VIDA 3.0 // JUAN VARELA

* Autor del blog Periodistas21

Los ayuntamientos ya tienen cómo salir de la encerrona legal para ofrecer WiFi gratis en espacios públicos: financiarlo con publicidad. Tras tanta persecución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) alguna de sus resoluciones tenía que despejar el camino para un servicio universal que debería convertirse en auténtico servicio público. El Ayuntamiento de Avilés lo ha conseguido al aprobarse su plan de WiFi gratis financiado con publicidad.

Si los contenidos son financiados por publicidad va siendo hora de que también la conectividad lo sea. Pero las autoridades hacen lo que pueden para poner barreras a los planes de WiFi libre. Las telefónicas son poderosas, y los reguladores se preocupan más de garantizar una competencia que no acaba de terminar con los privilegios de Telefónica que de ampliar el acceso a la sociedad de la información de los ciudadanos.

La CMT califica de “torticeras”, “distorsionadas”, “simplistas” o “mitos” en su blog las informaciones de Público y las protestas de asociaciones de internautas y otros colectivos. Pero olvida justificar por qué en todo 2007 sólo tramitó un expediente para garantizar el servicio universal de telecomunicaciones o por qué ha tardado otro año en fijar la contribución de las operadoras al fondo para ese servicio. También obvia sus faltas de transparencia para responder a medios y ciudadanos. Y no recuerda sus responsabilidades de garantizar el servicio universal de telecomunicaciones, incumplido reiteradamente por las operadoras y que provoca las quejas de los ciudadanos año tras año a los organismos competentes. Bienvenido sea el celo de la CMT en proteger el mercado y su dedicación a un blog que debería estar más volcado en informar a los ciudadanos y menos a autojustificarse.

Pero la iniciativa de Avilés abre el camino: cumplir las formalidades legales y ofrecer WiFi gratis en lugares públicos sin depender de fondos públicos, además de usarla para mejorar el trabajo y las comunicaciones de la propia administración. Otra batalla es la necesidad de garantizar el acceso a Internet en movilidad y superar la obsoleta garantía de acceso fijo de la Ley General de Telecomunicaciones (art. 22.a) cuando vivimos en una sociedad móvil. La CMT tampoco se pronuncia sobre la consideración de las telecomunicaciones como servicio universal, un concepto que debería sustituirse por el de servicio público y derecho de los ciudadanos de esa Europa 3.0 tan cacareada y a la que aún no alcanzamos, como reconoce el informe sobre La Sociedad de la Información 2008, obra de la Fundación Telefónica y presentado ayer por el propio ministro de Industria, Miguel Sebastián. Por cierto, defensor del WiFi municipal gratis cuando fue candidato a la alcaldía madrileña.