El Ministerio de Industria se niega a informar sobre los asistentes y las actas de las reuniones que dieron forma e hicieron que se aprobase el controvertido reglamento de autoconsumo –criticado tanto por consumidores como por asociaciones defensoras de las energías limpias–, así como de los documentos remitidos por las terceras partes, del listado de las reuniones internas y con terceras partes, y de la fecha de celebración de dichas reuniones.

El 4 de diciembre de 2015, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, en colaboración con Access Info Europe, la organización de derechos humanos dedicada a promover y proteger el derecho de acceso a la información, solicitó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno datos sobre la elaboración del Real Decreto de Autoconsumo, más conocido como impuesto al Sol, en base a la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia.

Apenas unos días después, el 16 de diciembre, se denegó el acceso a la información pública solicitada. He aquí la primera muestra clara de que el término transparencia del Gobierno en funciones brilla por su ausencia.

El 17 de diciembre del pasado año se presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia, en el que se manifestó que las causas en las que se basa el Ministerio son insuficientes, y se solicita que se conceda acceso a la información solicitada.

También se añade en la reclamación, ante la denegación de la solicitud de información, que: “las discordancias en las fechas de resolución del expediente y de comienzo de tramitación de la solicitud de acceso a información, no se ajustan a los procedimientos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Resulta inverosímil que la solicitud de información comience a tramitarse con posterioridad a la resolución de la misma”.

Con esta reclamación se anima al Consejo de la Transparencia a llevar a cabo una evaluación y monitoreo del proceso de tramitación y resolución de las solicitudes de acceso a información. Los errores en las fechas ejemplifican la inseguridad jurídica y la dificultad de los ciudadanos para estar informados y defenderse contra la vulneración del derecho de acceso a información frente a la administración pública.

El 28 de diciembre el Consejo de Transparencia procedió a dar traslado de la reclamación presentada al MINETUR, tramite reiterado por el Consejo en dos ocasiones.

El 29 de febrero de 2016 se remitió un documento firmado por la directora general de Política Energética y Minas, donde se considera que el recurso presentado no se encuentra fundamentado de manera alguna, ni ofrece razón de la impugnación de la resolución del 10 de diciembre, por lo que no se pueden presentar alegaciones ni informar en sentido alguno.

Con todo ello se demuestra cómo agotan plazos y se reiteran en denegar el acceso a la información solicitada. ¿A quién defienden? ¿Por qué no quieren hacer pública la identidad de las personas u organizaciones que participaron en las reuniones?

Desde MINETUR afirman que no se tiene registrada ninguna reunión oficial sobre el reglamento de autoconsumo y sobre reuniones informales que se celebran en la subdirección sobre las distintas cuestiones relativas al funcionamiento del sector. A ello añaden que tampoco se dispone de actas de las mismas ni de información relativa a los asuntos tratados.

El proceso de elaboración de la norma se sometió a audiencia en dos ocasiones –una en julio de 2013 a través del consejo consultivo de la electricidad CNE ahora CNMC– en la que Comunidades Autónomas, Red Eléctrica, asociaciones de productores renovables, ecologistas, etc., presentaron medio centenar de alegaciones; y otra, directamente al MINETUR en junio de 2015, en el que se presentaron 15.000 alegaciones. No obstante, esta información recibida fue considerada auxiliar o de apoyo y, en este sentido, se denegó su acceso.

Tal y como se solicita al Consejo de Transparencia, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético pedirá la ampliación del Expediente Administrativo, esta vez, en el recurso contra el Real Decreto 900/2015 que se presento ante el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre, por considerar que una vez más, el Ministerio de Industria envía el expediente incompleto.

Dicho expediente contiene los nombres y direcciones de correo de las más de 15.000 personas que realizaron alegaciones por vía telemática, y sin embargo, “no se incorpora el contenido de las alegaciones, lo cual resulta una muestra de desprecio total hacia las miles de personas que decidieron dar su opinión sobre el Real Decreto de autoconsumo”, según afirma Daniel Pérez, abogado de HOLTROP y miembro de la Plataforma.

La resolución de la administración (MINETUR) carece de la suficiente motivación para aplicar dicha causa de inadmisión, limitándose a indicar que la documentación objeto de la solicitud constituye “información interna”.

Como argumentó el propio Consejo de Transparencia, "la información relativa a las reuniones internas y con terceras partes, mantenidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en las que se tratase temas relacionados con la elaboración del Real Decreto 900/2015 del 9 de octubre y los nombres de los asistentes y actas de las reuniones no pueden considerarse, en modo alguno, información interna que deba quedar vedada al conocimiento de los ciudadanos", según señala Alba Gutiérrez, coordinadora de campañas en Access Info.

Las reuniones pueden recibir el calificativo de internas por MINETUR, pero el contenido de las mismas no tiene la condición de auxiliar o de apoyo, dado que sirve para configurar la voluntad publica del órgano, es decir, que es relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones publicas y su aplicación.

Tampoco puede considerarse que sea auxiliar o de apoyo informar sobre los asistentes a dichas reuniones siempre y cuando los asistentes lo hayan hecho en calidad de responsables públicos con cargos de relevancia en la toma de decisiones o representantes de empresas privadas del sector energético que tengan intereses que se vean afectadas por el contenido de la citada norma.

La semana pasada el Tribunal Supremo notifico que el recurso contra el Real Decreto de autoconsumo, que el Gobierno del PP aprobó el pasado mes de octubre, ha sido admitido a trámite por la Sala Tercera de lo contencioso-administrativo y junto a la administración del Estado, que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético señalaba como demandado en su recurso, cuatro de las grandes eléctricas españolas (Viesgo, EDP, Iberdrola y Gas Natural) se han personado como recurridas.

A juzgar por esto y por la falta de colaboración a la hora de acceder a la información solicitada al Consejo de Transparencia, a nadie se le escapa que estas empresas pueden haber colaborado en la redacción de la normativa de autoconsumo.

Aunque la mayoría del Parlamento se comprometió el pasado mes de febrero a allanar el camino, reconociendo el derecho al autoconsumo sin ningún tipo de cargo, y la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo, entre otros aspectos no menos importantes, parece ser que el Ministerio sigue anquilosado en las viejas estructuras fósiles, en connivencia con las grandes eléctricas y dejando al margen a la ciudadanía.

¿Qué pasará a partir de ahora? Damos pasos muy importantes, pero esto no ha acabado. El Ministerio tiene el plazo de un mes para enviarnos la documentación. Si no quisieran dar la información, irían a un contencioso administrativo pudiéndose demorar varios meses.