De este modo, Selahattin Demirtas, candidato del HDP (Partido democrático de los Pueblos) a la presidencia de Turquía, alentaba a sus seguidores. Un discurso esperanzador que lanzó el pasado 17 de junio desde la prisión donde está encarcelado desde hace ya 20 meses. Acusado, junto a Figen Yüksekdag, co-presidenta del HDP en el momento de su detención, de varios cargos relacionados con terrorismo por los que le piden 183 años cárcel. Aún está a la espera de un juicio justo, en una cárcel en la frontera con Bulgaria, el lugar más alejado de su familia y hogar.

Hoy domingo 24 de junio tienen lugar las elecciones presidenciales en Turquía. El actual presidente Erdogan anunció este adelanto electoral atravesado por serias dificultades no sólo económicas - el país está inmerso en una recesión económica que está afectando a todos los sectores - sino también en un clima de inestabilidad política marcada por unas relaciones internacionales con EEUU y Unión Europea que no atraviesan su mejor momento debido a una reconfiguración de su política exterior marcada por un acercamiento a Arabia Saudí y Rusia, por la reactivación de la guerra contra el PKK y la operación militar bajo el nombre “Rama de olivo” contra los kurdos sirios, en el cantón de Afrin. A pesar de ello Turquía sigue siendo un socio preferencial para la UE en la gestión migratoria, por los acuerdos aduaneros y/o comerciales y por las “ayudas” millonarias que recibe como candidato a la integración en la UE.

Erdogan junto con sus aliados ultranacionalistas decidieron adelantar los comicios, antes de que la situación económica empeorara y mermara las opciones de la coalición en el gobierno. Estas son las primeras elecciones después de la reforma constitucional en las que Erdogan podrá concentrar en su mano, y durante un máximo de diez años, una cantidad de poder como nadie ostentó en Turquía desde el imperio otomano. De esta forma, además de concederle el rol ejecutivo del que ahora carece la presidencia, la reforma constitucional le permitirá suspender unilateralmente el parlamento, gobernar mediante decreto y la reconfiguración del Tribunal Constitucional y del Consejo de Jueces y Fiscales, el mayor órgano judicial turco. Además, podrá liderar un partido político (Erdogan tuvo que dejar de ser presidente del AKP que el mismo fundó como exigencia constitucional para poder ser presidente del país).

Según diversas encuestas y fuentes informales, ya que prácticamente todos los medios de comunicación son progubernamentales y no informan apenas acerca de las campañas de la oposición, sitúan al AKP, partido de Erdogan, por debajo del 50% necesario para ganar en esta primera vuelta. De ser así, este resultado forzaría a una segunda vuelta. Segunda vuelta en la que los partidos de la oposición, ya han acordado, de manera tácita, apoyar al candidato que se presente contra Erdogan. Los socialdemócratas del CHP -aliados con conservadores, islamistas moderados y liberales- serían la segunda fuerza más votada con un inédito 25-30%. Y el partido pro-kurdo, el HDP, seguiría siendo tercera fuerza con un 12-14%, lo que les permitiría mantener sus representantes en el Parlamento, al superar la barrera electoral del 10%. De no superar esa barrera electoral, los 80 escaños que se reparten en regiones kurdas irían a parar al partido de Erdogan. En ese escenario el AKP sí lograría imponerse en primera vuelta. De ahí se desprende la altísima relevancia del voto del pueblo kurdo. Y esto lo saben bien Erdogan y sus aliados, que no cesan en su estrategia de represión, miedo, hostigamiento y ataques incluso militares contra el pueblo kurdo y contra militantes y representantes del HDP. De hecho, uno de los principales objetivos desde la crisis de gobierno del 2015 en la que el AKP perdió la mayoría absoluta y el HDP consiguió superar por primera vez la barrera del 10% entrando en el parlamento fue acabar con la oposición política kurda mediante una lógica de guerra dentro y fuera de Turquía, clave para convertir el estado de emergencia en la norma, estableciendo un nuevo paradigma de la “normalidad” basado en la violencia. De esta forma, la guerra se ha convertido en la palanca fundamental para el fomento del régimen, un régimen de partido dirigido por un hombre fuerte y dominado por la lógica extrema "amigo / enemigo”. Todavía hoy las elecciones transcurren con el estado de emergencia vigente.

Otra de las dificultades a sortear será el fraude electoral. Estas elecciones están marcadas también por las sospechas, más que fundadas, de irregularidades y manipulación (ya hubo denuncias durante el referéndum de 2017). Fuentes informales apuntan a que puede haber entre 2-3% de fraude. No en vano, el pasado jueves 21 se prohibió el ingreso en Turquía por parte de las autoridades de Ankara, al político alemán del partido de izquierdas Die Linke, Andrej Hunko, que tenía previsto participar como observador, en una misión oficial de la OSCE (la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa). Además, el propio Demirtas, en uno de sus discursos desde su celda, denuncia que “miles de colegios electorales han sido reubicados en la región del sur del Kurdistán, lo que obligará a los votantes rurales a viajar varios kilómetros a través de puestos de control militar para emitir sus votos en lugar de votar en sus propias aldeas. También se está desplegando un mayor número de personal de seguridad en los colegios electorales de la región, lo que podría causar intimidación a nuestros votantes.”

La involución democrática de Turquía es un proceso que lleva años fraguándose. La excusa del intento de Golpe de Estado supuso la aceleración de este proceso de pérdida de derechos y represión. Si bien es cierto que en el último año la represión y las detenciones han aumentado de manera alarmante: 140.000 funcionarios públicos fueron despedidos, entre ellos más de 7.000 profesores y profesoras despedidos en una auténtica purga realizada después del intento de golpe de Estado. Pero también han sido cerrados periódicos y medios de comunicación, encarcelados periodistas o defensoras y defensores de Derechos Humanos y ONGs, como el, lamentablemente, famoso caso de Amnistía Internacional. Y por supuesto, parte de la oposición está en prisión: 9 diputados del HDP, 180 alcaldes y alcaldesas del partido, 300 dirigentes, y unos 10.000 militantes y votantes arrestados en las zonas kurdas. Esta descarada y brutal represión no sólo afecta al HDP. Hace menos de un año, una delegación de Podemos vivimos en directo este hostigamiento y persecución política. Mientras estábamos reunidos con Ali Seker -líder del CHP en Estambul- se enteraba por la prensa de que le acusaban de un delito de “injurias y colaboración con terroristas” por criticar un ataque con drones contra población kurda. Enmudeció, palideció. “De lo mismo le acusaron a Demirtas y ya lleva un año en prisión” es lo único que alcanzó a decir mientras suspendíamos la reunión por la evidente urgencia.

Mantenemos nuestro firme compromiso por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Y por ello, mostramos nuestra solidaridad internacional con el HDP. Su candidato a la presidencia, termina con un alegato esperanzador: “Estaré bien, siempre y cuando vosotros estéis bien. Seré libre, siempre y cuando vosotros seáis libres. No me inclinaré ante la crueldad, incluso si me mantienen en prisión 20 años. Por la paz, por la democracia y la libertad, seguiré resistiendo en vuestro nombre.”