“Una de las historias más bonitas que he escuchado en el partido socialista es el de dos padres que se conocieron en un campo de concentración y hoy es Javier Fernández el presidente de Asturias”. Así describía Susana Díaz a Fernández, días antes de encomendarle la dirección de la gestora, ante el asombro de un país que vió el aquelarre en prime time. De poco valió esa historia, sin embargo, a las asociaciones en defensa de la memoria histórica y otras 62 organizaciones que habían solicitado la medalla de oro de Asturias para los guerrilleros antifascistas asturianos en el año 2013. El presidente asturiano dejaba desierta la medalla de oro ese año ante la incomprensión de miles de familias. Dos años después, no dudaría a la hora de entregar ese reconocimiento a la principal fortuna asturiana, la Corporación Masaveu, justo tras aparecer en la lista Falciani y ser imputada en la Audiencia Nacional por un fraude de 80 millones de euros.

La historia de Fernández está llena de contradicciones. Creció en Mieres, principal ciudad minera, donde pasó su juventud en los últimos años del franquismo. Mieres ardía, bastante más que la conservadora Escuela de Minas, donde a pesar de ello también se encarcelaba a activistas estudiantiles. Del actual presidente asturiano, sin embargo, se desconoce actividad política en esos años. "Inspector de minas, no se afiliaría al PSOE (que ya contaba con mayoría absoluta) hasta 1985. En 1987 volvería de Cantabria, donde había trabajado desde 1984, y comenzaría a trabajar la Consejería de Industria. Consejería que controlaba José Ángel Fernández Villa, el todopoderoso líder minero del SOMA-UGT que fue diputado del PSOE durante 24 años y que regularizó más de un millón de euros en la amnistía de Montoro. El sindicalista lo aupó en 1991 a la Dirección de Minas y nunca ya le abandonaría en las siguientes dos décadas, observando su ascenso a consejero, diputado autonómico, senador, congresista, secretario general y presidente asturiano. 25 años después, Fernández ya no vive en Mieres, sino en Somió, la Moraleja asturiana, exclusivo barrio donde hace poco construyó su segunda mansión tras un crédito de Cajastur rodeado de polémica, por un presunto trato de favor.

Pero volvamos atrás. Fernández se convertía en delfín de Villa en 1991 y comenzaba fuerte la década desde la Dirección General de Minas (1991-1995) y la Consejería de Industria (1999-2000). Los 90 eran tiempos de reconversiones industriales impulsadas por Felipe y Solchaga. La minería no sería menos; 30.000 mineros se quedaron en poco más de 3.000. Fue un cierre planificado por gobiernos socialistas y populares, apoyados en prejubilaciones masivas y la entrada de carbón de importación. Los miles de millones en fondos mineros ofrecieron “puestinos y perres”, desencadenando una profunda corrupción que hoy en día apenas ha empezado a emerger. El primer jefe de Fernández, el ex consejero Víctor Zapico, terminaría juzgado en la trama carbonera: hacía pasar carbón de importación como autóctono en la mina de La Camocha, cobrando así subvenciones públicas. Según el histórico sindicalista Antón Saavedra, Fernández le admitió que lo sabía, pero nunca lo denunció. Les pillaron, pero los poderes fácticos nunca les dejarían de lado y el juicio se retrasaría 20 años. Tras la condena en 2014, la jueza feminista Charo Hevia, veía anulado el proceso dos años después. Cansada, ya se había exiliado a Valencia para entonces. Omertá style.

Pero, ¿por qué Villa, el SOMA y Fernández son claves en la historia de Asturies? El periodista Xuan Cándano, director de Atlántica XXII, les describía así: “Generaron una cultura de organizaciones jerárquicas, militares, opacas, anti-democráticas, absolutamente faltas de transparencia, que se trasladó también a las instituciones públicas. [...] Se creó un inmenso sistema clientelar y asfixió a la sociedad”. Asturies hoy cuenta con la menor tasa de natalidad, de crecimiento económico, de actividad y de ocupación del Estado.

