Vicenç Navarro

Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra, Profesor de Public and Social Policy en The Johns Hopkins University y Director del JHU-UPF Public Policy Center

El bajo gasto público escolar en España y sus consecuencias para la reapertura

En un artículo anterior, Elementos esenciales pero olvidados de la reconstrucción social y económica (Público, 22.06.20) (basado en mi presentación a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de las Cortes españolas), ya señalé la gran urgencia de que la sociedad española se concienciara de la enorme importancia que los sectores sociales (sanidad, educación, seguridad social y servicios sociales) tienen para el bienestar de la población y para el buen hacer de la economía. Expresaba entonces mi preocupación por el hecho de que se estaban proponiendo grandes inversiones públicas para subsidiar sectores industriales (que han cristalizado en la aportación de 3.750 millones a la industria automovilística) a fin de asegurar su adaptación a las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia, mientras que se estaba dando poca atención entonces a la urgente y necesaria corrección de la enorme subfinanciación de dichos sectores sociales.

Los datos claramente muestran que en España, la sanidad, la educación, la protección y seguridad social y los servicios sociales públicos están muy subfinanciados en relación al promedio de los principales países europeos, y ello a pesar de que juegan un papel clave en configurar el bienestar y la calidad de vida de la población. El gasto público español en sanidad es, por ejemplo, solo del 6% del PIB, frente al 7,2% de la UE-15 (el grupo de quince países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico que España) o al 8,3% de Dinamarca; en educación es del 4% del PIB, frente al 4,7% de la UE-15 o al 6,9% de Suecia; y en protección social es del 16,9% del PIB, frente al 19% de la UE-15 o al 24,1% de Finlandia. No es por mera casualidad que, en general, los países que tienen mayor bienestar y menos desigualdades -los escandinavos- sean también los que tengan más desarrollados estos servicios.

En España, esta subfinanciación del sector público explica la dualidad público/privado en cada uno de los cuatro pilares del Estado del Bienestar (sanidad, educación, protección social y pensiones, y servicios sociales). En educación, por ejemplo, el 33% de la población escolar (en general, de familias de renta superior a la mediana del país) van a escuelas privadas (incluyendo en esta última la privada-concertada, que recibe subsidios públicos), mientras que la gran mayoría de la población es atendida por las escuelas públicas (donde el gasto por alumno es menor que en las privadas). El hecho de que el primer grupo de la población (las clases pudientes) tiene más peso mediático e influencia política que el segundo (las clases populares) explica, en parte, que esta situación no se haya ido resolviendo, apareciendo ahora con toda claridad durante la pandemia, siendo las clases populares las más afectadas por ésta. El nuevo gobierno español es sensible a esta situación, destinando 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas para educación. Hay que concienciarse de que esta cantidad es muy necesaria, y aplaudo tal decisión. Pero hay que subrayar que es una cantidad todavía insuficiente para corregir el gran déficit de gasto en las escuelas públicas y para permitirlas responder a las condiciones causadas por la pandemia. El déficit de personal, así como de espacios es enorme. Es más, 2.000 millones de euros es mucho menos de lo que se le ha asignado a la industria automovilística, a lo cual hice referencia al principio del artículo. Y les aseguro que la evidencia que muestra que para el futuro del país las escuelas son mucho más importantes que la industria automovilística, es clara y contundente.

Las consecuencias del déficit de gasto público escolar en la reapertura de las escuelas públicas

Hoy, la sociedad española se enfrenta a algunos de los mayores retos que tiene por delante, como es la reapertura de las escuelas a las criaturas y jóvenes en medio de una pandemia que continúa a unos niveles muy altos, lo cual es un dato preocupante pues las medidas a tomar en las escuelas dependen del nivel de gravedad de la pandemia en cada momento en las comunidades que las rodean. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, España es el país de la UE con una mayor tasa de infectados por coronavirus (durante los últimos 14 días), con 192 positivos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es mucho más elevada que la de países de semejante nivel de desarrollo económico: Finlandia (7), Noruega (13), Italia (18), Alemania (21), Reino Unido (22), Dinamarca (25), Suecia (35) o Francia (70). España supera incluso a Estados Unidos, con 190 casos por 100.000 habitantes.

