La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es la herramienta prevista en la Constitución para la participación ciudadana en política, mediante la que, en teoría, podemos defender directamente nuestros derechos u oponernos a las leyes que consideramos injustas. Pero en la práctica resulta totalmente inoperante por tres razones:

■ Queda restringida a una serie de asuntos menores, ya que no se puede plantear sobre temas propios de leyes orgánicas, como la Ley Electoral, la Ley de Partidos Políticos o la Ley sobre la Financiación de los Partidos Políticos; tampoco sobre temas presupuestarios, tributarios, de política internacional o referentes a la Constitución.

■ Es necesario realizar la descomunal labor de reunir medio millón de firmas (en la Unión Europea, para 501 millones de ciudadanos basta un millón de firmas).

■ Si consigues esas firmas, luego el Congreso tiene que autorizar la solicitud, y de las más de 90 ocasiones en las que la ciudadanía ha intentado presentar una ILP, solo dos veces el Parlamento las ha aprobado (se denegó, por ejemplo, la iniciativa sobre la dación de la vivienda en pago de las deudas hipotecarias, que atendía a una importantísima necesidad social, y fue presentada por más de 1,4 millones de ciudadanos; en cambio, las dos ILP autorizadas han sido sobre temas anecdóticos -proposición de Ley sobre reclamación de deudas comunitarias, y proposición de Ley para que la tauromaquia sea patrimonio cultural-)

Una visión tan restrictiva sobre la capacidad de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos parece contraria a los principios democráticos y entra en contradicción con el artículo uno de nuestra Constitución, según el cual la soberanía reside en el pueblo. Por eso hay que modificar la regulación de la ILP para que:

■ Pueda presentarse sobre cualquier materia (a excepción de las que puedan atentar contra los derechos humanos).

■ Basten con 250.000 firmas.

■ Y se dirima mediante referéndum vinculante.

De esta forma, los ciudadanos tendríamos una herramienta que nos permitiría participar directamente en política y resolver muchos problemas que padecemos.

Sirve para crear estabilidad social, prosperidad económica e identificación de los ciudadanos

Disponer de una ILP que sea realmente efectiva no es una idea excéntrica o desproporcionada es, en esencia, que se cumplan los principios en los que se asienta nuestra democracia y que funcionen sus instituciones. Por poner un solo ejemplo, desde el siglo XIX Suiza tiene implantado un sistema para dirimir las iniciativas legislativas mediante referéndum, desde entonces los suizos se han caracterizado por decidir entre todos cualquier aspecto importante que afecte a la mayoría de los ciudadanos, sin que haya ningún tema excluido. Esa profunda cultura democrática sirve para crear estabilidad social, prosperidad económica e identificación de los ciudadanos con los proyectos colectivos; algo que en España vendría muy bien.

¿Qué temas te preocupan? Participa y ayúdanos a hacer oír la voz de la ciudadanía.

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