Villa, ex confidente franquista, controló el SOMA de 1979 a 2013 a partir de la ‘chequera sindical’, cientos de liberaciones que le permitían sacar o enviar a sus afiliados de vuelta al pozo a su antojo. Con esa red tomó el PSOE asturiano (la FSA-Federación Socialista Asturiana), y desde ahí pondría alcaldes, presidentes del gobierno o de la Caja de Ahorros (como el actual de Liberbank, Manuel Menéndez). Contrasta con la rica historia del socialismo asturiano, fundamental en la lucha contra el franquismo, por la democracia y por los derechos sociales; una historia que va más allá, mucho más allá, de las luchas por el poder de los Villa y Fernández.

Y es que sería en el año 2000 cuando Villa lanzaría el órdago al entonces presidente Areces y presentaba a un pupilo suyo a la Secretaría General. Nuevo cruce de caminos; ese alumno era Javier Fernández, que se impuso por unos pocos votos. ¿Cómo pudo Fernández ascender en un entorno de indescriptible corrupción sin que le afectara? La presencia de Fernández en la Consejería de Industria, el epicentro de corrupción y redes clientelares asturianas, recuerda a la de Artur Mas (que fue Consejero de Obras Públicas y Economía). Señala Guillem Martínez que el producto Mas consistía en “a) un tipo con cierta fama de sobrio y honesto. A su vez, b) en esas conselleries ---ojo: Obras Públicas y Economía--- es en las que se tuvo que tener conocimiento absoluto de la corrupción estructural de CiU. El producto Mas consistía en no sacar tajada, como sus antecesores, de actividades fraudulentas, pero permitirlas, o mirar para otro lado cuando las tuviera cerca. En francés, mucho más gamberro, sería laissez-faire, laissez passer”. ¿Les suena familiar?

La caída de Villa no llegaría hasta el 2014, cuando se le encontraron 1,4 millones de euros blanqueados (probablemente, comisiones de una residencia geriátrica para ex mineros) que mostrarían al Pujol asturiano desnudo. Los mismos que le debían el puesto lo acribillaron, literalmente, al amanecer, empezando por el propio Fernández. Ahora también su sindicato matriz asturiano, la UGT, es juzgado por malversación en los cursos de formación.

Desde el año 2000, mientras construía una FSA a la medida del SOMA, Fernández esperaba su oportunidad de ser candidato a la presidencia. Un ex liberado sindical de HUNOSA, Jesús Gutiérrez, ocuparía la Secretaría de Organización; y dos políticos de concejos mineros, Fernando Lastra, diputado desde 1987, y Graciano Torre, padre del actual secretario general de Juventudes Socialistas de España, acceden a la portavocía parlamentaria y la Consejería de Industria, respectivamente.

Areces continua en el gobierno hasta el año 2011, pero para entonces Fernández ya se había aprovechado de la inmensa red endogámica de liberaciones, directivos y contrataciones en las 70 empresas públicas del Principado, el Gobierno, UGT y SOMA que llevaba décadas afianzándose. Pero en esto llegó la crisis y la contracción de esas redes clientelares. El paro se disparaba en las cuencas, los jóvenes asturianos lideraban la emigración y el silencio de los jueces ante la corrupción comenzaba a resquebrajarse. ¿Cómo detener el tiempo ante la indignación social?

Fernández lo intentó cuando llegó al gobierno en 2012, pero nombres de casos de presunta corrupción como Marea, Gitpa, UGT, Musel, Mareína, Kaype, Niemeyer, Aquagest, Villa… se fueron haciendo familiares en la sociedad asturiana. La estrategia gubernamental consistía en obstruir y dilatar la acción judicial, al tiempo que se aforaba a alcaldes y políticos -a los propios, claro está- en riesgo de imputación. Pero sin duda el caso Marea, donde el Bloque por Asturies y luego Podemos ejercieron la acusación popular, fue el mayor reto de Fernández. Un exconsejero de Educación socialista y varios altos cargos serían juzgados por desviar en comisiones 10 millones de euros de los colegios. La sombra de la financiación ilegal planeó en el procedimiento. El gobierno del PSOE tardó 5 años en remitir los informes del caso a los jueces. Dilató y obstruyó la investigación, atacando a las acusaciones populares y a funcionarios confidentes, una táctica que está repitiendo en el juicio por 200 millones de sobrecostes del puerto del Musel, que según la Agencia Antifraude de la UE acumuló el 25% del fraude comunitario.

