La igualdad de género es una necesidad económica

No hay plena conciencia en los círculos económicos y financieros del país, ni tampoco en sus fórums políticos y mediáticos, de que una de las causas de la crisis que hemos estado sufriendo en España es la existencia de desigualdades sociales (que han aumentado durante la crisis), y ello a pesar de que la evidencia de que eso es así es fuerte y robusta. Si nos centramos en las desigualdades de género, por ejemplo, podemos ver que el hecho de que la mujer no tenga las mismas oportunidades de integración en el mercado de trabajo que las que tiene el hombre determina que el porcentaje de las mujeres que trabajan en un puesto de trabajo remunerado sea mucho más bajo que en el promedio de los países de la UE-15, causa de que el porcentaje de la población adulta que trabaja sea mucho menor (54,8%) en España que en el resto de los países de la UE-15 (el grupo de países con un nivel de desarrollo económico semejante al nuestro), cuyo promedio es 65,1%. Y este diferencial de participación de la población en el mercado de trabajo explica, en parte, que España sea más pobre que el promedio de la UE-15. A más trabajo, más riqueza en un país, y más ingresos al Estado, incluyendo, por cierto, la Seguridad Social. Mucho se habla del reto que significa para la viabilidad de las pensiones públicas el hecho de que haya cada vez más ancianos y menos jóvenes, sin cerciorarse del gran caudal de riqueza y aportaciones al Estado –incluyendo a la Seguridad Social- que implicaría que España alcanzara los niveles de participación femenina en el mundo del trabajo remunerado de los países nórdicos (con niveles salariales comparables a los que existen en aquellos países).

De esta lectura de la pobreza relativa de España se desprende la enorme importancia que tiene para el desarrollo económico de este país facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo, una medida que tiene escasísima atención mediática y política. Se puede mostrar, sin embargo, que es una inversión más rentable para el Estado establecer servicios que ayuden a dicha integración, que otro tipo de inversiones que benefician a sectores más minoritarios de la población, como ha sido la amplia red de trenes de alta velocidad establecida en España. La información disponible señala que tal medio de transporte es utilizado predominantemente por el 20% de la población de mayores ingresos. Sin minimizar la importancia de esta inversión (que ha puesto a España en el liderato mundial en este tipo de transporte), el hecho es que hay otras inversiones que son más necesarias para estimular la actividad económica y en las que estamos a la cola de la UE-15. Me estoy refiriendo a servicios que ayuden a las familias en sus funciones y responsabilidades, tales como escuelas de infancia y servicios de ayuda a las personas con dependencia.

En España, cuando decimos familias queremos decir mujeres, pues son ellas las que llevan la gran mayoría de las cargas familiares. Y son estas cargas las que explican, en parte, la menor participación de la mujer en el mercado de trabajo. De ahí la enorme importancia y urgencia de que se establezcan tales servicios, elementos clave de la infraestructura social que tienen poca prioridad en las políticas de inversiones en este país. Y ello es un error, pues las grandes limitaciones en estos servicios (muy poco desarrollados en nuestro país) no solo dificultan que la mujer trabaje, sino que desatienden una de las áreas donde España también va por detrás, y no por delante, del resto de la UE-15. Me estoy refiriendo al cuidado de la infancia. Existe hoy una gran escasez de escuelas de infancia, lo que explica que el porcentaje de infantes en estas escuelas sea de los más bajos de la UE-15. Es más, socialmente se da poco valor a estos servicios, llamados “guarderías”, atribuyéndoles una función de aparcamiento de los niños e infantes mientras los padres trabajan. La evidencia científica muestra que las buenas escuelas de infancia tienen un enorme valor para configurar y ayudar al crecimiento emotivo, psicológico e intelectual en estas edades tempranas. Es una enorme pérdida de recursos permitir esta subformación de los infantes, que repercutirá en su futuro, incluyendo su habilidad para participar en la sociedad. Existe una clara relación entre la educación del infante y del niño y su articulación en la sociedad. Sociedades como la española, que dan poca atención a sus infantes, pagan un coste elevado en la calidad de vida y bienestar social de sus habitantes. La evidencia de ello es robusta.

De ahí que en un documento que el Profesor Juan Torres y yo hicimos (“Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida. Una propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española”), que presentamos a la dirección de Podemos en respuesta a su petición (y que se ha distribuido bajo el nombre de “Un proyecto económico para la gente”), subrayáramos la necesidad y urgencia de realizar toda una serie de intervenciones que ayudarían a la mujer a integrarse en el trabajo remunerado, creando riqueza y pagando impuestos. Este documento ha creado un gran debate pero, sorprendentemente, estas medidas que consideramos de gran relevancia para el desarrollo del país han pasado desapercibidas, lo que atribuimos al escaso poder que el sector femenino tiene en esta sociedad. Debería iniciarse un debate sobre la naturaleza de las inversiones en este país y discutir si la inversión en infraestructura social es tan o más importante que otro tipo de inversiones que gozan de gran visibilidad y mayor prioridad.