De la judicialización de la política a los jueces en campaña

Lo último que parece importar en la causa de la Audiencia Nacional son las 145 víctimas mortales que contabilizó la ONG Caminando Fronteras durante el paso masivo de decenas de miles de inmigrantes desde Marruecos a Ceuta o la crisis humanitaria que golpea a la ciudad autónoma y la paciencia de sus habitantes. Su presidente-alcalde, Juan Jesús Vivas, ha pedido a la jueza María Tardón ser acusación en el proceso y ésta lo ha aceptado, al considerar a Ceuta como parte perjudicada, que lo es sin duda. También lo ha pedido el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, pero al cierre de estas líneas, no ha habido respuesta por parte de la Audiencia. Si de lo que habla Tardón es, citando al propio presidente, de un ataque a "la integridad territorial de España", lo lógico es que tanto su Ejecutivo como hasta el europeo (Ceuta es frontera sur europea, nunca está de más recordarlo) se personaran en la causa como acusaciones. Veremos.

Lo que no ha hecho Vivas, pese a estar escoltado en un desayuno en Madrid este lunes por varios presidentes autonómicos de su partido y por Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, ha sido pedirles solidaridad real, cumplir la ley y que acojan a los menores que siguen en Ceuta. Investigar en la Audiencia Nacional lo que ocurrió en la frontera sur europea y las responsabilidades que haya tenido todo o una parte del entramado de poder y seguridad marroquí, como apuntan todos los indicios, está bien, pero la política no puede trasladarse automáticamente a los tribunales como único recurso, mucho menos, cuando se trata de los derechos humanos. Y en eso estamos.

¿A quién le importan los inmigrantes muertos/as, heridos/as, los menores solos/as, aquellos que tienen derecho a una vida digna? Al PP y a Vox, no, desde luego, que piden las devolución de todos ellos y ellas, tengan la edad que tengan y al margen de su situación y/o su tragedia y se niega a acogerlos en sus territorios. A Mohamed VI, tampoco, eso también lo tenemos claro, pero ¿y a la Audiencia Nacional? Porque ni siquiera podemos garantizar que los y las ceutíes importen algo a una jueza que impide al Consejo de Seguridad Nacional en estado de emergencia máxima acceder a la información policial sobre la llegada masiva de inmigrantes.

Nadie tiene duda alguna de la responsabilidad de Marruecos en esta crisis inédita, más allá de la planificación o no si la hubiera por parte de la corte real o sus servicios de seguridad y sus poderosos departamentos. Tampoco duda el Gobierno, pero lo de gobernar con Rabat de vecino -que no es extirpable del mapa- se está llevando mal, muy mal, y mucho peor con un PP echado al monte de la borrachera fascista y dispuesto a hacer porque puede, sobre todo, con la inestimable colaboración de una élite judicial que pide expresamente estos días ocultar informaciones policiales a Interior o, como hemos sabido este martes, suspender el censo de los descendientes de exiliados gracias a la llamada ley de nietos: una medida de pura memoria democrática implantada en Austria o Alemania hace tiempo, entre otros países europeos. ¿Quién se lo ha pedido al Supremo? Vox, por supuesto.

Lo prioritario no es que se haga justicia con los ceutíes, pero también con unos migrantes utilizados como balas humanas contra España y la Unión Europea -a la que parece importar entre cero y nada su frontera sur, no así la del norte o el este, que merece todos los mimos de Von der Leyen-, o asegurarse de que no hay familiares de exiliados de pega. No: lo importante ahora para nuestros ilustres togados es echar una mano en esta precampaña electoral oscura como nunca, hacer lo que se puede, para instalar el mensaje del miedo y la conspiración, la criminalización y deshumanización del inmigrante o la idea de un posible golpe electoral, un pucherazo en toda regla, que pretendería este Gobierno de Satán con la ley de nietos durante el curso electoral que nos viene. Da igual que PP y Vox ni se quejaran cuando se aprobó en 2022, algo había que inventar por si no dan las cuentas de Feijóo y Abascal en las generales de 2027. Como aquel susto de 2023 en la calle Génova.