Los datos presentados en el párrafo anterior demuestran que estamos en una situación muy preocupante. Este hecho condiciona sobremanera las medidas y condiciones de la reapertura de las escuelas en España, que básicamente son tres. Una es el número y composición del estudiantado por clase escolar y por docente (las famosas "ratios"); otra, el espacio entre los distintos componentes e individuos en cada lugar y momento (la "distancia de seguridad"); y el tercero, las medidas preventivas para minimizar el riesgo de infección (medidas de higiene y desinfección, el uso de mascarillas, la estanquidad de los grupos, la intensidad de los cribados, etc.). Estas tres dimensiones son clave y condicionan el éxito o fracaso de la reapertura en cualquier país.

En cuanto al primer condicionante, un análisis de los planes propuestos por las diferentes comunidades autónomas parece indicar que los promedios de estudiantes por grupo o unidad en todos los niveles educativos serán de los mayores de la UE-15 (en Dinamarca, el número máximo de estudiantes por clase es de 15, mientras que, en España, se prevén grupos de hasta 30 estudiantes, como plantea la Generalitat de Catalunya en la ESO). Y un tanto igual sucede en cuanto a las medidas de distanciamiento, que ha puesto en evidencia un problema de espacios disponibles que minimicen los riesgos de contagio. Este déficit de espacios es conocido en el sistema escolar español, déficit que con la pandemia se hace especialmente crítico, hasta el punto en que algunas comunidades autónomas (como la Comunidad de Madrid) tengan que hacer uso de equipamientos destinados a otros fines, como bibliotecas o polideportivos, o que el Ayuntamiento de Barcelona haya ofrecido más de un centenar de espacios municipales a la Generalitat para evitar las aglomeraciones en las aulas. En ambos casos se ve que hay un gran déficit de recursos, que se suma al ya existente debido a gran subfinanciación del sistema educativo en el Estado español, señalada anteriormente.

El otro gran problema: el contexto político que dificulta la construcción de consensos para la reapertura escolar

En el análisis de las causas de la enorme gravedad de la pandemia, hay que añadir a la escasa financiación de los servicios de los sectores sociales la gran descentralización de su financiación y gestión, siendo éstas responsabilidad de las CCAA, lo cual ocurre dentro de un contexto político en el que hay poca cultura de colaboración y cooperación entre los distintos niveles políticos que existen en el Estado español, así como los espacios políticos que lo gobiernan. La falta de apoyo y la gran hostilidad de las derechas ante las medidas adoptadas por el gobierno de coalición de izquierdas (anteponiendo sus intereses partidistas a los intereses generales del país) es un indicador de ello (ver mi artículo La politización de la pandemia por parte de las derechas en España, Público, 03.04.20). Países más descentralizados como la Alemania federal han sido capaces de mantener una dinámica de colaboración más estrecha, facilitando el liderazgo y orden constitucional a una dirección central en casos excepcionales como la situación actual, permitiendo así una respuesta muy satisfactoria tanto desde el punto de vista social como económico.

En España, en cambio, la oposición mayoritaria de derechas ha estado obstaculizando el desarrollo de un marco dentro del cual se hagan los cambios a nivel autonómico. La oposición de las derechas (PP, Cs y Vox en España, y de JxCat (con el apoyo de ERC) en Catalunya) a la prórroga del estado de alarma es también responsable de la expansión de la pandemia, que ha alcanzado dimensiones alarmantes. El anteponer los intereses partidistas a los generales ha influido en gran manera en el empeoramiento de la situación actual. Es importante notar que donde tales derechas gobernantes (a los dos lados del Ebro) han mostrado mayor hostilidad ante la prórroga del estado de alarma a nivel del Estado, tales como la Comunidad de Madrid y Catalunya, son las que han tenido una mayor expansión de la pandemia después de su finalización, junto a los mayores déficits en los programas de recuperación escolar. Son también, por cierto, las que tienen un mayor porcentaje de la población escolar matriculada en educación privada. De ahí que, en estas circunstancias, el gobierno central debería utilizar todos los recursos a su alcance para influenciar las prioridades educativas de las comunidades autónomas, por ejemplo, utilizando los 2.000 millones para resolver los problemas de falta de personal y de espacios.

