinas de la localidad. Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria está trabajando ya en la presentación de una querella ante la Audiencia de Álava para intentar abrir una causa penal por aquellos sucesos de los que hoy se cumplen cuatro décadas de impunidad.

En estos días de debates de investidura se repite como un mantra la necesidad de protagonizar una “segunda transición”. De poco o nada servirá si ese “transitar” vuelve a consistir precisamente en eso: que los responsables políticos y económicos del anterior régimen “transiten” impunemente al nuevo marco. No sirvió entonces y no servirá ahora. A no ser que de lo que estemos hablando sea de mera cosmética y fuegos artificiales. Por eso debemos defender no una segunda transición, sino una primera ruptura democrática. La que tenemos pendiente desde hace tantos años. Y para eso, cualquier gobierno que pretenda abordar un proceso cambio real, tendrá que asumir como propia la tarea de promover la acción de la justicia. Para que esa “excepcionalidad española” no dure ni un día más. Porque el tiempo no puede servir como amnesia de la justicia. Porque una democracia real también tiene que asegurar reparación, memoria y justicia. Hoy se cumplan 40 años de la matanza de Vitoria. Ayer se cumplieron 42 del asesinato de Salvador Puig Antich. Nuestro mejor homenaje: que no vuelvan a tener un aniversario manchado de impunidad.