Lo llaman “El Mudu”, por su fotofobia y escasa presencia pública. Su gobierno, al que Podemos bautizó como “la gestora” hace ya más de un año, sólo ha presentado una propuesta de ley en el Parlamento en toda la legislatura. Una ley de transparencia que, por otra parte, incluye un criticado mecanismo que permite elaborar listas negras -al servicio del Gobierno- en las que figurarían los datos de los funcionarios denunciantes. Es fácil imaginar cómo podría funcionar el mecanismo de represalías contra el denunciante. Su acción parlamentaria, en definitiva, no es ejemplar. El PSOE se ha quedado sólo este año votando en contra de la garantía habitacional para víctimas de violencia machista, de la modificación de la ley de igualdad para reforzar la protección de niños y mujeres, de medidas para afrontar los desahucios, de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, de investigar las listas de espera en Sanidad, de las medidas contra las puertas giratorias, de una nueva ley anticorrupción, de auditar el fraude en el caso Marea o de la recuperación de la paga extra sustraída en 2012 a los funcionarios.

Alguien podría pensar que nada se movía en Asturies sin la red clientelar de la FSA-PSOE. Se equivocan. Les falta la mitad, o al menos un tercio, del espejo. Se llamaba despectivamente Pacto del Duernu (el ‘duernu’, en asturiano, se refiere a la artesa donde comen los cerdos) y para hablar de él tenemos que hablar de Villa. Pero no sólo de él. Imagínense al padre político de Fernández reunido en un restaurante de lujo con un político ovetense hecho a sí mismo y amante del boxeo. Sentado frente a Villa, Gabino de Lorenzo, referente de la derecha que convirtió Oviedo en la -corrupta- Valencia del Norte. De esa relación surgiría el Pacto del Duernu, un reparto territorial del poder fraguado entre PP (Oviedo) y PSOE (Asturias y Xixón). Se respetaban (y Fernández respetó) los territorios rivales, sin intervenir mutuamente. El pacto se sellaba con presencia conjunta en las principales empresas públicas asturianas (SEDES, SOGEPSA, Puerto de Xixón, Cajastur) y con décadas de gobiernos monocolor en los respectivos feudos. Cada intento de recomposición por la militancia del PP en Xixón o del PSOE en Oviedo se saldaba con gestoras, expulsiones y desautorizaciones. ¿El resultado? En Oviedo, 24 años del PP; En Asturies y en Xixón, 28 y 32 años del PSOE. Reparto de cromos.

Como consecuencia, el doble presidente de gestora cuenta con un peligroso historial de pactos con los populares. En 2011, votó al PP para presidir el parlamento asturiano. En 2014, desde el gobierno, lograría un entente con los populares, con quienes aprobaría los presupuestos en 2014, actualmente prorrogados. En 2015, lucharía por la continuidad en el gobierno de Oviedo de Agustín Iglesias Caunedo, sucesor de Gabino e imputado por corrupción, frente a la candidatura de Ana Taboada (Somos Oviedo) que apoyaba el PSOE ovetense. “Oviedo y Xixón serán gobernadas por la derecha”, declaró. Pero Taboada cedió in extremis la alcaldía al PSOE, que contaba con menos votos, y, con el PP fuera del gobierno ovetense, el Pacto del Duernu llegaba a su fin.

“¡No pasarán!”, gritó Fernández en la última campaña electoral. Tras la hecatombe en Ferraz, cobra un nuevo sentido. Porque, como recordaba el portavoz asturiano, Emilio León, Javier no hablaba del fascismo (ni del guerrillero de San Esteban de Pravia y héroe nacional Gregorio Cenitagoya a quien se negó a recibir en 2013), sino de Podemos, que en Asturies obtuvo los mejores resultados del país. A Javier Fernández le preocupaba que pasara Podemos. ¿Pasará el PP y con ello otro Pacto del Duernu? Podría ser. Quid pro quo: Rajoy en Moncloa con apoyo del PSOE; Fernández en Asturies con el PP. Antes de la decapitación de Sánchez ningún socialista de corazón se podría haber imaginado semejante cambio de cromos; ahora, desgraciadamente, ya no es tan difícil de imaginar.

(*) Secretario general de Podemos en Asturias y diputado autonómico