Este domingo es el Día Mundial del Refugiado, un día que cobra especial relevancia en un momento político en el que las instituciones y gobiernos europeos están debatiendo un nuevo Pacto de Migración y Asilo. Una respuesta a la movilidad humana que combina xenofobia, fortalecimiento de las políticas securitarias y externalización de fronteras. En un día como hoy es importante recordar que, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), estamos viviendo la peor crisis de asilo desde la II Guerra Mundial. El número de las personas desplazadas de forma forzosa supera ya los 60 millones, por primera vez desde que existen registros. En este contexto, más de 15.000 personas (que sepamos) han perdido la vida en el mar intentando llegar a Europa, desde 2014, según la propia ACNUR. Pero contrariamente a lo que pueda parecer, no es Europa quien acoge a la mayoría de los refugiados, sino los países del sur con menos recursos.

Es decir, apenas hemos recibido una ínfima parte de los desplazados forzosos en el mundo y, sin embargo, la imagen mostrada de una Europa desbordada ante la llegada de refugiados y migrantes ha supuesto la coartada perfecta para legitimar la consolidación de las políticas migratorias de la Europa Fortaleza, sobre la que se fundamenta el nuevo Pacto de Migración y Asilo.

En un día como hoy, es fundamental denunciar que el nuevo Pacto de Migración y Asilo puede herir de muerte el derecho al refugio en nuestro continente. Para empezar, señalemos cómo elimina de un plumazo las cuotas obligatorias de reparto de refugiados. Una clara victoria política para los gobiernos de extrema derecha de Polonia y Hungría, que habían hecho de las cuotas uno de sus principales caballos de batalla con Bruselas. Un buen ejemplo de la capacidad que tiene la extrema derecha de marcar la agenda migratoria europea. Pero lo llamativo del nuevo pacto no son solo las cesiones a la extrema derecha en relación a las cuotas de refugiados, sino sobre todo es la institucionalización y sistematización de las políticas basadas en una supuesta excepcionalidad, que han justificado horrores como los del campamento de Moria, las devoluciones en caliente en cadena en los Balcanes o las muertes en el Mediterráneo.

Es decir, este pacto no solo no hace frente a las vulneraciones de los derechos humanos, sino que las avala, les da rango de acuerdo europeo, y hace de las mismas la condición de posibilidad de esta nueva normativa.

Pero si hay algo que destaca en esta propuesta es la referencia recurrente y obsesiva a las devoluciones y deportaciones. Los países que han rechazado tajantemente acoger a refugiados en sus territorios podrán hacer uso de la salvaguarda del sponsorship.

Es decir, cambiar la responsabilidad y justicia inherente a la acogida de una parte de las personas que llegan, por un compromiso para deportar o pagar para deportar a ese mismo número de personas, del mismo origen, de sus territorios. Una retorcida noción de “solidaridad” que solo puede comprenderse en este marco normativo que hace de la expulsión su bandera. Sobra decir que esto se podrá aplicar a personas que han huido de sus territorios y que, de acuerdo a esta nueva fórmula, podrán ser deportadas sin ninguna garantía y devueltas al foco del conflicto que provocó su huida.

Aquí se enmarca la recientemente publicada estrategia de retorno voluntario, apuntalada por esa misma cosmovisión racista de “mejor vete a tu país”, que ignora convenientemente casos como los de los 10.000 afganos y afganas que en 2017 fueron devueltos a Afganistán, en un contexto de violencia estructural, con un programa de retorno “voluntario”. La realidad es que, después de que se rechazara su solicitud de asilo, a todas esas personas se les dio a elegir entre la expulsión, la detención o el retorno voluntario con 10.700 euros en el bolsillo. El retorno, forzado, no es por tanto nuevo, pero sí parece serlo esa aura de nueva “solidaridad” que la Comisión Europea se empeña en darse a sí misma, ese nuevo concepto que ya no hace referencia a la ayuda desinteresada ni al apoyo mutuo. Ahora solidaridad significa, en los términos de la Comisión Europea, que otro Estado miembro te ayude a deportar, como también recoge esta nueva regulación.

Además de esta política de retorno, las fronteras exteriores se refuerzan con más mecanismos y centros de screening (cribado), para aumentar la detención, fuera del territorio europeo. Más clasificación entre los que se merecen protección y los que no, y con la puesta en marcha de procedimientos que, en palabras de la Comisión, sean “lo más rápidos y eficientes”. Así, por ejemplo, en la práctica se dificultará la asistencia jurídica, o que los demandantes de asilo puedan recurrir si su solicitud es denegada. Además de que las personas de nacionalidad con bajos índices de reconocimiento de protección serán desde el principio discriminadas en cuanto a la posibilidad de pedir asilo, lo que contradice el propio Estatuto del Refugiado.