Condiciones inmediatas para que se desarrollen tales propuestas: los acuerdos entre los distintos agentes en la reforma

Es fundamental que las autoridades educativas trabajen en estrecha colaboración con tres grupos cuya participación es clave para que el proyecto sea exitoso. Uno es el grupo del personal de los centros escolares, y muy en especial de sus docentes. Otro grupo es el de las asociaciones de padres y madres de los alumnos. Sin la plena participación de éstos, las medidas no serán exitosas. El último grupo es el de las autoridades públicas a nivel local o municipal. Sin su participación habrá problemas graves, pues necesitan estar en los procesos de toma de decisiones ya que su contribución (por ejemplo, en transporte) es también importante.

Un sector especial siempre olvidado: las escuelas de infancia

El grupo de criaturas más olvidado es el de los infantes de 0 a 3 años, que son 900.000 en España, 445.000 de los cuales no están escolarizados y que también necesitan tener atendidas sus necesidades emocionales, intelectuales y de socialización, preferiblemente de forma presencial, sin excluir la provisión digital de servicios en situaciones excepcionales. Estos servicios de atención y educación de la primera infancia están muy poco desarrollados en España, y es una de las causas más importantes de la limitada participación de la mujer en el mercado de trabajo. La situación en este nivel educativo ha adquirido unas dimensiones de auténtica crisis, pero parece ignorarse en el planteamiento de las necesidades de adaptación a la pandemia. De nuevo, las necesidades principales son de personal, que podría alcanzar la cifra de 143.000 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo en caso de universalizar el acceso a estos servicios, como parte de una expansión del 4º Pilar del Estado del Bienestar, tal y como ya se está proponiendo por parte de movimientos sociales de diferentes sensibilidades políticas (ver El 4º Pilar del Estado del Bienestar: liberar a las mujeres y salvar las pensiones, Público, 21 de enero de 2020).

La gran necesidad de reabrir las escuelas

Permítanme que concluya esta breve exposición con una breve nota que considero urgente y necesaria para apoyar el objetivo final de reabrir las escuelas. La enorme gravedad de la pandemia no puede paralizar o ralentizar el esfuerzo de abrir las escuelas. Antes al contrario. Tal reapertura es esencial. La necesidad de reabrir las escuelas se basa en criterios de justicia social y de eficiencia económica. Tenemos evidencia de que la docencia digital no presencial es menos educativa que la presencial. Los datos son claros, como también son claros y contundentes los que muestran que los estudiantes más perjudicados por el cierre de las aulas son los procedentes de familias con menos recursos, que tienen menos herramientas educativas a su alcance y entornos menos favorables para la formación en el domicilio. La docencia online en las condiciones actuales desmonta el principio básico de cualquier sistema democrático: el de proporcionar la igualdad de oportunidades a todos los infantes y jóvenes de un país, independientemente de su clase y origen social.

Es también importante porque la educación se basa en la socialización de los estudiantes, lo que fortalece su espíritu colectivo, solidario, así como los sentimientos de pertenencia a la sociedad y de ciudadanía a través de dicha socialización. No es por casualidad que uno de los mejores sistemas educativos de la UE-15 sea el finlandés, donde hay una verdadera transversalidad de clase social y heterogeneidad en la escuela (en la que, por ejemplo, el hijo del banquero y el del empleado de banca van a la misma escuela), lo cual caracteriza su exitoso sistema educativo. La polarización por clase social del sistema educativo, como ocurre en el español, es muy perjudicial para todas las clases sociales y un gran obstáculo para la cohesión social. El nivel educativo de las universidades estadounidenses, por ejemplo, descendió cuando el presidente Reagan acabó con las becas que permitían a estudiantes procedentes de las clases trabajadoras de bajos ingresos asistir a la universidad.

Y un tercer componente que justifica la urgencia de reabrir las escuelas es la necesidad de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, permitiendo la vuelta al trabajo y reduciendo así la enorme sobrecarga a la cual está especialmente sometida la mujer española (con el triple de incidencia de enfermedades debidas al estrés que los hombres), que aumentó alarmantemente con el cierre de las escuelas y que es insostenible de alargarse en el tiempo. La recuperación económica no será posible sin que se resuelva esta situación. Esta ha sido la experiencia en otros países y así ocurrirá en España. Así de claro.