Estas semanas pasadas hemos podido ver dos ejemplos, a nivel de Estado miembro, que ejemplifican muy bien la sinergia entre los dos niveles, el europeo y el nacional, y la concreción práctica de estas políticas xenófobas recogidas en el Pacto de Migración y Asilo. El ejemplo de Dinamarca y del Estado español. Aunque las devoluciones en caliente en Ceuta y la nueva legislación danesa (que manda a los solicitantes de asilo a Ruanda contraviniendo las obligaciones internacionales de Dinamarca) han sido, con razón y claramente, noticia mediática, ambas actuaciones no son más que la punta del iceberg, y ejemplifican muy bien de qué manera el espectro socioliberal asume ya los postulados xenófobos de la derecha sin ningún tapujo.

España no solo es uno de los países de la UE que cuentan con un menor porcentaje de reconocimiento de asilo, sino que el Gobierno español está presionando ahora mismo, junto a Grecia, Italia, Malta y Chipre para que se apruebe la nueva Agencia de Asilo sin la parte correspondiente a los mecanismos de supervisión y control en frontera, unos mecanismos para asegurar el derecho a solicitar asilo. Una situación que encaja con lo que hemos visto las pasadas semanas en Ceuta. Ante la emergencia humanitaria con la llegada de miles de personas, la respuesta del Gobierno ha sido desplegar al ejército y efectuar devoluciones en caliente colectivas, incluidos niños y niñas, cometiendo graves violaciones en frontera y contradiciendo todo protocolo y legislación internacional a la que está sometida España. Devoluciones colectivas que han suspendido directamente el derecho de asilo en nuestro territorio, con el silencio cómplice de las instituciones de la UE y de la mayoría del arco parlamentario.

En cuanto a Dinamarca, aunque la decisión de deportar a personas con asilo en trámite nos pueda sonar muy rocambolesca, es la continuación de muchas decisiones políticas que poco a poco han allanado el terreno para que esta situación tan horrenda pueda aprobarse. Hace tan solo unos meses el Gobierno danés decidió retirar el permiso de residencia a casi un centenar de personas sirias por considerar que la situación en algunas zonas de este país es "segura". Podría parecer para algunos y algunas que 100 personas no son tantas, pero si tenemos en cuenta el precedente que sienta esta declaración, más lo extendido en la UE de esta estrategia consistente en catalogar como “seguro” a un cierto tercer país que en absoluto lo es (como ha hecho Grecia con Turquía hace solo unos días), esta declaración es extremadamente preocupante.

El Gobierno socioliberal danés no hace por tanto más que seguidismo del anterior, conservador y liberal. Ese que amenazó con denegaciones masivas de solicitudes de asilo, devoluciones en caliente y prisión incondicional para solicitantes de asilo ante la amenaza de recibir una cuota de reparto de personas migrantes y refugiadas. Ese que propuso la creación de un macrocampo para refugiados fuera de la UE. Ese que aprobó, por mayoría, quedarse con el dinero de toda persona refugiada que llegase a Dinamarca para que ellos y ellas se costeasen su estancia en el país.

La criminalización de la población migrante y la vulneración del derecho al asilo no son solo productos de una extrema derecha en auge, o de unos cuantos políticos irresponsables, sino que es la consecuencia de una política institucional, de guante blanco, consciente y planificada, que persigue una degradación de la protección jurídica y social del refugiado y del migrante. Porque la Europa Fortaleza se construye sobre vallas, muros y concertinas, pero también se nutre de una masa de trabajadores y trabajadoras precarias, sin derechos y que además son vistos como una amenaza por las clases populares. La guerra entre pobres, la competencia a la baja, la lucha entre el último y el penúltimo. Un "no hay suficiente para todos" generalizado, que fomenta mecanismos de exclusión, que Habermas definía como característicos de un “chovinismo del bienestar” y que concentran la tensión latente entre el estatuto de ciudadanía y la identidad nacional.

Es increíble lo rápido que hemos transitado de las pancartas de “welcome refugiados” en las fachadas de nuestros ayuntamientos a las políticas reales y concretas del refugiados “go home”. Porque, aunque se repita una y otra vez, no estamos asistiendo a una crisis de refugiados que llegan en Europa, sino a una crisis de derechos, que no solo afecta a refugiados y migrantes sino que nos afecta al conjunto de los pueblos de Europa. Debemos plantearnos una pregunta clave: ¿Quién tiene derecho a tener derechos en Europa? Cómo respondamos a esta pregunta determinará mucho el futuro de las clases populares, no lo olvidemos.